Provincias Unidas vuelve a la carga con la Ficha Limpia
NewsITe
Tras el fracaso legislativo de mayo del año pasado en el Senado, el proyecto de Ficha Limpia vuelve a la agenda del Congreso nacional. La presidenta del bloque Provincias Unidas, Gisela Scaglia, presentó una nueva iniciativa que busca impedir que personas con condena confirmada en segunda instancia por delitos graves puedan competir por cargos electivos nacionales.
La propuesta apunta a modificar la Ley Orgánica de los Partidos Políticos para ampliar las causales de inelegibilidad de los candidatos. En concreto, establece que quienes tengan condenas confirmadas por un tribunal de alzada —aún sin sentencia firme— quedarán inhabilitados para ser postulados durante el tiempo que dure la pena y hasta diez años después de su cumplimiento.
El texto incorpora una lista de delitos que impedirán el acceso a cargos públicos: hechos de corrupción y fraude contra el Estado, lavado de activos, delitos vinculados al narcotráfico, trata de personas, abusos, delitos contra la vida, la integridad física y el orden constitucional. Además, suma una novedad de fuerte impacto social: los deudores alimentarios morosos también quedarán alcanzados por la Ficha Limpia.
En este punto, el proyecto sostiene que el incumplimiento deliberado del pago de la cuota alimentaria no constituye un asunto meramente privado, sino una conducta que revela un déficit de responsabilidad incompatible con la gestión de funciones públicas. “Resulta razonable exigir que quienes aspiran a representar a la ciudadanía cumplan, en primer término, con las obligaciones más básicas e ineludibles que impone la ley”, argumenta Scaglia en los fundamentos.
Cómo funcionaría el sistema y qué antecedentes toma
De ser aprobado, la Justicia Electoral será la encargada de verificar que los aspirantes a cargos cumplan con todos los requisitos al momento de oficializar las listas. A la vez, el Registro Nacional de Reincidencia deberá llevar un registro público y actualizado de las sentencias comprendidas por la ley, para garantizar transparencia y acceso a la información.
La diputada de Provincias Unidas remarca que la iniciativa recoge una demanda social que lleva años de instalación a través del movimiento Ficha Limpia, impulsado por Ignacio Marra, que logró reunir más de 490.000 firmas en todo el país. También cita experiencias de otros países, como Brasil, Italia y España, donde existen regulaciones similares que restringen el acceso a cargos electivos para condenados por delitos graves.
- Inhabilitación por condena confirmada en segunda instancia, aun sin sentencia firme.
- Extensión de la inhabilitación durante la pena y hasta diez años posteriores.
- Alcance sobre delitos de corrupción, narcotráfico, trata, violencia grave y contra el orden constitucional.
- Incorporación de deudores alimentarios morosos como causal de inelegibilidad.
- Control a cargo de la Justicia Electoral y registro público en Reincidencia.
Desde la bancada opositora destacan que el proyecto se apoya en los artículos 16, 36 y 37 de la Constitución Nacional, que regulan la idoneidad para ejercer cargos, los derechos políticos y las inhabilitaciones por delitos contra el Estado. Scaglia insiste en que el derecho a ser elegido no es absoluto y admite restricciones razonables cuando está en juego la calidad institucional.
“Las instituciones se defienden con reglas claras y la política tiene que dar el ejemplo. En este tema no hay grises”, afirmó Gisela Scaglia al presentar la nueva versión de Ficha Limpia.
La diputada también subraya la experiencia de Santa Fe, donde una normativa de Ficha Limpia primero fue aprobada como ley y luego incorporada a la Constitución provincial como política de Estado. Con el acompañamiento de María Inés Zigarán, Carolina Basualdo y José Nuñez, el proyecto buscará ahora recuperar la base de consensos que se había construido entre el oficialismo y el PRO antes del revés del año pasado en la Cámara alta.
