“El valor de los servicios está a la mitad de un mínimo ético estipulado por los diferentes colegios. Además, hay demoras en las autorizaciones, lo que dificulta desde los turnos hasta las facturaciones. También se está haciendo un ajuste en la cantidad de sesiones. Hay mutuales que nos deben meses del año pasado”, precisó a EL NORTE la referente de la Comisión autoconvocada sobre Discapacidad Cecilia Imboden.
De la Redacción de EL NORTE
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Los prestadores de servicios para personas con discapacidad impulsaron ayer un paro en todo el país por diversas problemáticas, al que también adhirieron equipos interdisciplinarios en el orden local. Se trata de prestaciones independientes en discapacidad como fonoaudiología, psicopedagogía, psicología, terapia ocupacional y psicomotricidad. En ese marco, se convocó a una marcha para cerca del mediodía de la jornada pasada a Plaza de Mayo, en la Ciudad de Buenos Aires, para visibilizar la situación y pedir el cumplimiento de las leyes 22.431 (del sistema de protección integral de los discapacitados) y 24.901 (que aborda el sistema de prestaciones básicas del sector).
“La discapacidad nunca dejó de estar en crisis. El valor de los servicios está a la mitad de un mínimo ético estipulado por los diferentes colegios profesionales. Se está haciendo insostenible. Además, hay demoras en las autorizaciones, lo que dificulta todo el proceso, desde los turnos hasta las facturaciones. También, se está haciendo un ajuste en la cantidad de sesiones. Hay mutuales que nos deben meses del año pasado”, precisó en diálogo con EL NORTE la referente de la Comisión Autoconvocada sobre Discapacidad, Cecilia Imboden, y amplió: “Los últimos aumentos fueron del 1% en octubre, el 0.8 en noviembre y 0.5 en diciembre. Ese fue el último aumento en que se dio la Resolución 924. Uno tiene que elegir dejar de trabajar con discapacidad. Cuando vamos a pagar nuestros alquileres e impuestos, no llegamos”.
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Presupuesto de 2023
Por su parte, la titular de Prestadores de Discapacidad Unidos (PDU), Marcela Kriskovich, lamentó: “La última reunión que tuvimos con la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), hace dos semanas, fue un verdadero desencuentro. El presupuesto para la discapacidad sigue siendo el mismo que el de 2023. Y, la verdad, eso no alcanza, no da para cubrir ni lo más básico”. Asimismo, alertó de que la situación para los prestadores es crítica dado que no cobran ´el mes vencido, sino que, en el mejor de los casos, cobran con un atraso de entre tres y cuatro meses´; y consideró que las tarifas son insuficientes. “En noviembre nos dieron un aumento de 100 pesos. Estamos movilizados por nuestros hijos, por nuestros pacientes, por la gente con discapacidad que no puede esperar más”, manifestó.
PROYECTO DE LEY
La declaración de emergencia, en debate legislativo
La Cámara de Diputados de la Nación comenzó el tratamiento de un proyecto de ley presentado por la oposición para declarar la “emergencia nacional en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027”. Las cámaras que agrupan a los prestadores y trabajadores del sector denuncian que desde la Agencia Nacional de Discapacidad, que está bajo la órbita del Ministerio de Salud, están “vaciando” la red de asistencia y servicios de uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.
Según los cálculos difundidos por voceros gubernamentales, el proyecto contempla la extensión automática de la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral a los más de 1.800.000 personas que poseen Certificado Único de Discapacidad (CUD), lo que implicaría sumar más de 600.000 nuevos beneficiarios al sistema. En la actualidad, perciben esa pensión 1.179.088 personas beneficiarias. La pensión vigente es de $270.000 mensuales, lo que representa una carga adicional de aproximadamente 167.000 millones de pesos mensuales. Desde La Libertad Avanza cuestionan que el proyecto no contemple fuentes de financiamiento específicas, más allá de habilitar al Poder Ejecutivo a redistribuir partidas presupuestarias
El pasado martes 8 de abril, en el Anexo A de la Cámara de Diputados, el Foro Permanente Discapacidad, junto a las organizaciones miembro, personas con discapacidad, familiares e instituciones, entregaron notas a los diputados nacionales exigiendo la urgente aprobación del proyecto de ley que declara la Emergencia Nacional en Discapacidad hasta 2027.
