“Ojalá no pase esto porque cada obra social pondría su honorario y determinaría sus aumentos. Nos deja en desventaja a nosotros y a los afiliados porque serán menos los prestadores que trabajen con obras sociales y ya no habrá libre elección de profesionales. Hay mucha incertidumbre”, dijo a EL NORTE la referente del Comité de Discapacidad de San Nicolás Cecilia Imboden.
De la Redacción de EL NORTE
[email protected]
Durante la última semana trascendió que el Poder Ejecutivo podría establecer por decreto de necesidad y urgencia, a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), la desregularización de los aranceles para todos los financiadores del Sistema de Prestaciones Básicas, que actualmente son determinados de forma única por medio de un nomenclador sujeto a la Ley 24.901. El proyecto estaría fechado el 8 de mayo y firmado por Diego Spagnuolo, director libertario de la ANDIS. El martes en varias provincias de todo el país se realizaron diversas acciones donde participaron personas con discapacidad, familias, prestadores, transportistas e instituciones, en rechazo del proyecto y con el objetivo de visibilizar la situación de emergencia. EL NORTE consultó sobre la situación a la referente del Comité de Discapacidad de San Nicolás Cecilia Imboden y a la también integrante del espacio local Lucía Arranz.
“Ojalá no pase esto de la desregulación en nuestro sector porque cada obra social pondría su honorario y determinaría sus propios aumentos. Así, se sacaría el nomenclador. Es como la ley de alquileres, en comparación. Nos deja en desventaja a nosotros y a los afiliados porque seguramente serán menos los prestadores que trabajen con obras sociales y ya no habrá en concreto libre elección de profesionales. Hay mucha incertidumbre”, analizó Imboden.
“Por ahora es un rumor de un proyecto que esperamos que no se haga oficial. Desde San Nicolás seguimos trabajando en estado de alerta”, marcó Arranz.
Funcionamiento actual
Actualmente los financiadores del Sistema de Prestaciones Básicas, que con carácter obligatorio deben garantizar la cobertura total de las prestaciones que necesiten las personas con discapacidad, son tres: la Superintendencia de Servicios de Salud, que regula las obras sociales y prepagas; PAMI; e Incluir Salud, que es un programa federal de cobertura médico-sanitaria que garantiza el acceso a toda persona que cobre una pensión por invalidez.
Los valores únicos de las prestaciones y servicios que puede necesitar una persona, como por ejemplo centros de día, escuelas especiales, transporte o tratamientos con profesionales como psicólogos, fonoaudiólogos o psicomotricistas, son establecidos en un nomenclador común elaborado por un Directorio, presidido por la ANDIS, donde también participan otras agencias gubernamentales, representantes de los financiadores y organizaciones de la sociedad civil.
Estas prestaciones no son cuestiones excepcionales, sino derechos elementales previstos en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, tratado al que nuestro país adhirió con rango constitucional por la Ley 27.044.
El impacto de descentralizar
El artículo 2 del documento que se filtró en los últimos días determina que “los organismos públicos nacionales financiadores del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad mencionados en el artículo 7° de la Ley N° 24.901 fijarán de forma independiente -y no vinculante entre ellos- los valores arancelarios de las prestaciones incorporadas o a incorporar en el Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad”.
A diferencia del sistema que equipara las condiciones y universaliza los costos en los tratamientos, los prestadores y especialistas en discapacidad advierten que ‘el proyecto de Javier Milei propone una descentralización permitiendo que cada financiador establezca individualmente esos valores, generando peores condiciones de atención, mayor inestabilidad económica para los profesionales, creando un escenario con precios diferenciados según el origen y un mayor nivel de desigualdad que perjudicará a los sectores de menores recursos’.
Según notan desde el sector, la medida afectaría a los prestadores y para los pacientes significaría una menor oferta en las prestaciones, la falta de acceso a terapias y la interrupción de tratamientos vitales. El decreto –notan– provocaría mayor desigualdad en el acceso a la salud y pondría en peligro a millones de personas.