El diputado nacional Manuel Aguirre propone un cambio en la legislación agraria para permitir la contratación de trabajadores rurales sin relación de dependencia. La medida genera debates por su impacto en las condiciones laborales del sector. El impulsor de la iniciativa repasó los objetivos en contacto con Radio U.
De la redacción de EL NORTE
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En busca de flexibilizar las condiciones de contratación en el ámbito rural, el diputado nacional Manuel Aguirre (UCR-Corrientes) presentó un proyecto de ley que propone habilitar el Monotributo para los peones rurales. La iniciativa, ingresada en la Cámara baja, permitiría a los productores agropecuarios contratar hasta tres empleados sin relación de dependencia, bajo la figura de “colaboradores monotributistas”. Según el legislador, esta medida busca aliviar los costos laborales de los empleadores y combatir el trabajo no registrado, pero genera cuestionamientos por la posible precarización de los derechos laborales en el sector.
“El objetivo es permitir que el productor pueda contratar trabajadores sin la carga económica que implican los aportes tradicionales, facilitando la labor en el campo. Esto también daría a los peones la posibilidad de ganar más por sus tareas al negociar directamente con el empleador”, explicó Aguirre en diálogo con Radio U.
El proyecto apunta a reformar la Ley 26.727, que regula el trabajo agrario, incorporando la figura del “trabajador colaborador”. Según Aguirre, esta modalidad beneficiaría especialmente a los pequeños productores y actividades temporales o estacionales como la cosecha, la esquila y el cuidado de ganado. “Con esta medida, buscamos ayudar tanto al empleador como al trabajador. El productor podrá trabajar con más tranquilidad y sin riesgos legales, mientras que el peón rural podrá emitir facturas por sus servicios, accediendo a una relación más formal y transparente”, argumentó.
Cuestionamientos
Sin embargo, la propuesta no está exenta de críticas. Diversos sectores sindicales y organizaciones agrarias advierten que esta modalidad podría aumentar la precarización laboral en un ámbito históricamente afectado por la informalidad. Según datos recientes, el trabajo no registrado es una problemática extendida en el campo argentino, con altos índices de explotación y bajos salarios. “Hay muchos productores que, por los altos costos y riesgos legales, evitan registrar a sus empleados. Este proyecto podría fomentar que el trabajo en negro pase a ser ‘en gris’, sin garantizar los derechos básicos de los trabajadores”, alertan desde el sector gremial.
Durante la entrevista, Aguirre describió las dificultades actuales del sector. Señaló que los elevados costos laborales y la presión fiscal desalientan la contratación formal. “Hoy, un productor paga hasta 600.000 pesos mensuales por cada empleado registrado, una cifra que no todos pueden afrontar. Además, enfrentamos un contexto de pobreza y falta de oportunidades que obliga a muchos trabajadores a aceptar empleos en condiciones desfavorables”, sostuvo.
Sector precarizado
La propuesta también se enmarca en un panorama más amplio de precarización laboral en el país. Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), en los primeros meses del gobierno de Javier Milei se registró una pérdida de casi 139.000 empleos formales en el sector privado, mientras que el Monotributo creció como modalidad principal para más de dos millones de trabajadores.
El proyecto, ingresado en la Cámara baja la semana pasada, se encuentra en sus primeras etapas de análisis y debate parlamentario. Aguirre expresó confianza en que será tratado durante 2025: “Creo firmemente que esta propuesta tiene futuro. Es un proyecto novedoso que puede ayudar a generar riqueza y competitividad en el campo argentino”.
La discusión en torno a esta iniciativa promete ser intensa, enfrentando posturas que oscilan entre la necesidad de aliviar la carga fiscal de los productores y la exigencia de garantizar condiciones dignas para los trabajadores rurales. Mientras tanto, la realidad del campo argentino sigue evidenciando la necesidad de soluciones que equilibren ambos intereses sin comprometer los derechos laborales.
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