Asambleas ciudadanas y ambientalistas denunciaron irregularidades y advirtieron que podrían acudir a la Justicia para impedir la radicación de un puerto en la zona.
La posible radicación de un puerto en la zona de Costa Pobre, en el partido de Ramallo, encendió la alarma de vecinos y agrupaciones ambientalistas, que advierten sobre irregularidades en la aplicación del Código de Ordenamiento Urbano y Territorial (COUT) y evalúan recurrir a la justicia para frenar cualquier intento de instalación.
Los representantes legales de los vecinos señalaron que el Código de Ordenamiento Territorial aprobado por la gestión local contiene “zonas grises” que podrían habilitar la construcción de infraestructura portuaria, pese a que en varias áreas —incluida Costa Pobre— la actividad está expresamente prohibida. Según explicaron, la zona del Tonelero figura con una categoría de “reserva de transporte multimodal”, lo que abre la puerta a la instalación encubierta de un puerto, a pesar de que no se utilice esa palabra de manera explícita en la normativa.
“Venimos denunciando desde hace meses estas trampas en la legislación. Se anunció que el Código estaba homologado y en regla, pero en realidad esconde disposiciones que permitirían la radicación de puertos donde no corresponde”, advirtieron los abogados que acompañan a las asambleas ciudadanas.
En Costa Pobre, la preocupación es aún mayor, ya que el sector no está incluido dentro de las zonas habilitadas para uso portuario. Los vecinos temen que la presión de grupos empresarios logre forzar una interpretación favorable, a costa del ambiente y de la calidad de vida de la comunidad. Según lo expuesto, cualquier intento de avanzar en esa dirección constituiría una violación abierta al código vigente.
La tensión crece también porque, hasta el momento, la municipalidad no brindó información oficial clara sobre el proyecto ni sobre las autorizaciones que podrían estar en curso. Para los vecinos, esta falta de transparencia confirma la intención de “terceriar” la legislación, es decir, reinterpretar o flexibilizar el marco normativo en función de intereses privados.
La respuesta ciudadana no tardó en organizarse. Varias asambleas vecinales se vienen realizando en los últimos días y este jueves 2 de octubre, desde las 16 horas, vecinos y ambientalistas se presentarán en el Concejo Deliberante de Ramallo, previo a la sesión ordinaria, para exigir información concreta y respuestas de los concejales. Allí plantearán su rechazo a la posible instalación del puerto y la necesidad de preservar la zona costera de usos industriales que podrían tener consecuencias ambientales irreversibles.
Desde el punto de vista legal, se evalúa una presentación judicial preventiva para garantizar que el área de Costa Pobre no sea objeto de proyectos portuarios. La estrategia buscaría, por un lado, frenar posibles autorizaciones y, por otro, dejar constancia de la responsabilidad municipal en la manipulación del ordenamiento territorial.
