La decisión judicial recae sobre la DDI local y las Sub DDI Ramallo, Arrecifes y San Pedro-Baradero.
Por medio de una orden judicial, se le impide momentáneamente a la División Departamental de Investigaciones (DDI) San Nicolás alojar personas. Según trascendió, el motivo se debe a las “malas condiciones” de la sede central local.
La medida sería preventiva hasta que se lleven adelante las pericias correspondientes solicitadas. Así, no sólo impide que ingresen nuevos detenidos, sino que también se detiene el normal funcionamiento de las dependencias zonales. Además, los calabozos fueron clausurados y los internos reubicados en la Unidad Penitenciaria N° 3.
La orden judicial llegó a la Superintendencia de Investigaciones, que remitió las directivas a la Departamental para que se haga cumplir la decisión, mientras se desarrolla el proceso correspondiente que inició el habeas corpus.
Las medidas que deberá cumplir la DDI y las pericias pedidas
El habeas corpus fue presentado por el secretario de la Comisión Provincial por la Memoria, Roberto Cipriano García, en favor de las personas alojadas en sede San Nicolás de la DDI.
El oficio librado por el juez Parodi a la Jefatura policial indica que “no podrán ingresar detenidos” y que “deberán remitir en carácter de urgente” al Juzgado “la nómina de personas alojadas, especificando a disposición de qué organismo se encuentran detenidas y el estado del trámite de alojamiento bajo la órbita del Servicio Penitenciario”
Además, “deberá informar” la notificación de “las órdenes de clausura judicial o administrativa, y en su caso informe los motivos del incumplimiento”, según consta en la resolución judicial que publicó LANOTICIA1.COM
La presentación de Cipriano García derivó en la decisión del Juzgado de solicitar, además de la medida preventiva, una gran cantidad de pericias probatorias para establecer las condiciones de detención denunciadas en el habeas corpus.
La DDI San Nicolás debe informar el listado de alojados en la dependencia, a los que además deberá trasladar de inmediato a unidades penales. Tendrá que elevar al Juzgado, también, cuáles y cómo son los planes de evacuación de la dependencia, y la infraestructura antisiniestral.
La Dirección General de Asesorías Periciales, por su parte, fue notificada para que designe un perito arquitecto o ingeniero civil para constatar el estado del edificio respecto de filtraciones, humedad, red cloacal, agua caliente y fría, grifería, vidrios, calefacción, ventilación, etc.
Esa pericia deberá además determinar qué refacciones hacen falta, cuánto tiempo llevarán y si es viable que mientras tanto quienes están alojados sin haber sido asignados a una unidad penal permanezcan allí.
Un perito en seguridad e higiene deberá expedirse sobre la existencia de red hidrante, mangueras y provisión de agua, matafuegos, salidas de emergencia y plan de evacuación para hacer frente a un eventual siniestro.
En ese sentido, deberá analizar el estado general de puertas, colchones, cuchetas, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, mobiliario, estado general de las celdas, paredes y techos, iluminación, ventilación y calefacción disponible.
Un perito nutricionista tendrá a su cargo la responsabilidad de auditar la calidad y cantidad de alimentos que se sirven a los detenidos y deberá dejar constancia si los entregan “en tiempos acordes a las necesidades de las personas detenidas, si se conservan en buen estado y si responden a los parámetros de calidad establecidos”.
La Asesoría Pericial Departamental, por su parte, deberá designar un perito trabajador social para que eleve un “amplio informe socio sanitario que dé cuenta de las condiciones de vida de las personas alojadas en la dependencia policial”.
Deberá consignar cuáles son las condiciones de “habitabilidad, higiene, espacio y horarios para ejercicios físicos, actividades educativas, acceso a talleres y recreación”, y expedirse sobre “qué posibilidades de relación mantienen con su familia o referentes afectivos”
Peritos psicólogo, médico y psiquiatra se expedirán sobre “las consecuencias que ese régimen provoca o puede provocar sobre la integridad psicológica de las personas, determinando tratamiento y modificaciones que debieran hacerse al régimen actual”.
