Roban 750 metros de cable en la cuenca del Golfo San Jorge
NewsITe
Un nuevo episodio de robo de cables de cobre volvió a encender las alarmas en la cuenca petrolera más antigua del país. El hecho se registró en el sector Upstream de la Cuenca del Golfo San Jorge, que se extiende entre las provincias de Chubut y Río Negro, y reavivó la preocupación por el impacto de este delito sobre la infraestructura energética y la producción hidrocarburífera.
De acuerdo con la información aportada a la Agencia Noticias Argentinas, el robo ocurrió en la noche del lunes 4 de mayo en el área de Campamento Central. Allí, autores desconocidos sustrajeron cerca de 750 metros de cable de cobre de 50 mm² pertenecientes a una línea de media tensión de 10,4 kV, vinculada a una subestación de producción que abastece instalaciones petroleras de la zona.
Al llegar al lugar, personal de la Comisaría de Laprida y peritos de Criminalística constataron además que varios postes del tendido eléctrico habían sido derribados de manera intencional. En el sector también se halló un rollo de cable preparado para su traslado, lo que para las autoridades constituye una evidencia clara de un accionar planificado, con tareas previas de logística y reconocimiento del terreno.
En los últimos meses, diversas localidades de la Patagonia vienen denunciando una escalada en el robo de cables, tanto en áreas urbanas como en zonas rurales y productivas. Especialistas vinculan este fenómeno con el fuerte incentivo económico que genera el mercado ilegal del cobre, donde el kilo puede superar los 17 mil pesos, lo que alimenta una cadena de comercialización clandestina difícil de rastrear.
Impacto económico y riesgos para la producción
Desde las compañías operadoras de la cuenca señalan que, pese al refuerzo de las medidas de seguridad —patrullajes, monitoreo y controles adicionales en puntos sensibles—, los ataques contra el tendido eléctrico no se detienen. Cada hecho implica costos elevados en reposición de materiales, reparación de infraestructura y horas de trabajo perdidas, además de la interrupción temporal de la producción.
Las autoridades advierten que ya existen verdaderas “cadenas de proceso” que permiten transportar, acopiar y vender el cobre robado sin mayor visibilidad, tanto en circuitos informales como incluso en ámbitos formales que no cuentan con controles suficientes sobre el origen del material. Esto dificulta la trazabilidad y favorece la reiteración del delito.
- Afectación directa de instalaciones críticas de energía y producción.
- Pérdidas económicas para empresas y para el Estado vía menor recaudación.
- Riesgos operativos y de seguridad para trabajadores y comunidades cercanas.
“Las consecuencias son concretas: pérdidas económicas, daño a infraestructura crítica y riesgos operativos que impactan en la producción petrolera de la región”, remarcó una fuente del sector energético consultada.
Frente a este escenario, operadores y autoridades locales insisten en la necesidad de fortalecer los controles sobre la cadena de comercialización del cobre, endurecer las sanciones para quienes compren material de origen dudoso y profundizar el trabajo coordinado entre fuerzas de seguridad, justicia y sector privado para frenar una modalidad delictiva que golpea de lleno a una de las principales cuencas petroleras del país.
