En un anuncio que generó incertidumbre en el ámbito judicial, la jueza Ana María Figueroa comunicó, durante una reunión de superintendencia, que dejará temporalmente su cargo como presidenta de la Cámara Nacional de Casación Penal al cumplir 75 años.
El futuro de la jueza Ana María Figueroa en la Cámara Federal de Casación Penal se ha convertido en un foco de intensa tensión política en los últimos días, marcando un enfrentamiento entre el oficialismo y la oposición. Figueroa, actual presidenta del máximo tribunal penal del país, está por cumplir 75 años el 9 de agosto, límite establecido por la Constitución para el desempeño de magistrados, el cual puede extenderse por cinco años más si obtiene la aprobación del Senado.
En una presentación ante la Comisión de Acuerdos el pasado 31 de mayo, Figueroa destacó su labor al frente del tribunal. Durante su exposición, hizo referencia a más de 1040 sentencias emitidas por la Cámara de Casación en temas de género y trata, así como a más de 2000 fallos relacionados con crímenes de lesa humanidad en los últimos años. Figueroa expresó su deseo de rendir cuentas por su actuación y abordó estos asuntos como los principales temas a considerar.
Aunque Figueroa no ha enfrentado impugnaciones directas a su permanencia, la oposición cuestionó por qué el gobierno de Alberto Fernández busca mantenerla en el cargo cuando no se tomó la misma decisión con otros dos jueces de la Cámara de Casación que recientemente alcanzaron los 75 años. La jueza Liliana Catucci y el juez Eduardo Riggi se retiraron en distintos momentos. Figueroa, en contraste, cuenta con una trayectoria más afín al peronismo y progresismo. En el caso de Catucci, su despedida con honores por parte de la Policía Federal Argentina llamó la atención en los tribunales de Comodoro Py. Por su parte, Riggi, quien ha sido crítico de las causas de lesa humanidad, firmó una solicitada en la que reivindicaba la actuación de la dictadura de la Revolución Argentina y calificaba de “terroristas” a las víctimas de dichas causas.
La situación de Figueroa es distinta. Designada en 2011 bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, su historial incluye una participación en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y como abogada en organizaciones como la Liga Argentina por los Derechos Humanos y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.
En respuesta a las críticas, el Ministerio de Justicia ha subrayado que el gobierno solicitó la aprobación para la permanencia de otros jueces más allá de los 75 años, como Silvia Estela Mora, Luis Alberto Imas, Juan Carlos Bonzón y Mario Osvaldo Boldú. Aseguran que estos casos también recibieron el aval del Senado, al igual que el fiscal federal Jorge Horacio Campetelli.
El conflicto radica en las causas en las que Figueroa está involucrada. La oposición demandó que se inhibiera en los casos de CFK, en especial en los expedientes Hotesur-Los Sauces y Memorándum con Irán. Aunque la vicepresidenta fue absuelta en los tribunales orales en ambas causas, presiones para reabrir las investigaciones persisten. Estos asuntos, junto a la composición del tribunal y la interpretación de sus integrantes en fallos relevantes, definen un escenario complejo para la jueza.
El Frente de Todos podría intentar nuevamente llevar el pliego de Figueroa a discusión en el Senado. Sin embargo, el inminente contexto de campaña previo a las elecciones primarias del 13 de agosto podría influir en la posibilidad de reunir el quórum necesario. Mientras tanto, Figueroa enfrenta decisiones cruciales en casos importantes como Oil Combustibles y la revisión de condenas de César Arakaki y Daniel Ruiz, mientras el oficialismo busca asegurar la vigencia de su dictamen favorable hasta el 30 de noviembre.
La figura de Figueroa no solo está en el centro de las cuestiones legales, sino que también se entrelaza con las tensiones y dinámicas políticas que han marcado la justicia en Argentina en los últimos años. Su posición ante la “mesa judicial” del macrismo y su rol en casos emblemáticos han generado debates y especulaciones sobre el impacto real de su permanencia en la Cámara de Casación Penal. En un escenario donde los intereses políticos se mezclan con las decisiones judiciales, Figueroa se mantiene como una figura de alto perfil en medio de una agitada lucha por el poder y la justicia en Argentina.