Nuevo alivio fiscal: qué cambia para las pymes
NewsITe
El Gobierno nacional reglamentó un régimen especial de reducción de multas impositivas por incumplimientos formales que busca dar oxígeno a micro, pequeñas y medianas empresas, personas humanas y entidades sin fines de lucro. El beneficio, previsto en el artículo 17 de la Ley 27.826 y desarrollado por el Decreto 1253/2026 y la Resolución General 5927/2026 de ARCA, permite recortar a la mitad determinadas sanciones si se regularizan las obligaciones omitidas antes del 18 de diciembre de 2026.
El esquema alcanza a las multas por deberes formales, es decir, vinculadas a la falta de presentación de declaraciones juradas o información, y no al pago del impuesto. Se trata de sanciones previstas en los artículos 38 y 39 de la Ley 11.683 y en sus artículos sin número agregados, como la omisión de presentación en término del Libro de IVA Digital, balances en PDF u otra documentación exigida por el fisco.
Para que la reducción del 50% sea aplicable, las obligaciones deben haber vencido a partir del 2 de enero de 2026 y las infracciones deben haberse cometido antes del 9 de octubre de 2026, fecha de entrada en vigencia de la Ley 27.826. Además, las multas no deben estar firmes a esa fecha o, si lo están, no haber sido canceladas ni consolidadas en un plan de pago.
Quiénes pueden acceder y cómo se aplica el beneficio
El régimen está dirigido a contribuyentes que, al momento de la infracción, no fueran considerados Grandes Contribuyentes según la Resolución General 5670 de ARCA y encuadren en alguno de estos grupos:
- Micro, pequeñas y medianas empresas (tramos 1 y 2) con Certificado MiPyME vigente y caracterización correspondiente en el Sistema Registral.
- Personas humanas y sucesiones indivisas.
- Entidades sin fines de lucro, como asociaciones civiles, fundaciones, cooperativas, mutuales y consorcios de propietarios.
En los casos en que la multa no esté en discusión administrativa ni judicial, la reducción opera de pleno derecho, siempre y cuando el contribuyente cumpla la obligación formal omitida hasta el 18 de diciembre de 2026. Si la sanción está en instancia administrativa, contencioso-administrativa o judicial, además de regularizar la obligación se debe realizar una presentación en el servicio “Presentaciones Digitales”, trámite “Beneficio especial de reducción de multas – Ley 27.826”, identificando la multa por número de sumario, resolución o instrumento.
Combinación con otros beneficios y recomendaciones
El tributarista Sebastián Domínguez subrayó que este alivio es transitorio y se combina con otra herramienta prevista en la misma norma: el artículo 49 bis de la Ley 11.683, incorporado por la Ley 27.826, que reduce automáticamente un 25% las multas para MiPyMEs, personas humanas y entidades sin fines de lucro que no sean Grandes Contribuyentes.
En la práctica, ambas reducciones pueden acumularse. Por ejemplo, una multa de $10.000.000 por no presentar en término la declaración jurada del Libro de IVA Digital se reduce primero a $7.500.000 por el artículo 49 bis y luego a $3.750.000 si se cumple la obligación formal hasta el 18 de diciembre de 2026. La rebaja total llega así al 62,5%.
Domínguez recomendó a los contribuyentes relevar todas las multas por deberes formales desde el 2 de enero de 2026, verificar su situación (no firmes, firmes sin pagar, incluidas en planes o en discusión) y corroborar si contaban con el Certificado MiPyME y la caracterización adecuada al momento de la infracción. También aconsejó evaluar caso por caso el allanamiento en las causas en trámite, dado que implica aceptar la porción no reducida de la multa y asumir costas y gastos.
“La reducción de las multas por incumplimientos formales es bienvenida, pero sigue siendo insuficiente: muchos montos continúan siendo inabordables para la mayoría de las pymes”, advirtió el especialista, quien insistió en que las sanciones deben guardar proporción con la gravedad de la falta y la capacidad contributiva del contribuyente.
El nuevo régimen abre una ventana de oportunidad para mitigar el impacto de sanciones acumuladas en los últimos años. Sin embargo, el alivio estará condicionado a que las empresas y organizaciones revisen sus antecedentes, regularicen los incumplimientos y gestionen a tiempo las presentaciones ante ARCA, en un contexto en el que la carga administrativa y financiera sigue siendo uno de los principales desafíos para el entramado productivo.
