Con el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal ya convertidas en ley, el oficialismo prepara otro paquete de iniciativas: reforma laboral, cambios a la Ley de Glaciares y la llamada “regla fiscal”, mientras el nuevo Código Penal tendrá un tratamiento más largo.
El cierre del año legislativo dejó dos victorias clave para el Ejecutivo: Presupuesto 2026 y Ley de Inocencia Fiscal. Pero la agenda de extraordinarias no se agota allí. El Gobierno pretende abrir un segundo tramo de sesiones entre el 2 y el 27 de febrero para avanzar con los proyectos que aún siguen pendientes.
En ese calendario aparecen cuatro textos centrales: la Ley de Compromiso Nacional por la Estabilidad Fiscal y Monetaria, la reforma a la Ley de Glaciares, la reforma laboral y el nuevo Código Penal. El plan oficial es claro: intentar la aprobación de los tres primeros —que ya tienen dictamen— y postergar el Código Penal para un debate de mayor extensión.
El nuevo Código, presentado en octubre por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, junto a Patricia Bullrich en el penal de Ezeiza, todavía no ingresó formalmente a ninguna de las cámaras. Su futuro, por ahora, no tiene fecha ni ruta definida.
La “regla fiscal”
La Ley de Compromiso Nacional por la Estabilidad Fiscal y Monetaria llegó a integrar el temario de la sesión en Diputados que terminó aprobando el Presupuesto y la Ley de Inocencia Fiscal. El riesgo de perder el quórum obligó a levantar la reunión y el proyecto quedó sin tratamiento.
La iniciativa —a la que el Ejecutivo presenta como “regla fiscal”— fija sanciones para funcionarios y directores de bancos públicos que incurran en gastos considerados innecesarios o que recurran a esquemas de emisión distorsivos. La premisa es establecer que el Estado no gaste más de lo que recauda, una lógica que el Gobierno dice sostener desde el inicio de la gestión y que simboliza con la imagen de la motosierra.
El programa incluye la decisión de no aplicar leyes vigentes vinculadas a emergencia pediátrica, financiamiento universitario y emergencia en Discapacidad, repuestas tras los vetos presidenciales. Al mismo tiempo, convive con rebajas y cambios impositivos que reducen ingresos: baja de Bienes Personales, modificaciones en Ganancias para grandes empresas, quitas en impuestos internos a electrónica y automotores, reducciones de retenciones para ciertos granos, rebajas de contribuciones patronales previstas en la reforma laboral, eliminación del Impuesto PAIS y del Impuesto a la Transferencia de Inmuebles, además de blanqueos y perdones fiscales.
Reforma a la Ley de Glaciares
El proyecto con dictamen del Senado propone que las provincias asuman el control y la regulación de explotaciones mineras e hidrocarburíferas en zonas periglaciares para facilitar inversiones. El Ejecutivo argumenta que se trata de reconocer el dominio originario de los recursos naturales, establecido en la Constitución desde 1994.
La ley vigente protege los glaciares y también limita actividades en áreas periglaciares, ecosistemas fríos de alta montaña con suelos congelados o saturados de agua que cumplen un papel central en la regulación del agua. La reforma mantiene la tutela sobre los glaciares pero elimina las prohibiciones específicas sobre esas zonas periglaciares.
Reforma laboral
La llamada reforma de “modernización” laboral es otro eje prioritario para los primeros meses de 2026. El proyecto apunta a bajar costos laborales y reducir la litigiosidad. Patricia Bullrich, al frente del bloque oficialista, consiguió el dictamen de mayoría en el Senado, pero la movilización de la CGT y la discusión del Presupuesto frenaron la votación. Ella misma señaló el 10 de febrero como fecha tentativa.
Se prevén reuniones previas desde fines de enero y el debate no será “a libro cerrado”, con apertura a cambios. El texto plantea reformas amplias: eliminación de cuotas solidarias —solo podrán descontarse con consentimiento del trabajador—, fin de la ultraactividad de convenios, prioridad para acuerdos por empresa, esquemas salariales por productividad, cambios en indemnizaciones que excluyen vacaciones, aguinaldo y adicionales del cálculo, incentivos a empresas que aporten a un Fondo de Asistencia Laboral y la creación de un banco de horas, cuestionado por los sindicatos. También incorpora ajustes en vacaciones, preaviso y responsabilidad solidaria en tercerizaciones.
Reforma del Código Penal
El Gobierno proyecta una actualización integral del Código Penal, vigente desde 1921 y modificado en forma parcial a lo largo del tiempo. La propuesta elevaría el articulado de 316 a 920 artículos, declararía imprescriptibles delitos como homicidios, abusos sexuales, trata, narcotráfico y crímenes de lesa humanidad, y endurecería penas, en especial para corrupción y narcotráfico.
El borrador reúne iniciativas ya anunciadas: nuevo régimen penal juvenil con baja de edad de imputabilidad, leyes “antimafia”, de reiterancia y de juicio en ausencia. Además, incorpora un capítulo sobre delitos informáticos que aborda la creación de contenidos sexuales falsos con IA, porno venganza, grooming, phishing y otras estafas digitales. Aún no está definido cuándo ingresará al Congreso ni por qué cámara comenzará el tratamiento.
