Kicillof extendió por un año la medida que protege a cooperativas y emprendimientos autogestionados en la provincia de Buenos Aires.
El gobernador Axel Kicillof firmó este miércoles el decreto 2475/2025 que extiende por un año la emergencia económica, financiera y tarifaria de las empresas recuperadas en toda la provincia de Buenos Aires. La medida se fundamenta en la ley N° 15.485, aprobada previamente por la Legislatura bonaerense.
El decreto abarca a cooperativas de trabajo y emprendimientos gestionados por sus trabajadores tras procesos de quiebra, cierre o vaciamiento empresarial. El objetivo es sostener la continuidad de estas unidades productivas en un contexto de crisis que, según los considerandos, “no cesó sino que se han agudizado producto de las políticas económicas nacionales que afectan gravemente al sector productivo y a las cooperativas”.
El texto oficial subraya que la recuperación de empresas por parte de sus trabajadores constituye un interés provincial. También establece que las empresas beneficiarias deberán continuar inscriptas en el Registro Provincial de Cooperativas para acceder a los beneficios de la emergencia.
En la provincia de Buenos Aires funcionan alrededor de 190 empresas y fábricas recuperadas por sus trabajadores, lo que representa casi la mitad del total nacional, de acuerdo con el Censo de Fábricas y Empresas Recuperadas elaborado por el Instituto de Asociativismo y Cooperativismo (IPAC).
Alcances de la prórroga
La norma protege a las cooperativas de trabajo constituidas —o en trámite de constitución— que gestionen unidades productivas surgidas de empresas que cerraron, quebraron o fueron abandonadas por sus titulares. La condición es que estén inscriptas en el Registro Provincial de Cooperativas.
Entre los puntos centrales, se incluye la suspensión de ejecuciones de sentencias de desalojo y la prohibición de cortes de servicios públicos. Además, se establecen planes de pago con facilidades para cancelar deudas vinculadas a la energía eléctrica, el agua potable y los desagües cloacales.
De esta manera, el Gobierno provincial busca brindar un marco de protección que permita sostener el trabajo autogestionado y mantener en funcionamiento empresas que forman parte del entramado productivo bonaerense.
