Marcelo Malatesta, quien sería oriundo de Ramallo y tenía concesionarias y empresas textiles en la zona, figura entre los cuatro procesados por el juez federal Carlos Vera Barros. Todos continuarán en libertad. “Lelo” Pérez, principal implicado, negó tener vínculos con el narcotráfico tras las acusaciones en su contra.
El juez federal Carlos Vera Barros procesó por lavado de activos de origen delictivo a Marcelo Eduardo Malatesta, socio del empresario rosarino Leandro David “Lelo” Pérez -conocido por haber sido pareja de Vicky Xipolitakis- y principal implicado en la causa. La resolución también alcanzó al hijo de Lelo Pérez llamado agustín y al expolicía Maximiliano Novillo, aunque los cuatro continuarán en libertad.
Malatesta sería oriundo de Ramallo y tenía actividad comercial en San Nicolás, ya que era dueño de concesionarias y empresas textiles en la zona. La investigación judicial lo vincula con presuntas operaciones de lavado de dinero junto a Pérez, mediante la utilización de Transporte Overland SRL.
Según informó Rosario3, el expediente tramita en el Juzgado Federal Nº 3 de Rosario y cuenta con la intervención de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). Los investigadores buscan determinar si los imputados dieron apariencia lícita a bienes adquiridos con fondos provenientes de actividades vinculadas al narcotráfico.
Los cuatro habían sido detenidos el 30 de julio pasado, a pedido del fiscal federal Juan Agustín Argibay Molina. Al dictar los procesamientos, Vera Barros mantuvo el criterio que había adoptado al resolver sus excarcelaciones.
Las operaciones que involucran a Malatesta y Pérez
La imputación que comprende a Pérez y Malatesta incluye operaciones realizadas entre 2020 y 2026. En ese tramo, la investigación individualizó 46 rodados y dos terrenos, y puso bajo análisis la utilización de Transporte Overland SRL.
Entre los vehículos aparecen camionetas, automóviles, camiones, motocicletas y otros utilitarios. La resolución sostiene que las maniobras investigadas habrían buscado otorgar apariencia lícita a los bienes adquiridos durante esos años.
Durante su indagatoria, Malatesta rechazó la acusación. “No tengo nada que declarar más que decir que todo fue comprado lícitamente”, afirmó. También sostuvo que conoce a Pérez desde hace años y que siempre vio que compraba y vendía los vehículos “en blanco”, con las respectivas facturas.
En el caso de “Lelo” Pérez, la imputación abarca operaciones desde 2017. El juzgado mencionó, entre otros activos, una camioneta adquirida en septiembre de 2025, la administración y comercialización de departamentos del edificio Nélida 1, ubicado en avenida Pellegrini al 3800 de Rosario, y la gestión de otros rodados.
La defensa de Pérez y los fundamentos del juez
Pérez negó vínculos con personas dedicadas al narcotráfico y defendió el origen de su patrimonio. “Yo me dedico a la compraventa de vehículos; todos los que me nombró están justificados, desde el uno al último. La forma de pago de las compras y las forma de ventas facturado cada uno”, declaró.
“Nunca estuve con ningún narcotraficante ni tomé dinero de ningún narcotraficante”, agregó. El empresario también cuestionó su exposición pública: “Toda la parte mediática es lo que me destrozó”, afirmó.
El juez, en cambio, sostuvo que el entrelazamiento de Pérez con la criminalidad organizada vinculada al narcotráfico “no constituye una mera presunción”. Según la resolución, esa conclusión surge de antecedentes y conexiones objetivas de las firmas que administra.
Entre los elementos analizados, Vera Barros mencionó operaciones a través de Reina Automotores SRL y supuestos vínculos comerciales con Germán Tovo y Luis Medina, ambos asesinados en la década pasada en contextos de narcocriminalidad.
También señaló ventas de vehículos a personas relacionadas con investigaciones por narcotráfico y conexiones societarias con Repuestos Exclusivos SRL, firma vinculada a la esposa de un hombre condenado por contrabando agravado de estupefacientes.
Frente a esos señalamientos, Pérez insistió: “Yo sé hacer negocios y los vehículos que he comprado los compré con facturas, con cheques de la misma empresa y los vendí con factura ganando y pagando los impuestos de cada vehículo”.
Cómo comenzó la investigación y qué declararon los otros imputados
La causa comenzó con información que remitió la Dirección de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación. El organismo había advertido sobre posibles delitos relacionados con la venta de armas con numeración adulterada, lavado de activos e infracciones a la Ley de drogas.
El informe inicial mencionaba a tres policías santafesinos: Maximiliano Novillo, Emiliano Haro y Marcelo García, quienes habrían tenido vínculos con Pérez.
Agustín Pérez sostuvo que es inocente y que desconoce las conductas que le atribuyen. Explicó que es abogado y describió el contacto con su padre: “La relación que tengo con mi padre es no más que una o dos llamadas por semana”.
Novillo decidió no declarar por consejo de su abogado. Sin embargo, manifestó que necesitaba recuperar la libertad para presentarse a trabajar y sostuvo que su empleo constituye su único ingreso.
En su caso, la imputación comprende la adquisición de una parte de un inmueble, operaciones con vehículos, la administración de otro rodado y la compra de moneda extranjera. Según la investigación, esas operaciones habrían dado apariencia lícita a bienes vinculados con personas dedicadas al tráfico de estupefacientes.
