Milei, el ajuste y el freno al salto de Argentina en la OTAN
NewsITe
En agosto de 2024, Javier Milei prometía ante las Fuerzas Armadas que contarían con “un presidente que los va a respaldar siempre” y que había llegado la hora de “dar vuelta la página” en materia de defensa. Un año y medio después, las metas que se trazó el Gobierno para acercar a la Argentina a los estándares de la OTAN chocan con una realidad presupuestaria que deja al país muy lejos de ese objetivo.
Tras el regreso de la Argentina a la órbita de la Alianza del Atlántico Norte en 2024 como Aliado Extra-OTAN de Estados Unidos, el oficialismo imaginaba un salto de categoría: pasar a ser socio global de la OTAN, un estatus que implica una alianza estratégica directa con la organización, con mayor cooperación política y militar. Hoy ese escenario aparece cada vez más distante.
La diferencia no es meramente simbólica. Mientras el estatus de Aliado Importante Extra-OTAN (MNNA, por sus siglas en inglés) es una designación que otorga Washington a países con los que mantiene vínculos militares preferenciales —como Israel, Egipto o Marruecos—, el de socio global supone un vínculo formal con la estructura de la OTAN, diálogos políticos regulares y planificación conjunta. Ninguno de los dos implica ser miembro pleno, pero el segundo exige compromisos mucho más robustos en materia de capacidad militar y gasto en defensa.
La nueva vara de la OTAN y un gasto que no despega
La Organización del Tratado del Atlántico Norte viene endureciendo sus exigencias desde la anexión de Crimea por parte de Rusia en 2014 y, con más fuerza aún, desde la invasión a gran escala de Ucrania en 2022. Si antes se apuntaba a que los países aliados destinen al menos el 2% de su PBI al gasto en defensa, la Cumbre de 2025 en La Haya elevó la vara: para 2035 se espera una inversión total del 5% del PBI en defensa y seguridad.
De ese 5%, al menos el 3,5% del PBI debería financiar las necesidades estrictamente militares definidas por OTAN —equipamiento, capacidades, entrenamiento—, mientras que hasta el 1,5% podría destinarse a protección de infraestructuras críticas, ciberdefensa, resiliencia civil e innovación en la industria bélica. Además, los países deben presentar planes anuales creíbles que muestren cómo piensan llegar a esas metas.
La Argentina está, hoy, a años luz de esos niveles. El presupuesto militar proyectado para 2026 se ubica entre el 0,55% y el 0,57% del PBI, por debajo del 0,60% estimado para 2025. En términos comparativos, no solo es muy inferior al 2% que alguna vez fue el piso recomendado por la OTAN, sino que también deja al país rezagado frente a otras naciones de la región que, sin aspirar a un lugar en la Alianza, destinan una proporción mayor de sus recursos a defensa.
Un Ministerio con más pesos, pero menos poder de fuego
El Presupuesto 2026 aprobado por el Congreso prevé para el Ministerio de Defensa una partida cercana a los $3,58 billones. A primera vista, se trata de un aumento nominal del 1,5% respecto de 2025. Sin embargo, el propio texto presupuestario proyecta una inflación del 10,1% para el año, lo que licúa por completo la mejora: en términos reales, se traduce en un nuevo ajuste para el área.
Otro elemento clave es la estructura del gasto. Cerca del 80% de los recursos del Ministerio se destinan al pago de salarios, en un contexto en el que los haberes del personal militar vienen golpeados por la política de ajuste fiscal. Con ese margen, la disponibilidad para inversión en equipos, mantenimiento y modernización de medios es mínima, aun cuando en 2025 se concretaron algunas incorporaciones relevantes.
Ese año llegaron los primeros seis de un total de 24 cazas F-16 AM/BM adquiridos a Dinamarca y se incorporaron cuatro vehículos blindados de combate VCBR 8×8 Stryker comprados a Estados Unidos. También se manifestó la intención de recuperar capacidades submarinas, posiblemente mediante la compra de unidades Scorpene de origen francés. Sin embargo, el esfuerzo luce insuficiente frente a los estándares que exige la OTAN para socios estratégicos.
Giro geopolítico y límites del ajuste
La reinserción de la Argentina en el esquema de seguridad occidental incluyó su participación en el Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania (UDCG), que reúne a más de 50 países —muchos de ellos miembros de la OTAN— para coordinar la ayuda militar a Kiev. El entonces ministro de Defensa Luis Petri había planteado, al inicio del gobierno libertario, la meta de “modernizar y capacitar nuestras fuerzas al estándar de la OTAN”.
Ese alineamiento vino acompañado de un giro de 180 grados respecto de las administraciones kirchneristas y un acercamiento a la Casa Blanca de Donald Trump, clave para destrabar compras de armamento estadounidense a través de terceros países y sortear restricciones de origen británico derivadas de la guerra de Malvinas. El objetivo político era claro: anclar a la Argentina en el núcleo duro del dispositivo militar occidental.
No obstante, el programa económico de Milei impone límites concretos a ese proyecto. El compromiso con el déficit cero, la recesión y la necesidad de sostener superávits primarios condicionan cualquier expansión relevante del gasto en defensa. Así, la ambición de pasar de Aliado Extra-OTAN a socio global parece, al menos por ahora, incompatible con la lógica de ajuste que atraviesa a toda la administración.
América Latina, el mapa de los aliados extra OTAN
En la región, la condición de aliado extra OTAN es todavía una rareza. Argentina y Perú comparten ese estatus, este último incorporado por decisión de Washington a comienzos de 2026. Otros países latinoamericanos mantienen cooperación con Estados Unidos y con la OTAN, pero sin esa etiqueta formal que, más allá de lo simbólico, habilita programas específicos de asistencia militar, financiamiento y entrenamiento.
- Socios plenos de la OTAN: 32 países de Europa y Norteamérica integran la Alianza con todas las obligaciones de defensa colectiva.
- Socios globales: naciones como Australia, Japón, Corea del Sur, Colombia o Nueva Zelanda, con acuerdos de cooperación avanzada.
- Aliados Extra-OTAN (MNNA): designación unilateral de Estados Unidos para países con lazos militares preferenciales, entre ellos Argentina y Perú.
“En Defensa tenemos los presupuestos más bajos de toda la región”, admitían Milei y Victoria Villarruel en 2023, antes de que la propia dinámica de ajuste terminara profundizando esa brecha en términos reales.
Con un gasto militar que se mantiene muy por debajo de los umbrales fijados por la OTAN y un esquema presupuestario concentrado en salarios, la Argentina difícilmente pueda, en el corto plazo, dar el salto que Milei imaginó al inicio de su mandato. El alineamiento político con Occidente convive, por ahora, con capacidades materiales acotadas y un presupuesto que, lejos de expandirse, se contrae en términos reales. El sueño de convertirse en socio global de la OTAN quedará, salvo un giro económico inesperado, pendiente para otro gobierno.
