Un proyecto para poner reglas a la Inteligencia Artificial
NewsITe
La irrupción de la Inteligencia Artificial (IA) en la economía y en la vida cotidiana volvió a encender el debate en el Congreso. En la Cámara de Diputados, el legislador de Unión por la Patria Diego Giuliano presentó un proyecto de ley que busca establecer el primer marco regulatorio integral para la IA en la Argentina, inspirado en el reciente AI Act aprobado por la Unión Europea.
El avance vertiginoso de estas tecnologías, su capacidad para procesar datos masivos y su creciente incidencia en decisiones públicas y privadas generan preocupación en torno a la privacidad, la discriminación algorítmica y el respeto a los derechos humanos. En este contexto, el proyecto propone que el país dé un paso al frente en la región y se ubique como pionero en la regulación de la IA, frente a otras iniciativas aún en discusión en países como México, Chile y Brasil.
El texto retoma debates previos desarrollados en la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de Diputados, donde especialistas advirtieron sobre el riesgo de que la explotación comercial de datos personales convierta la intimidad en una “quimera”, ante el entrecruzamiento de cientos de registros digitales que genera cada ciudadano.
Registro nacional y evaluación de impacto
Uno de los pilares centrales del proyecto es la creación del Registro Nacional de Sistemas de Inteligencia Artificial. Toda empresa, organismo o desarrollador que quiera operar en el país con un sistema de IA deberá inscribirlo, informando sus objetivos, ámbitos de aplicación, algoritmos utilizados y las medidas de seguridad implementadas.
La autoridad de aplicación, designada por el Poder Ejecutivo, será la encargada de evaluar cada solicitud antes de que el sistema pueda comercializarse u operar. Esa evaluación de impacto deberá analizar eventuales sesgos, riesgos de discriminación, niveles de transparencia y cualquier otro factor que pueda afectar derechos humanos, privacidad, seguridad de las personas y el funcionamiento de la democracia.
El esquema propuesto replica la lógica del AI Act europeo, que clasifica los sistemas de IA según su nivel de riesgo: alto, medio y bajo. Cuanto mayor sea el riesgo, más estrictos serán los requisitos y controles previos a su implementación.
Prohibiciones y sanciones previstas
El proyecto incluye un listado de usos de la Inteligencia Artificial que quedarían directamente prohibidos en Argentina. Entre ellos, se mencionan los sistemas que empleen técnicas subliminales, manipuladoras o engañosas; aquellos que exploten vulnerabilidades vinculadas a la edad, la discapacidad o la situación socioeconómica; y los que utilicen categorización biométrica para inferir atributos sensibles como raza, religión, orientación sexual u opiniones políticas.
- Quedan vedados los sistemas de “puntuación social” que clasifiquen a personas según su conducta o rasgos personales, generando tratos desfavorables.
- No se admitirán modelos que evalúen el riesgo de que alguien cometa un delito solo a partir de perfiles o características de personalidad.
- Se prohíbe la creación de bases de datos de reconocimiento facial mediante el raspado masivo de imágenes de internet o de cámaras de seguridad.
La autoridad de aplicación deberá realizar auditorías periódicas, requerir información adicional y actualizar la clasificación de los sistemas de IA según su riesgo. También estará facultada para aplicar sanciones, siguiendo el ejemplo europeo, donde las multas por incumplimiento del AI Act pueden alcanzar decenas de millones de dólares o un porcentaje de la facturación global de las empresas.
Privacidad, democracia y plazo de adaptación
Giuliano plantea que el objetivo de la norma es equilibrar innovación y protección de derechos. Sostiene que, sin reglas claras, la robotización de las bases de datos puede derivar en una intrusión masiva sobre la intimidad de las personas y poner en cuestión la posibilidad misma de sostener una vida privada diferenciada de la vida pública.
“Este proyecto tiene como objeto la protección de los derechos humanos, la democracia y el estado de derecho. Además, apunta a resguardar la privacidad y la seguridad de los ciudadanos”, fundamenta el diputado, que insiste en que la IA no debe convertirse en una herramienta para la explotación de datos personales.
La iniciativa prevé que todos los sistemas de Inteligencia Artificial ya en funcionamiento en el país deberán adecuarse a las nuevas disposiciones en un plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigencia de la ley. Ese período de transición será clave tanto para el sector privado como para el Estado, que deberán revisar procesos, contratos y tecnologías para cumplir con los nuevos estándares.
Mientras persisten las voces críticas que advierten sobre el riesgo de frenar la innovación con regulaciones excesivas, el debate en el Congreso abre una discusión de fondo: cómo asegurar que el desarrollo de la Inteligencia Artificial en la Argentina sea compatible con la protección de datos personales, la igualdad ante la ley y las bases mismas del sistema democrático.
