Disputa en Diputados bonaerenses por el futuro de las empresas públicas
NewsITe
Los bloques del PRO y La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires anunciaron que intentarán frenar el avance de un proyecto impulsado por La Cámpora que busca blindar a las empresas públicas provinciales frente a eventuales procesos de privatización.
La iniciativa, presentada por la diputada de Unión por la Patria Maite Alvado, ya obtuvo dictamen favorable en la comisión de Servicios Públicos y cuenta con el acompañamiento de sectores del radicalismo, lo que encendió las alarmas en la oposición liberal y macrista.
El texto propone que cualquier modificación en el control o participación accionaria de la provincia en empresas públicas sólo pueda concretarse a través de una ley que reúna una mayoría especial de dos tercios de la totalidad de los miembros de la Legislatura bonaerense. En la actualidad, este tipo de decisiones se pueden adoptar con mayoría simple.
Los argumentos cruzados en la Legislatura bonaerense
Las diputadas Paula Bustos (PRO), Oriana Colugnatti (LLA) y Rita Salaberry (LLA) cuestionaron con dureza el proyecto, al que calificaron como un “obstáculo para avanzar en políticas de racionalización del sector público” y una traba para reducir el tamaño del Estado provincial.
En el dictamen de rechazo, los bloques opositores sostuvieron que la iniciativa no debe ser aprobada “por razones de oportunidad, mérito y conveniencia”, al considerar que profundiza la injerencia estatal en el ámbito empresario. Según afirmaron, la propuesta perjudica la actividad del sector privado e impide avanzar en esquemas de mayor participación de capitales privados.
Para sus detractores, el proyecto va a contramano de una administración “más eficiente, concentrada en las funciones propias e indelegables del Estado” y suma “un obstáculo adicional” para la apertura a la iniciativa privada y la reducción del intervencionismo estatal.
Qué establece el proyecto y qué norma rige hoy
El despacho favorable se firmó en la comisión de Servicios Públicos, encabezada por el diputado de Unión por la Patria Ariel Archanco. Allí se dejó asentado que, de aprobarse en el recinto, cualquier intento de reducir la participación provincial en empresas estatales deberá tener el voto afirmativo de dos terceras partes de los legisladores.
“La participación o propiedad por parte de la provincia de Buenos Aires en empresas sólo podrá ser reducida por la Legislatura con el voto de dos terceras partes, al menos, de la totalidad de sus miembros”, señala el proyecto en uno de sus artículos centrales.
Hasta el momento, la única normativa específica sobre privatización de compañías provinciales es la Ley 12.989, referida a Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA). Esa norma indica que cualquier transferencia al sector privado de parte del paquete accionario debe contar con autorización legislativa, pero sólo exige mayoría simple.
La discusión abre un nuevo capítulo en la puja entre quienes buscan blindar las empresas estatales y quienes promueven un mayor protagonismo privado en la economía bonaerense.
El proyecto ahora deberá debatirse en el recinto, donde el resultado dependerá de los alineamientos entre oficialismo, radicales y las diferentes expresiones opositoras. La definición será clave para el futuro esquema de control de las empresas públicas en la provincia de Buenos Aires.
