Clave en el Congreso: qué cambia con el Presupuesto 2027
NewsITe
El proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso plantea un cambio de rumbo en la política de gasto público. Si bien prevé un aumento total del 5,7% en términos reales para el año próximo, el esquema consolida un ajuste significativo en áreas sociales sensibles, al tiempo que incrementa partidas para defensa y consolida la salida del Estado nacional de buena parte de la obra pública.
De acuerdo con el primer informe técnico de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), elaborado sobre la base de datos oficiales del Ministerio de Economía, el gasto proyectado para 2027 seguirá por debajo de los niveles de 2023: incluso con la suba prevista, el presupuesto quedaría 26,5% más bajo en comparación con el crédito devengado de aquel año.
La evolución entre funciones del Estado es dispar. Las partidas de “servicios sociales” muestran una mejora interanual estimada en 6,1% frente a 2026, pero arrastran una caída acumulada de 16,1% entre 2023 y 2026. Los “servicios económicos” reducen su peso un 10% entre 2026 y 2027 y se ubican 68% por debajo de 2023, principalmente por la quita de subsidios a tarifas, energía e infraestructura vial, lo que implicará mayores costos para familias y empresas.
AUH, niñez y cambios en la movilidad
Uno de los puntos más polémicos del texto oficial es la eliminación de la fórmula de movilidad de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de las Asignaciones Familiares. El artículo 17 del proyecto deroga los artículos centrales de la Ley 27.160 y deja los aumentos sujetos a decisión discrecional del Poder Ejecutivo.
Según ACIJ, este cambio “pone en riesgo el valor real de la AUH y su capacidad de cobertura”, especialmente en un contexto de estricta regla fiscal, que podría dificultar refuerzos presupuestarios no previstos originalmente. El informe señala que, desde 2023, las prestaciones con actualización automática lograron recuperar cerca de un tercio de su poder de compra, mientras que las sujetas a aumentos discrecionales sufrieron recortes de alrededor del 50%.
Universidades y salarios docentes a la baja
En educación superior, el programa “Desarrollo de la Educación Superior” mantiene para 2027 los niveles de financiamiento de 2026. En la práctica, esto implica que las universidades nacionales dispondrán de 24,9% menos recursos que en 2023, en términos reales.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) había estimado que necesitaba unos $11 billones para cumplir con la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario; sin embargo, el proyecto prevé apenas $7,5 billones, es decir, un 32% menos de lo reclamado por el sistema universitario. ACIJ advierte que, en paralelo, los salarios docentes perdieron alrededor de 25% de su poder adquisitivo entre 2023 y 2026, y casi la mitad si se compara con 2015, lo que tensiona el funcionamiento cotidiano de las casas de estudio.
Discapacidad, género y salud sexual: programas en retroceso
Otro eje crítico se vincula con las políticas de discapacidad. El proyecto elimina el arancel único del Nomenclador del Sistema de Prestaciones Básicas y habilita que cada ente financiador acuerde valores con los prestadores. Para ACIJ, esta modificación abre la puerta a fuertes desigualdades en el acceso a tratamientos y servicios.
También se reestructura el esquema de pensiones, al suprimir la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social y conservar solo la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral. Aunque la partida para este último beneficio aumenta respecto de 2026, todavía quedaría más de 25% por debajo de los niveles de 2023. El programa Incluir Salud, que brinda cobertura médica a beneficiarios de pensiones, registra además un recorte cercano al 14% respecto del año anterior.
En materia de género y salud sexual, el informe habla de una “consolidación de bajas presupuestarias”. Por tercer año consecutivo, el Programa Acompañar y la Línea 144 no figuran como partidas específicas, y el conjunto de acciones para víctimas de violencia y la Ley Brisa acumula una reducción cercana al 89% respecto de 2023. La Educación Sexual Integral (ESI) y el Programa de Salud Sexual también pierden peso: la partida para ESI cae más del 98% frente a 2023, tanto en fondos como en metas físicas de docentes capacitados y provincias asistidas.
Obra pública en retirada y nuevos incentivos fiscales
El capítulo de infraestructura confirma el repliegue del Estado nacional de las obras públicas. De un total de 2.339 proyectos relevados, 1.683 fueron dados de baja o están en proceso de rescisión, 457 se transfirieron a provincias o municipios y solo 199 permanecen bajo ejecución directa de la Nación. Como resultado, el gasto de capital pasaría de $18,4 billones en 2023 a $3,8 billones en 2027, lo que equivale a un recorte cercano al 80% en la inversión pública.
En contrapartida, el texto incorpora un esquema de incentivos fiscales para concesionarios privados de rutas, que incluye amortización acelerada de inversiones, reintegros o créditos fiscales de IVA y la posibilidad de imputar el Impuesto a los Débitos y Créditos. ACIJ subraya que esta estrategia sustituye el gasto directo en obra por beneficios tributarios, reforzando el giro hacia un modelo con menor presencia estatal y mayor peso del sector privado en el desarrollo de infraestructura.
Para la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, cerca del 40% del ajuste presupuestario acumulado en los últimos cuatro años se explica por la reducción de las partidas de servicios sociales.
El debate legislativo del Presupuesto 2027 se perfila como uno de los principales capítulos políticos del año, con impacto directo sobre ingresos familiares, universidades, políticas de género y el mapa de obras en todo el país.
