Un diagnóstico crítico sobre vacantes y demoras judiciales
NewsITe
La Justicia federal y nacional atraviesa una situación delicada: actualmente hay 266 cargos vacantes en el Poder Judicial de la Nación, un dato que impacta de lleno en la velocidad y la calidad de las decisiones judiciales. De ese total, 159 cargos se encuentran aún en etapa de tratamiento en el Consejo de la Magistratura, 77 pliegos ya fueron elevados al Poder Ejecutivo y 30 están bajo análisis en el Senado de la Nación.
En paralelo, el Consejo de la Magistratura mantiene en trámite 75 concursos que abarcan una o más vacantes, lo que refleja un sistema de selección de magistrados que se mueve con lentitud y bajo cuestionamientos de transparencia. Frente a este panorama, el constitucionalista de la Universidad Austral Alfonso Santiago elaboró un informe en el que propone cuatro reformas concretas para agilizar y transparentar el funcionamiento judicial.
Concursos anticipados y límites a la discrecionalidad
El eje central del análisis de Santiago está puesto en el mecanismo de selección de jueces. Según plantea, las demoras en los concursos y la percepción de falta de reglas claras terminan afectando el normal funcionamiento de los tribunales y alimentan la desconfianza social hacia la Justicia.
En ese marco, el especialista retoma el proyecto de nuevo Reglamento de Concursos aprobado por la Corte Suprema mediante la Acordada 4/2026, actualmente remitido al Consejo de la Magistratura. Una de las claves de esa iniciativa es habilitar concursos anticipados, es decir, procesos que puedan iniciarse antes de que se produzca formalmente una vacante, con el fin de contar con ternas listas cuando un cargo quede libre.
El texto también impulsa la creación de un legajo digital y auditable para cada postulante, lo que permitiría un seguimiento más claro de los antecedentes, evaluaciones y pasos del concurso. Otra modificación relevante es la reducción del margen de discrecionalidad en la etapa final: la entrevista personal pasaría a representar un máximo de 20 puntos sobre un total de 200, apenas el 10% del puntaje global.
Al mismo tiempo, se prevén reglas objetivas para la integración de ternas y listas complementarias, y un análisis técnico del examen en dos etapas, con mecanismos para asegurar el anonimato de los aspirantes. Para Santiago, estas medidas podrían fortalecer la legitimidad de los futuros jueces y acortar de manera sensible el tiempo que los juzgados permanecen vacantes.
Medir si las reformas procesales aceleran los juicios
El segundo eje del informe se concentra en la duración real de los procesos judiciales. En los últimos años se impulsaron múltiples reformas procesales, tanto a nivel nacional como en las provincias, con el objetivo declarado de acelerar los juicios y modernizar la gestión de expedientes.
Santiago advierte que, más allá de los anuncios, todavía falta evaluar de manera sistemática si esos cambios lograron el resultado esperado. Por eso propone medir, con datos concretos, el impacto de cada reforma sobre la duración y la eficiencia de los procesos, comparando cuánto tardaban los juicios antes y después de las modificaciones.
Según el constitucionalista, esa evidencia debería servir para decidir qué reglas procesales conviene mantener, cuáles extender y cuáles revisar. El foco, subraya, debe correrse del plano meramente normativo y pasar a un análisis de resultados, en una lógica de política pública basada en datos y no sólo en debates teóricos.
Evaluación periódica del desempeño de los jueces
La tercera propuesta apunta a lo que ocurre una vez que los magistrados ya fueron designados. El sistema argentino cuenta con mecanismos para seleccionar, nombrar, sancionar y eventualmente remover jueces, pero carece de un esquema robusto de evaluación periódica de desempeño.
Para Santiago, es necesario que los jueces rindan cuentas frente a sus superiores, a los abogados que litigan en sus tribunales y a la ciudadanía en general. El objetivo no sólo sería detectar eventuales incumplimientos, sino también identificar buenas prácticas que puedan replicarse en otros juzgados.
Como ejemplo, el letrado señala que, aun con dotaciones de personal similares, recursos parecidos y bajo las mismas reglas procesales, distintos juzgados muestran niveles muy diferentes de eficiencia y calidad en la gestión. Medir esas diferencias permitiría diseñar programas de mejora y capacitación, así como orientar mejor los recursos del sistema judicial.
El rol del Consejo de la Magistratura y la oportunidad política
El cuarto punto del informe se centra en el rol del Consejo de la Magistratura y en la necesidad de consolidar un Poder Judicial que funcione claramente al servicio de la ciudadanía. Para el académico, las reformas institucionales deben ir acompañadas de cambios concretos en las prácticas cotidianas de quienes integran la Justicia y de un liderazgo activo de sus autoridades.
En ese sentido, destaca como una oportunidad inmediata la próxima elección de los representantes de los abogados en el Consejo de la Magistratura. Ese proceso, señala, abre una ventana para debatir de cara a la sociedad el funcionamiento del organismo, los criterios de selección de magistrados y las políticas destinadas a transparentar y hacer más eficiente el Poder Judicial.
“Todo ello redundará en la credibilidad y legitimidad de quienes finalmente sean propuestos y acortará claramente el número y tiempo de las vacantes judiciales”, sostiene Santiago en su informe, al llamar a aprovechar el momento político para encarar cambios de fondo.
Con estas cuatro líneas de acción —concursos anticipados y más transparentes, evaluación del impacto de las reformas procesales, control de desempeño de los jueces y una agenda activa en el Consejo de la Magistratura—, el especialista plantea un camino posible para enfrentar la crisis de vacantes y mejorar la respuesta de la Justicia frente a las demandas de la sociedad.
