Funcionarios de Sturzenegger defendieron el ajuste y las reformas
NewsITe
En la antesala de la firma del dictamen del Presupuesto 2027, el Gobierno nacional envió a la Cámara de Diputados a dos funcionarios clave del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger. Se trata de los secretarios Maximiliano Fariña (Transformación del Estado) y Alejandro Cacace (Desregulación), quienes defendieron el ajuste en la Administración Pública Nacional y las llamadas “reformas estructurales” del programa económico del presidente Javier Milei.
Ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por el diputado libertario Bertie Benegas Lynch, Fariña repasó los cambios en la estructura del Estado desde diciembre de 2023. Subrayó la reducción de 18 a 8 ministerios y sostuvo que el objetivo no es sólo “un Estado más chico”, sino también redefinir su rol y su funcionamiento, con foco en la eliminación de áreas y funciones superpuestas.
El secretario resaltó además un recorte de 81.000 empleados en la planta estatal. Explicó que la revisión incluyó el análisis de competencias de cada organismo y que, cuando las tareas estaban duplicadas o podían ser asumidas por los municipios o el sector privado, esas estructuras se desmantelaron. Negó que el ahorro sea transitorio y aclaró que no se crearon nuevos cargos para reemplazar los eliminados.
Reducción de cargos y uso de herramientas legales
Fariña describió como “desproporcionada” la cantidad de cargos jerárquicos detectada en algunos organismos. Como ejemplo mencionó a Vialidad Nacional, donde había 1.543 puestos jerárquicos para una planta de 5.300 empleados, es decir, aproximadamente un cargo jerárquico cada tres trabajadores. Señaló que un esquema similar se repetía en la Comisión Nacional de Energía Atómica, con posiciones que calificó de irregulares, al no contar con aval del organismo rector ni estar publicadas en el Boletín Oficial.
Indicó que parte de la reducción de personal se canalizó a través del régimen de disponibilidad previsto en la Ley de Empleo Público, una herramienta que, remarcó, no se utilizaba desde hacía unos 20 años. Según explicó, se aplica cuando existe más personal del necesario, áreas duplicadas o cierres de dependencias. A eso se sumaron programas de retiro voluntario, a los que ya adhirieron más de 5.200 trabajadores, y que tendrán una nueva convocatoria entre el 1° y el 30 de noviembre para empleados de la Administración Pública Nacional.
Las reformas estructurales y el anclaje en la Ley Bases
Por su parte, Cacace vinculó la transformación del Estado con la Ley Bases y con un paquete más amplio de reformas en marcha. Afirmó que la desregulación y la reconfiguración del sector público son ejes centrales de la política plasmada en el Presupuesto 2027 y piezas clave del rumbo económico impulsado por Milei. Recordó que el ministerio conducido por Sturzenegger tiene “poco más de dos años” de existencia y se creó justamente tras la sanción de esa norma.
El funcionario describió a la cartera de Desregulación y Transformación del Estado como “la jurisdicción más pequeña”, pero sostuvo que “vale por los ahorros que genera”. Entre los cambios destacados mencionó modificaciones en el sector energético, comercial y regulatorio, y ubicó allí la eliminación del llamado “barril criollo”, que permitía vender petróleo en el mercado interno a un precio distinto al de exportación. Según su visión, ese esquema contribuía al déficit energético, mientras que ahora se registra un récord de exportaciones de petróleo y combustibles, con una proyección que, en su horizonte, podría equiparar en una década las exportaciones del agro.
Apertura comercial, desregulación y proyectos en el Congreso
Cacace sostuvo que Argentina atraviesa una “revolución comercial” y recordó que, al inicio de la gestión, el país tenía acuerdos con economías que representaban apenas el 10% del PBI mundial, frente al 85% de Chile. Con los nuevos acuerdos firmados con la Unión Europea, Singapur y otros mercados, proyectó que la integración podría alcanzar economías que representan el 50% del producto global.
En el plano interno, señaló como hitos la apertura del mercado de internet satelital –con más de 750.000 accesos, según sus datos– y la salida de Argentina de una lista de países bajo vigilancia en materia de propiedad intelectual. Sumó, además, iniciativas como la llamada Ley Hojarasca, cambios en la Ley de Glaciares y la modernización laboral, a las que adjudicó impactos positivos en la actividad económica y comercial.
- Proyectos clave en debate incluyen reformas sobre patentes, la Ley Hojarasca y modificaciones a la Carta Orgánica del Banco Central.
- El Gobierno impulsa también normas sobre mercado de carbono y una nueva Ley de Cabotaje para abaratar costos logísticos.
De acuerdo con Cacace, los proyectos vinculados al mercado de carbono podrían generar hasta US$ 3.900 millones en exportaciones. Asimismo, defendió los cambios en la Ley de Cabotaje, al considerar que permitirían reducir en un tercio los costos de transporte para las provincias del litoral si se habilita un mayor uso de barcazas en la Hidrovía, con impacto directo en la logística del norte del país.
“Tenemos que hacer mucho más si queremos estar en el concierto de las naciones avanzadas que tienen libertad económica”, enfatizó Cacace, al reclamar la aprobación de las reformas pendientes en el Congreso.
Varios de esos proyectos aún esperan tratamiento legislativo: las reformas sobre patentes y la Ley Hojarasca se encuentran en el Senado; la nueva Carta Orgánica del Banco Central se debate en Diputados; y la iniciativa sobre Inviolabilidad de la Propiedad Privada también aguarda en la Cámara alta. El oficialismo busca que el debate del Presupuesto 2027 funcione como marco político para consolidar el ajuste del gasto y avanzar en esta agenda de desregulación y cambios estructurales.
