Rafecas refuerza la investigación patrimonial sobre el diputado libertario
NewsITe
El juez federal Daniel Rafecas ordenó una batería de nuevas medidas de prueba en la causa que investiga al diputado bonaerense de La Libertad Avanza (LLA) Francisco Adorni, hermano del exvocero presidencial Manuel Adorni. El expediente apunta a presunto enriquecimiento ilícito y a la figura de “omisión maliciosa” en sus declaraciones juradas patrimoniales.
Las diligencias buscan determinar si el crecimiento de su patrimonio se condice con sus ingresos declarados y, a partir de allí, resolver si se hace lugar al pedido de indagatoria formulado por el fiscal federal Guillermo Marijuán. En el foco de la pesquisa están movimientos bancarios, créditos hipotecarios, bienes inmuebles y una herencia que el legislador incorporó a sus papeles una vez abierta la causa.
Entre las medidas dispuestas, Rafecas cursó un pedido de informes al Banco Provincia para obtener un detalle pormenorizado de todos los pagos realizados entre 2024 y 2026 vinculados a la cancelación de un crédito hipotecario de 60 millones de pesos. Los investigadores buscan conocer el origen de los fondos utilizados para cancelar esa deuda y si se condicen con los ingresos lícitos de Adorni.
Declaraciones juradas, bienes y herencia bajo la lupa
El magistrado también solicitó a la Legislatura de la provincia de Buenos Aires el envío oficial de la última declaración jurada del diputado, correspondiente a su actuación como legislador provincial. Paralelamente, libró oficios al Registro de la Propiedad Inueble bonaerense para verificar datos de titularidad, valuación fiscal y condiciones de incorporación al patrimonio de dos inmuebles en particular que figuran a nombre del dirigente libertario.
Otra de las líneas de investigación se centra en una rectificación presentada por Adorni en su declaración jurada, en la que incluyó 21 millones de pesos que dijo provenir de una sucesión hereditaria. La Justicia intenta establecer si esos fondos efectivamente derivan de una herencia y si los montos coinciden con los informados por el resto de los herederos. De hecho, trascendió que las cifras consignadas por el diputado no coincidirían con los bienes declarados por su hermano Manuel Adorni.
En su requerimiento, el fiscal Marijuán acusó al legislador de haber incurrido en omisión maliciosa de documento público, al presuntamente ocultar cuentas y bienes de forma deliberada. Subrayó además que, por su formación como perito contador y su trayectoria en el Consejo de la Magistratura de la provincia, Adorni tenía pleno conocimiento de las obligaciones formales y del modo en que deben confeccionarse las declaraciones juradas patrimoniales.
Otra causa por un crédito millonario en Comodoro Py
En paralelo a esta investigación, la Cámara Federal ordenó unificar en los tribunales de Comodoro Py otra causa que también involucra a Francisco Adorni. En ese expediente se analizan presuntas irregularidades en un préstamo de 40.000 millones de pesos vinculado al Instituto de Ayuda Financiera (IAF) y al Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), organismos que brindan asistencia económica y cobertura médica al personal militar.
Con la acumulación de expedientes y la ampliación de medidas de prueba, la situación judicial del diputado de La Libertad Avanza gana en complejidad. De los resultados de los oficios bancarios, registrales y documentales dependerá si Rafecas avanza hacia una citación a indagatoria o si descarta parte de las sospechas planteadas por la fiscalía. Mientras tanto, el caso se suma a la lista de investigaciones patrimoniales sobre funcionarios y exfuncionarios que se tramitan en la Justicia federal.
La decisión de Rafecas de profundizar la pesquisa apunta a determinar si el crecimiento patrimonial del diputado libertario tiene sustento en ingresos legítimos o si responde a maniobras irregulares.
La defensa de Adorni, que hasta el momento evitó expresiones públicas detalladas, deberá ahora enfrentar un escenario procesal más exigente, en un contexto de creciente sensibilidad social y política ante las denuncias de corrupción y falta de transparencia en la función pública.
