“El miércoles habrá una concentración en el Congreso para exigir el tratamiento y aprobación urgente por parte de senadores de la ley de Emergencia en Discapacidad. Si no se toman medidas urgentes, el sistema colapsa y con él, miles de proyectos de vida quedan a la deriva”, expresaron los prestadores locales a EL NORTE, y destacaron también la necesidad de actualización del nomenclador y el pago en tiempo y forma de las obras sociales.
De la Redacción de EL NORTE
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La Cámara de Diputados dio días atrás media sanción al proyecto de ley que busca declarar la emergencia en discapacidad hasta diciembre de 2027 –por 149 votos a favor, 71 en contra y 3 abstenciones– y giró la iniciativa al Senado. Propone regularizar pagos, actualizar aranceles para los prestadores de servicios, reformar el sistema de pensiones no contributivas, reforzar la Agencia Nacional de Discapacidad y cumplir con el cupo laboral para personas con discapacidad. El oficialismo nacional rechaza el proyecto por considerarlo “regresivo y asistencialista” y anticipó que, si se aprueba la ley, el Ejecutivo la vetará. Los prestadores locales, en diálogo con EL NORTE, advirtieron que “si no se toman medidas urgentes, el sistema colapsará”.
“Este miércoles habrá una concentración en el Congreso para exigir el tratamiento y aprobación urgente por parte de senadores de la ley de Emergencia en Discapacidad. Los prestadores de servicios de discapacidad seguimos atravesando una crisis terrible que atenta directamente contra la continuidad de las terapias y contra los derechos de las personas con discapacidad. Si no se toman medidas urgentes, el sistema colapsa y con él, miles de proyectos de vida quedan a la deriva. Seguimos sin actualización del nomenclador desde diciembre de 2024, porque deja a los prestadores en una situación insostenible. Exigimos también el pago en tiempo y forma, ya que algunas obras sociales están pagando a 90 y 120 días. La situación sigue siendo muy crítica, lamentablemente”, precisaron.
Punto por punto
El proyecto de ley para declarar la emergencia en discapacidad establece:
- Regularización de pagos y actualización de aranceles: se propone saldar las deudas con los prestadores del sistema de salud y actualizar mensualmente los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral. La iniciativa declara el sistema de interés público nacional.
- Reforma del sistema de pensiones no contributivas: el proyecto busca garantizar el financiamiento adecuado de las pensiones por discapacidad, revisando las condiciones de acceso y permanencia en el beneficio.
- Fortalecimiento institucional: se plantea mejorar la base de datos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y realizar auditorías para identificar y resolver problemas en la gestión de prestaciones.
- Transparencia y rendición de cuentas: el Poder Ejecutivo deberá informar públicamente sobre la ejecución presupuestaria y las políticas implementadas en el marco de la emergencia.
- Compensaciones económicas: el proyecto incluye una compensación de emergencia para prestadores y asignaciones para talleres de producción, con un impacto fiscal estimado por la Oficina de Presupuesto del Congreso de entre el 0,22% y el 0,42% del PBI.
- Actualización del Certificado Único de Discapacidad (CUD): se propone que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en articulación con el Consejo Federal de Discapacidad, establezca los lineamientos para la certificación de la discapacidad, considerando las condiciones físicas, mentales, intelectuales, sensoriales y sociales de la persona.
- Fortalecimiento de los talleres protegidos y centros de día: se asignan recursos específicos y compensaciones para garantizar su funcionamiento continuo.
- Cumplimiento del cupo laboral: reafirma la obligación del Estado de cumplir con el cupo laboral del 4% para personas con discapacidad en el sector público.
Rechazo del Gobierno nacional
La ANDIS, a cargo de Diego Spagnuolo, manifestó su rechazo al proyecto y lo definió como una “iniciativa regresiva que apela a un modelo asistencialista ya superado”. Según la Agencia, la propuesta “desatiende los estándares internacionales y posterga la verdadera inclusión”.
Además, el Gobierno nacional también expresó preocupaciones sobre el costo fiscal del proyecto. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró que “no existen los recursos” para hacer frente a la actualización presupuestaria para el sector de la discapacidad y adelantó: “Por más que propongan un aumento de partidas, no se puede aprobar una ley así, y si lo hacen, el Ejecutivo la va a vetar”.
