Privatización de AySA: dos consorcios disputan el control

Dos grupos empresarios avanzan en la puja por AySA

Sede y operaciones de la empresa AySA en el Área Metropolitana de Buenos Aires

NewsITe

Dos consorcios privados quedaron en carrera para quedarse con el 90% del paquete accionario de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) que hoy está en manos del Estado nacional. Se trata de un paso clave en el proceso de privatización de la empresa responsable del servicio de agua potable y saneamiento en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense, donde atiende a cerca de 14 millones de habitantes.

El 10% restante de las acciones seguirá bajo control de los trabajadores a través del Programa de Propiedad Participada, un esquema que busca garantizar su presencia en la estructura societaria. La apertura de los sobres técnicos confirmó que, de los 17 potenciales interesados en las etapas previas, solo dos consorcios presentaron ofertas formales y continúan en carrera.

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Ahora ambos grupos deberán superar una evaluación técnica antes de pasar a la instancia económica, en la que se definirá el adjudicatario del paquete accionario estatal y, con ello, el futuro operador de uno de los servicios públicos más sensibles del Área Metropolitana de Buenos Aires.

Quiénes son los grupos que se disputan la empresa

Uno de los consorcios está liderado por Rowing S.A., empresa de ingeniería, construcción y servicios industriales controlada por el empresario Walter Román. A esta propuesta se suman Transclor, vinculada al empresario químico Mauricio Filiberti; Arcos Saneamento e Participações, relacionada con el grupo brasileño Equipav; y PHX, un vehículo de inversión radicado en los Países Bajos.

El segundo oferente es Roggio ROAS S.A.U., sociedad vinculada al Grupo Roggio. Su propuesta incluye la participación de Hidrosan Capital, Aguas del Plata Participaciones, Benito Roggio e Hijos y Central Buen Ayre. El conglomerado Roggio tiene una fuerte presencia en servicios urbanos e infraestructura y ya opera Aguas Cordobesas, concesionaria del servicio de agua en la provincia de Córdoba.

Inversiones, metas de cobertura y regulación

La futura concesionaria deberá comprometer un ambicioso plan de inversiones estimado en más de US$ 2.000 millones entre 2027 y 2031. El objetivo central será ampliar, mantener y mejorar las redes de agua potable y desagües cloacales para acompañar el crecimiento poblacional y reducir las brechas de acceso en los distritos más postergados.

El esquema fijado por el pliego prevé que para 2031 se alcance una cobertura del 75,3% en agua potable y del 63,9% en redes cloacales en el área de concesión. A su vez, al cierre del contrato —cuyo plazo inicial será de 30 años, con posibilidad de prórroga— se exigirá como mínimo un 90% de cobertura de agua y un 75% de cloacas.

El modelo de privatización también incluye definiciones clave sobre la estructura tarifaria, las fuentes de financiamiento de las obras y los mecanismos de control regulatorio. El Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) tendrá un rol central en el monitoreo de la prestación, la fiscalización de las inversiones y la protección de los usuarios, en un contexto donde las tarifas y la calidad del servicio serán ejes sensibles del debate público.

Controles de calidad y monitoreo ambiental

En paralelo al proceso de transferencia del control de AySA, el Ente Regulador adjudicó por hasta $275,8 millones un contrato de servicios a Estudio Ecológico Industrial SRL. La firma se encargará durante 12 meses, con opción de prórroga, de la extracción, traslado y análisis de muestras de agua y efluentes en distintas etapas del sistema.

  • Controles sobre agua potable distribuida a los usuarios.
  • Monitoreo de redes cloacales y estaciones de bombeo.
  • Análisis en plantas depuradoras y vertidos finales.

El esquema de control apunta a garantizar estándares de calidad y protección ambiental, en un servicio público esencial para la salud y el desarrollo urbano.

Mientras avanza la definición sobre el nuevo operador privado, la discusión sobre la privatización de AySA se instala en la agenda política y económica, con el desafío de equilibrar inversiones, tarifas accesibles y cobertura creciente en uno de los conglomerados urbanos más grandes de la región.

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