Querella pide definiciones por el futuro de los ocho policías imputados
NewsITe
Ocho policías de La Rioja quedaron en el centro de una fuerte polémica institucional tras ser imputados en una causa por presunta privación ilegítima de la libertad, apremios ilegales y torturas en la comisaría de Ulapes, en el departamento Ayacucho. Mientras la Justicia avanza con la investigación, persisten las dudas sobre cuál es, en concreto, la situación administrativa de los efectivos y qué decisiones tomó el gobierno de Ricardo Quintela.
De acuerdo con información recogida por Noticias Argentinas, el abogado querellante Nicolás Mercado presentó el 12 de agosto ante Asuntos Internos copias certificadas de las denuncias, sus ratificaciones, el dictamen fiscal y la resolución judicial. El objetivo fue acelerar el sumario administrativo y exigir una definición clara sobre el futuro funcional de los agentes investigados.
Las denuncias se originaron en testimonios de personas que dijeron haber sido detenidas y trasladadas a la comisaría de Ulapes, donde habrían sido encapuchadas y sometidas a golpes y malos tratos para forzarlas a confesar un delito. Las acusaciones aún deben ser probadas en el marco del proceso judicial, y los imputados mantienen el principio de inocencia hasta que exista una sentencia firme.
Mercado indicó que el Ministerio Público Fiscal impulsó el inicio del sumario judicial contra ocho policías por dos episodios distintos. La identificación de los presuntos responsables no resulta sencilla: los denunciantes habrían estado con el rostro cubierto durante los hechos, lo que complica la individualización de cada agente. El letrado también manifestó preocupación por la preservación de la prueba, en particular el libro de guardia y los registros internos de la seccional.
Medidas judiciales, versiones cruzadas y rol del gobierno provincial
El fiscal Julián de la Colina confirmó públicamente las imputaciones y detalló que la causa alcanza a cinco efectivos que estaban de guardia, al comisario, al segundo jefe y a otro oficial. Según trascendió, no hay detenidos y aún restan cumplirse distintas medidas de prueba solicitadas tanto por la fiscalía como por las partes acusadoras.
En el plano administrativo, sin embargo, la información oficial fue confusa. Fuentes consultadas señalaron que Asuntos Internos dispuso inicialmente el apartamiento preventivo de todos los involucrados. Pero, al día siguiente, se informó que los policías continuaban en uso de licencia médica o administrativa, sin una suspensión expresa de sus cargos.
La conducción de la Policía de La Rioja depende del Poder Ejecutivo provincial, por lo que, si bien la definición penal corresponde exclusivamente a fiscales y jueces, la responsabilidad sobre el funcionamiento de Asuntos Internos y la difusión de la situación laboral de los investigados recae en la gestión de Quintela. La falta de una comunicación uniforme alimentó el reclamo de la querella, que exige transparencia y celeridad.
Derechos humanos, controles y expectativa por definiciones
La Secretaría de Derechos Humanos de la provincia interviene en el expediente desde junio. El organismo solicitó rapidez en la investigación y el resguardo de las cámaras de seguridad de la comisaría, consideradas una evidencia clave para reconstruir lo ocurrido. En un primer momento, informó el apartamiento del comisario y el subcomisario, aunque persistieron cuestionamientos por la continuidad de otros efectivos señalados en las denuncias.
Al 12 de agosto, la causa seguía con ocho policías imputados, sin condenas y con distintas medidas judiciales pendientes de ejecución. La querella había aportado documentación certificada a Asuntos Internos, pero la resolución administrativa que detallara con precisión la situación funcional de cada agente no figuraba en los canales oficiales consultados.
- Ocho policías imputados por presunta privación ilegítima de la libertad, apremios ilegales y torturas.
- Investigación abierta en la comisaría de Ulapes, con intervención de la Secretaría de Derechos Humanos.
- Versiones cruzadas sobre el apartamiento o continuidad de los efectivos en sus cargos.
- Reclamo de la querella por definiciones institucionales del gobierno provincial.
“Las imputaciones no equivalen a una condena, pero la respuesta administrativa del Estado debe ser clara, rápida y transparente”, plantean desde la querella.
En este escenario, la atención se centra ahora en las próximas decisiones judiciales y en la postura que adoptará el Ejecutivo riojano. Organismos de derechos humanos y referentes locales insisten en que la investigación avance sin presiones y con resguardo de todas las pruebas, mientras las familias de los denunciantes reclaman garantías y una respuesta contundente frente a posibles abusos policiales.
