El juez federal Daniel Rafecas dispuso una nueva batería de medidas de prueba en la investigación sobre las declaraciones juradas patrimoniales del diputado Francisco Adorni, antes de resolver el pedido de indagatoria presentado por la fiscalía.
El juez federal Daniel Rafecas ordenó nuevas medidas de prueba en la investigación sobre las presuntas irregularidades en las declaraciones juradas patrimoniales del diputado Francisco Adorni. La decisión fue adoptada antes de resolver el pedido de declaración indagatoria formulado por el fiscal Guillermo Marijuán.
La causa investiga las declaraciones patrimoniales del legislador, hermano de Manuel Adorni, y busca determinar si existieron inconsistencias en la información presentada ante los organismos correspondientes.
Entre las medidas dispuestas, Rafecas solicitó información al Banco Provincia para reconstruir la cancelación de un crédito hipotecario por unos 60 millones de pesos. Además, requirió a la Legislatura bonaerense la última declaración jurada del diputado y pidió informes al Registro de la Propiedad para verificar la situación de los inmuebles bajo investigación.
La fiscalía también analiza las declaraciones juradas rectificativas que Francisco Adorni presentó una vez iniciada la causa. El objetivo es determinar si existieron omisiones deliberadas de bienes, cuentas bancarias y otros activos que posteriormente fueron incorporados mediante esas presentaciones.
Entre los puntos bajo análisis figura una herencia por 21 millones de pesos, además de diferencias detectadas entre distintas declaraciones patrimoniales del legislador. Para el fiscal Marijuán, las modificaciones introducidas durante la investigación justifican profundizar la pesquisa antes de definir los próximos pasos procesales.
Una etapa clave de la investigación
Las nuevas medidas fueron ordenadas cuando la causa atraviesa una instancia decisiva. Si la documentación reunida respalda la hipótesis de la fiscalía, Rafecas deberá resolver si cita a Francisco Adorni a prestar declaración indagatoria.
Esa instancia no implica una condena ni un procesamiento automático, aunque representa un avance formal en la investigación y suele preceder una definición sobre la situación procesal del imputado.
En caso de un eventual procesamiento, el expediente también podría derivar en consecuencias políticas dentro de la Cámara de Diputados. Según la información difundida, esa situación podría habilitar el tratamiento legislativo sobre la continuidad de sus fueros y su permanencia en la banca, conforme a los mecanismos previstos en el reglamento y la Constitución provincial.
Mientras tanto, la Justicia continúa reuniendo documentación para determinar si existieron inconsistencias patrimoniales suficientes para avanzar con una imputación formal. La decisión sobre una eventual indagatoria quedará en manos del juez Daniel Rafecas una vez concluidas las medidas de prueba solicitadas por la fiscalía.
