La normativa establece un enfoque de Derechos Humanos. Está destinada a la función pública en todos sus niveles.
Una ley que establece la capacitación obligatoria en la temática de discapacidad, desde un enfoque de derechos humanos, y destinada para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en la administración pública bonaerense, fue promulgada este viernes en el Boletín Oficial provincial.
La norma, sancionada el pasado 30 de junio en la Legislatura, dispone que la capacitación deberá ser tanto para empleados que trabajen “en forma permanente o transitoria, ya sea por cargo electivo, designación directa, por concurso o por cualquier otro medio legal, en el ámbito de los tres poderes del Estado provincial”.
Enfoque
La iniciativa determina, además, que “las capacitaciones y actualizaciones se orientarán por una perspectiva de diversidad, géneros e interseccionalidad”.
“La formación y capacitación permanente en la temática de discapacidad desde un enfoque de derechos humanos será requisito obligatorio para la promoción a niveles superiores por concurso o progresión en el desempeño de la función pública”, añade.
La ley dispone que “las personas con discapacidad y organizaciones de personas con discapacidad tendrán participación activa y protagónica en la planificación, implementación y evaluación de la formación y capacitación permanente en la temática de discapacidad desde un enfoque de derechos humanos”.
Se dispone, también, que las personas que se nieguen a realizar las capacitaciones “serán intimadas en forma fehaciente por los órganos de implementación”.
“El incumplimiento ante dicha intimación será considerado falta grave y dará lugar a las sanciones que prevean la Constitución, leyes, estatutos y reglamentos respectivos; sin perjuicio de la no efectivización de la promoción a niveles superiores por concurso o progresión”, indica el texto de la ley.
Perspectiva de diversidad
“Con estas capacitaciones no buscamos formar expertos en la temática; sino agentes públicos más sensibles y capaces de diseñar políticas, de cualquier tipo, con perspectiva de diversidad, contemplando las barreras del entorno y el apoyo que requieren las personas con discapacidad”, explicó cuando se sancionó la norma la diputada Laura Aprile (Juntos por el Cambio), impulsora de la iniciativa.
Se estima que el 1 de cada 10 argentinos tiene algún tipo de discapacidad y en cuanto a la salud, el 59% de la población con dificultad, mayor de 6 años posee, además de la cobertura de salud universal que brinda el Estado nación, cobertura de salud por obra social o PAMI.
