Castagneto impulsa un freno a la avalancha de ropa usada importada
NewsITe
El diputado nacional de Unión por la Patria Carlos Castagneto presentó en el Congreso un proyecto de ley que propone prohibir, por el plazo de cinco años, la importación de indumentaria y artículos textiles usados en la Argentina. La iniciativa contempla una única excepción: las donaciones con fines sociales, bajo estrictos requisitos de control.
De acuerdo con el texto ingresado en la Cámara baja, la medida se fundamenta en dos ejes centrales: el impacto sanitario asociado al ingreso masivo de ropa usada y las consecuencias económicas que la actual avalancha de importaciones genera sobre la industria nacional de la confección y el sector textil en general.
El proyecto fue girado a las comisiones de Industria y de Economía, donde comenzará a ser debatido. Castagneto sostiene que, con un tipo de cambio congelado y una política comercial más aperturista por parte del Gobierno nacional, la llegada de grandes volúmenes de indumentaria usada desde el exterior está presionando a la baja los precios internos y poniendo en jaque a miles de talleres, fábricas y comercios locales.
Argumentos sanitarios y ambientales
En los fundamentos, el legislador peronista advierte que las prendas de segunda mano pueden contener bacterias, hongos, parásitos y residuos químicos difíciles de detectar en los controles habituales, sobre todo cuando se trata de cargamentos masivos que ingresan por puertos o pasos fronterizos. Según el proyecto, esta situación representa un riesgo potencial para la salud pública.
Además, el texto hace foco en el costado ambiental. Muchas de las prendas que llegan del exterior contienen una alta proporción de fibras sintéticas, que liberan microplásticos durante su uso y lavado. Estos materiales, remarca Castagneto, no se reciclan con facilidad y terminan acumulándose en basurales o cursos de agua, agravando la contaminación.
Excepciones y control de donaciones
La prohibición que impulsa el proyecto no alcanza a las donaciones destinadas a entidades públicas, organizaciones religiosas y asociaciones sin fines de lucro. Sin embargo, esas operaciones deberán cumplir condiciones estrictas: inscripción en registros oficiales, acreditación de la antigüedad de las instituciones y documentación que demuestre el destino social y gratuito de las prendas.
El objetivo, según se explica, es evitar que las donaciones funcionen como un atajo para el ingreso de ropa usada con fines comerciales, disfrazada de ayuda humanitaria. De esta forma, se busca preservar la finalidad solidaria de estos envíos sin desproteger a la industria nacional ni relajar los controles sanitarios.
Impacto en la industria y competencia desleal
En la letra del proyecto se cita información que da cuenta de la magnitud del fenómeno: en 2025 habrían ingresado al país más de 4,6 millones de kilos de ropa usada, un volumen que representa un crecimiento exponencial dentro del mercado de indumentaria. Para el diputado, esta dinámica configura un escenario de competencia desleal frente a los productores locales.
- Pérdida de puestos de trabajo en talleres y fábricas nacionales.
- Caída de la producción textil y de la confección en distintas regiones del país.
- Desplazamiento de la oferta local por excedentes de otros mercados.
- Presión a la baja sobre los salarios y la informalidad laboral en el sector.
“Argentina corre el riesgo de convertirse en destino de excedentes textiles de otros países, en un proceso que se asemeja a la exportación de residuos”, advierte Castagneto en los fundamentos del proyecto.
Para el oficialismo peronista, la regulación de la importación de indumentaria usada se vuelve prioritaria en un contexto de fragilidad del mercado interno, caída del consumo y dificultades para sostener el empleo industrial. El debate legislativo definirá ahora si avanza o no esta propuesta que busca poner un freno temporal al ingreso de ropa usada, en defensa de la producción local y con el foco puesto en la salud y el ambiente.
