El oficialismo busca cerrar el Presupuesto 2027 con apoyo opositor
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La Libertad Avanza (LLA) encara una semana clave en la Cámara de Diputados para intentar asegurar los consensos necesarios que le permitan aprobar el Presupuesto 2027. Tras postergar la firma del dictamen de mayoría, el oficialismo intensificó las conversaciones con bloques aliados y gobernadores de distintos signos políticos, con el objetivo de arribar a un acuerdo que habilite el tratamiento en el recinto hacia fines de noviembre.
Según trascendió en el Congreso, la intención es avanzar en negociaciones informales durante los próximos días para pulir cambios en el proyecto y firmar el dictamen entre el 17 y el 18 de noviembre, de modo de llegar con los tiempos justos a la sesión prevista para el 25. En ese esquema, la UCR, el PRO, Argentina Federal y otros espacios dialoguistas se volvieron actores centrales para garantizar el número.
LLA ya mantuvo una reunión encabezada por el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, con referentes de la UCR, el PRO y Argentina Federal, aunque las conversaciones también se extendieron a legisladores de Provincias Unidas, Elijo Catamarca e Independencia. Todos estos sectores condicionan su apoyo a la inclusión de una serie de modificaciones económicas y fiscales clave.
Impuestos, coparticipación y biocombustibles, en el centro de la negociación
Entre los puntos más sensibles aparece el reclamo compartido de una rebaja en el Impuesto a los Combustibles. Los bloques dialoguistas sostienen que el destino original del tributo —el mantenimiento de las rutas nacionales— no se estaría cumpliendo en la práctica. A este planteo se suma la exigencia de garantizar de manera explícita los fondos destinados a políticas de discapacidad.
Además, la UCR condiciona su respaldo a que se avance con el proyecto de incentivo a las inversiones relevantes, ya aprobado por el Senado y de autoría del radical Eduardo Vischi. En paralelo, los gobernadores de Tucumán, Osvaldo Jaldo; de Salta, Gustavo Sáenz; de Jujuy, Carlos Sadir; de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; y de Córdoba, Martín Llaryora, presionan para reabrir la discusión de la ley de Biocombustibles, que quedó frenada por objeciones de legisladores bonaerenses.
El PRO, por su parte, lleva una agenda propia de exigencias: reclama asegurar los fondos de coparticipación para la Ciudad de Buenos Aires, reducir el IVA a los huevos y sus derivados del 21% al 10,5%, y establecer un mecanismo que brinde previsibilidad a los plazos y tarifas de las obras públicas en rutas nacionales. La disputa por los recursos porteños se encamina a una negociación directa entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.
La batalla por los votos y el “poroteo” fino en Diputados
Con 95 diputados propios, La Libertad Avanza necesita alcanzar al menos 129 presentes para lograr el quórum y habilitar el debate. En la Casa Rosada calculan que, si se alinean la UCR, el PRO, Por Santa Cruz y Adelante Buenos Aires, podrían sumar unos 22 votos adicionales. A ellos se añadirían los 9 integrantes de Argentina Federal, 2 de Producción y Trabajo y alrededor de 10 bancas de Provincias Unidas.
Con ese armado, el oficialismo aspira a una base cercana a los 138 votos entre propios y aliados, margen suficiente para aprobar el Presupuesto, aunque todo dependerá de cómo terminen las negociaciones y si alguno de los bloques decide endurecer su postura a último momento, especialmente en temas impositivos y de financiamiento educativo.
Universidades, gasto social y proyecciones macro para 2027
La UCR, al igual que otros espacios aliados, pide además eliminar cuatro artículos del proyecto vinculados a su área de interés y plantea fuertes reparos al esquema de financiamiento universitario. El Presupuesto contempla $7,3 billones para las universidades nacionales, cifra que los rectores consideran insuficiente y que proponen elevar a $11 billones para sostener salarios, funcionamiento y obras de infraestructura.
En términos globales, el proyecto prevé gastos totales consolidados por $216 billones en 2027, un 25,3% más que la base de comparación oficial. Los recursos consolidados —principalmente impuestos y contribuciones a la seguridad social— se estiman en $219,3 billones, con un aumento del 26,2%. La diferencia arroja un margen acotado pero positivo para atender compromisos de deuda y programas sociales.
El Poder Ejecutivo proyecta una inflación del 21,3% para 2027 y un tipo de cambio de $1.847 por dólar a fin de año, con un promedio anual de $1.728. En cuanto a la estructura del gasto, los servicios sociales absorberían $150.913.491,9 millones, mientras que el pago de servicios de la deuda pública demandaría $18.609.176,1 millones. Se espera, además, un crecimiento del consumo privado del 3,4% y del consumo público del 0,6%, en línea con un escenario de gradual recuperación económica.
El Presupuesto 2027 se convirtió en la principal prueba política para el oficialismo en el Congreso, que deberá equilibrar el ajuste fiscal con las demandas de gobernadores, universidades y sectores productivos.
Mientras el oficialismo acelera el diálogo y la oposición afina sus reclamos, el desenlace de la negociación presupuestaria definirá no solo el rumbo económico para 2027, sino también el mapa de alianzas y tensiones en la Cámara de Diputados en los meses por venir.
