El Intendente de San Pedro se presentó esta mañana en el Juzgado Federal Nº2 de San Nicolás para cumplir con el requerimiento de indagatoria ordenado por el juez Carlos Villafuerte Ruzo. Es en el marco de una causa en que el jefe comunal sampedrino y otros miembros de su gabinete están acusados por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, vinculado a una denuncia por contaminación del río Paraná a través del volcado de efluentes cloacales sin previo tratamiento.
De la redacción de EL NORTE
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Cecilio Salazar, se presentó este jueves a indagatoria en el Juzgado Federal Nº2 de San Nicolás de Carlos Villafuerte Ruzo. El jefe comunal, su secretario de Obras y Servicios Públicos, Mariano Brañas; el de Producción, Ariel Álvarez; y el director de Servicios Sanitarios, Jorge Ponzio, y un exfuncionario que ya se presentó a indagatoria están implicados en una causa que investiga la contaminación del río Paraná por la disposición final de residuos cloacales sin tratamiento.
El Juzgado Federal N°2 de San Nicolás ordenó en diciembre pasado las declaraciones indagatorias, que estaban originalmente previstas para la semana que pasó. No obstante, la defensa de Salazar, Brañas y Ponzio logró posponer las instancias hasta esta semana tras elevar la solicitud al juez Villafuerte Ruzo requeridas por el Juzgado Federal nicoleño donde tramita el expediente, que comenzó tras la denuncia de una ONG por los vertidos al río de una fábrica en Baradero cuyos análisis revelaron que el agua venía con altos niveles de contaminación fecal previa.
En un principio, se había informado que Salazar concurriría el miércoles al Juzgado de San Nicolás, no obstante su indagatoria finalmente se desarrolló este jueves. El miércoles el intendente Salazar viajó a La Plata para participar de un acto presidido por el gobernador Axel Kicillof.
“Estamos cumpliendo”
En diálogo con EL NORTE luego de egresar acompañado por sus representantes legales del Juzgado de Ameghino 387, Salazar comentó que “fuimos citados y estamos cumpliendo con eso”.
Sobre su aporte a la causa, indicó: “Dijimos lo que acontece en realidad. Esto es algo que pasa en San Pedro desde principios de los ‘80, 45 años atrás. Lo que estamos haciendo en nuestro actual gobierno, también lo hicieron los anteriores intendentes: gestiones ante los distintos gobiernos nacionales y provinciales, porque es una obra inmensa la que se necesita. Si nosotros tenemos que hacer esa obra, nos llevaría al 50% de nuestro presupuesto municipal, cosa que es obviamente imposible. Por eso venimos gestionando desde que yo asumí, en diciembre del 2015, ante la Nación y la Provincia”.
En este sentido el Intendente sampedrino ratificó que sus gestiones ante el gobierno de Kicillof estarían avanzadas. “Ya la Provincia contrató una empresa consultora, que va a elaborar el proyecto. Un mes atrás comenzó a elaborar el proyecto, tiene un plazo de 10 meses. Una vez concretado ese proyecto, lo van a presentar a la Provincia y la idea es que la Provincia lo integre al próximo presupuesto. Así vamos a poder, al fin, completar esa obra que es tan importante para nuestra gestión, pero sobre todo para la gente”, aseveró Salazar.
La acusación
Fiscalía considera que Salazar y el resto de los funcionarios implicados en la causa resultan “coautores de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso real con contaminación ambiental, por el vuelco al río Paraná de efluentes líquidos cloacales sin tratamiento, lo cual se considera un riesgo para la salud de la población”, según consigna el portal oficial fiscales.gob.ar
La indagatoria se da en el marco de una investigación penal iniciada hace dos años, donde se constataron altos niveles de contaminación en el frente costero de San Pedro, localidad que hace al menos 30 años tiene inactiva su planta de tratamiento de efluentes cloacales. La fiscalía contó además con la colaboración de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA), cuyo titular es el fiscal federal Ramiro González.
De acuerdo a los elementos y pruebas que recopiló en su investigación, la Fiscalía Federal de San Nicolás consideró que “las conductas atribuidas a los acusados se encuentran tipificadas en el artículo 248 del Código Penal, en concurso real con el artículo 55 de la Ley N°24.051 de Residuos Peligrosos, en carácter de coautores”. Es decir, incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso real con contaminación ambiental.
