La familia de Miguel Arroyo, víctima fatal de la brutal colisión en la que también falleciera Carmen Montes, le ha pedido a su abogado defensor que instrumente las actuaciones correspondientes para solicitar la detención del joven que conducía la Amarok a 120 km/h por avenida Savio.
De la redacción de EL NORTE
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Tras conocerse la elevación a juicio de la causa que tiene como imputado a Jeremías Ramírez por los delitos de «homicidio culposo agravado, lesiones culposas y lesiones culposas agravadas», la familia de Miguel Arroyo, una de las dos víctimas del accidente ocurrido el 5 de febrero de 2022, le pidió al letrado que ejerce su defensa [Dr. Sebastián Mazzolini] que instrumente los mecanismos correspondientes para solicitar la detención de Ramírez a través de la prisión preventiva. Esta figura contenida en el Código Procesal Penal puede hacerse efectiva en tanto el juez entienda que existe posibilidad de que el imputado pueda entorpecer la causa, o bien fugarse.
Cabe recordar que la fiscal que actuó el día del accidente [Dra. Franca Padulo] había solicitado la detención de Ramírez, aunque su pedido fue denegado por el juez de Garantías al entender que no había elementos suficientes para aplicar la prisión preventiva. Más tarde, la causa [y la investigación] recayó en el fiscal Martín Mariezcurrena, quien nunca solicitó la preventiva de Ramírez por entender que el imputado debe llegar en libertad al juicio.
Ahora bien, tras la decisión del juez de Garantías Ricardo Prati de elevar la causa a juicio, el expediente ahora está en poder de la Cámara Penal, que deberá proceder al sorteo de los magistrados que integrarán el Tribunal que decidirá la culpabilidad o no culpabilidad de Ramírez, de acuerdo a las pruebas presentadas en relación con los delitos que se le imputan.
En este escenario, la defensa de la familia Arroyo podría avanzar con el pedido de prisión preventiva. Debería presentarlo ante el titular del Juzgado en lo Correccional donde caiga la causa, una vez hecho el sorteo. En San Nicolás hay tres Juzgados Correccionales, y dos jueces: Dr. Sebastián Zubiri y Dra. Luciana Díaz Bancalari.Un extracto del texto redactado en la página 94 de la Resolución firmada por el juez Prati que eleva la causa a juicio, podría decirse, podría bien envalentonar a la defensa de Arroyo en cuanto a las responsabilidades del imputado: «Conforme lo ut supra expuesto, y más allá de loable esfuerzo defensista, se cuenta en autos con piezas probatorias suficientes para sostener que el imputado sea probablemente autor penalmente responsable de los hechos que se le imputan. Así las cosas, por lo menos a la altura que se transita, los distintos cuestionamientos formulados por el Dr. Lima no pueden tener respuesta en esta instancia, ya que hay elementos colectados que lo sindican a Ramírez como causante normativo del resultado y que las lesiones sufridas por las víctimas Coria y Tosco, como el fallecimiento de Montes y Arroyo, le son objetivamente imputables al mismo».