La Justicia extiende la causa que complica al gobierno de Poggi
NewsITe
La investigación judicial por el destino de la millonaria cosecha de maíz del campo El Caburé seguirá abierta, al menos, hasta febrero de 2027. La decisión, adoptada por el juez de Garantía 1 de Villa Mercedes, Alfredo Cuello, mantiene bajo presión al gobierno de San Luis encabezado por Claudio Poggi y diluye las expectativas de un cierre rápido del expediente.
Según trascendió en ámbitos judiciales, Cuello hizo lugar al pedido de la Fiscalía y extendió por siete meses el plazo de la pesquisa, con el objetivo de producir nuevas pruebas y profundizar la reconstrucción de lo ocurrido con la producción agrícola del establecimiento. Se trata de un campo de unas 2.000 hectáreas, expropiado por la Provincia, cuya cosecha de maíz está valuada en varios millones de dólares.
La causa investiga presuntas irregularidades en la administración de ese predio estatal y en el tratamiento de la cosecha, así como el eventual desvío de fondos o beneficios vinculados a la comercialización del grano. El expediente pasó de tener un alcance acotado a transformarse en un foco de tensión política, con impacto directo en la gestión actual.
Querellantes restituidos y apelaciones en marcha
En la misma resolución, el magistrado dejó sin efecto la decisión del Ministerio Público Fiscal que había apartado a Enrique Vaira y Alejandro Ingaramo como querellantes. Al considerar que ambos podrían haber sido víctimas de los hechos investigados, les devolvió la posibilidad de intervenir activamente en el proceso, aportar pruebas y formular planteos.
La defensa de Ricardo André Bazla apeló esta determinación. Bazla, exsecretario de Ética Pública y Control de Gestión del gobierno de Poggi, está imputado junto con Darío Oviedo Helfenberger. La imputación no implica una condena, pero expone una fuerte contradicción institucional: quien debía velar por la transparencia y la ética en el manejo de bienes públicos figura ahora en una causa por presuntas irregularidades ligadas justamente a esos bienes.
Funcionarios salpicados y reconfiguración institucional
Tras la imputación de Bazla, el Ejecutivo provincial decidió eliminar la Secretaría de Ética Pública del organigrama. El movimiento supuso el desplazamiento del funcionario y la disolución de la estructura que encabezaba. Sin embargo, la medida no disipó las dudas sobre cómo se desarrollaron los controles administrativos durante el proceso de expropiación, la cosecha y el traslado del maíz producido en El Caburé.
La investigación también alcanza a figuras centrales del gabinete puntano. Entre los nombres que aparecen vinculados al expediente se encuentran el ministro de Desarrollo Productivo, Federico Trombotto; el ministro de Gobierno, Gonzalo Amondarain; su hermano y asesor, Diego Amondarain; y el exfiscal de Estado, Víctor Endeiza, actualmente integrante del Superior Tribunal de Justicia. De acuerdo con reconstrucciones periodísticas, Endeiza –hombre de la máxima confianza de Poggi– habría autorizado a Oviedo a avanzar con la cosecha.
Impacto político y horizonte judicial
- La causa se extenderá, al menos, hasta febrero de 2027.
- Hay dos imputados formales y varios funcionarios mencionados.
- La prórroga refuerza la posibilidad de incorporar nuevas pruebas.
- La restitución de los querellantes amplía el control sobre el expediente.
La responsabilidad penal de cada persona involucrada será determinada por la Justicia, pero el impacto político ya se refleja en distintos niveles del gobierno puntano.
El Gobierno provincial había presentado la recuperación de El Caburé, concretada en 2024 tras incumplimientos de la empresa adjudicataria, como una política de defensa del patrimonio estatal. Sin embargo, la causa judicial reposicionó el foco: ahora el eje está puesto en lo que ocurrió con la producción agrícola una vez que el Estado tomó control del predio.
Con la extensión del plazo de investigación y la reactivación del rol de los querellantes, el expediente se consolida como un frente abierto para la administración de Poggi. A pocos días de cumplirse un nuevo aniversario de su gestión, el gobernador enfrenta una causa sensible que combina millones en juego, sospechas sobre el manejo de bienes públicos y el involucramiento de algunos de sus colaboradores más cercanos.
