Ercolini procesó a Baratta por un incremento patrimonial injustificado
NewsITe
El juez federal Julián Ercolini dictó el procesamiento del exfuncionario kirchnerista Roberto Baratta en la causa en la que se lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito durante los años en que ocupó un alto cargo en el Ministerio de Planificación Federal. La medida, confirmada por fuentes judiciales, abarca el período 2003-2017, cuando Baratta se desempeñó como subsecretario de Coordinación y Control de Gestión.
En su resolución, Ercolini consideró que Baratta habría incrementado su patrimonio de forma «apreciable e injustificada» en relación con sus ingresos formales como funcionario público. Según el análisis de los investigadores, las aplicaciones de fondos verificadas registran saldos negativos en varios ejercicios fiscales clave, lo que, acumulado, arrojaría un desfasaje superior a los 4,6 millones de pesos de la época.
Para el magistrado, esos números «carecerían de sustento» frente a los recursos declarados por el exfuncionario, lo que configura una presunta incompatibilidad entre sus ingresos legítimos y las erogaciones detectadas en la causa. Este tipo de estudios patrimoniales son habituales en expedientes por enriquecimiento ilícito, donde se cruzan declaraciones juradas, movimientos bancarios, adquisiciones y gastos relevantes.
De acuerdo con el fallo, el incremento patrimonial se habría materializado a través de la compra de diversos inmuebles y vehículos, muchos de ellos inscriptos tanto a nombre de Baratta como de personas de su entorno familiar directo, una práctica que los investigadores suelen vincular con maniobras de interposición de testaferros. También se señala la tenencia de sumas significativas de dinero en efectivo en moneda extranjera.
El lote en un country de Pilar, uno de los focos de la causa
Uno de los puntos más relevantes del expediente es la adquisición de un lote en el Mapuche Country Club, en el partido bonaerense de Pilar. Según surge de la investigación, el terreno habría sido comprado por unos 70.000 dólares pagados en efectivo. Sobre ese lote se construyó posteriormente una vivienda de alto valor, estimada en unos 3,7 millones de pesos, abonados en gran parte mediante pagos también en efectivo, tanto en pesos como en dólares.
Los movimientos que rodean esa operación inmobiliaria son analizados por la justicia como un posible ejemplo del desfasaje entre los ingresos declarados por Baratta y el nivel de gastos que refleja su patrimonio. La fiscalía y el juzgado remarcan que esta situación se replica en otras operaciones, lo que reforzaría la sospecha de un enriquecimiento no justificado a lo largo de más de una década.
La defensa y los pasos que vienen en el expediente
Baratta ya declaró en el marco de la causa y rechazó las acusaciones en su contra, sosteniendo que su patrimonio tiene un origen lícito y que todas sus operaciones fueron oportunamente declaradas. Su defensa podría apelar el procesamiento ante la Cámara Federal, que deberá revisar los fundamentos del fallo de Ercolini y decidir si confirma, revoca o modifica la medida.
El procesamiento no implica una condena, pero representa un avance relevante en la investigación penal, ya que supone que el juez considera reunidos elementos suficientes para sostener una sospecha sólida. De aquí en adelante, la causa podría avanzar hacia la elevación a juicio oral si se consolidan las pruebas, o bien derivar en sobreseimientos parciales o totales en función de lo que resuelvan las instancias superiores.
El delito de enriquecimiento ilícito de funcionario público apunta a castigar a quienes no pueden justificar el incremento sustancial de su patrimonio durante el ejercicio de la función, invirtiendo la carga de la prueba sobre el origen de los bienes.
Mientras tanto, el expediente se mantiene en curso y continuará bajo la mirada de la opinión pública, en un contexto donde las causas por presunta corrupción de exfuncionarios siguen siendo eje de debate político y judicial en la Argentina. La resolución final sobre la situación de Roberto Baratta quedará atada a lo que determinen las próximas instancias del proceso.
