Desde la oposición presentaron una Minuta de Comunicación en el Concejo Deliberante para exigir al intendente Mauro Poletti un informe detallado sobre las cuentas municipales y los pagos pendientes con proveedores.
La situación financiera del Municipio de Ramallo genera cada vez más preocupación entre los concejales, los proveedores y la comunidad en general. Desde la oposición alertaron que las cuentas municipales se encuentran en una situación crítica, con una deuda que supera los $7.190 millones.
Este escenario motivó al bloque de Juntos–UCR a presentar una Minuta de Comunicación en el Concejo Deliberante, solicitando al intendente Mauro Poletti un informe detallado sobre el estado actual de las finanzas y las obligaciones pendientes con proveedores.
El pedido se sustenta en un diagnóstico alarmante: en apenas un año y medio, la deuda flotante del municipio habría aumentado un 700%, mientras que la deuda con proveedores se incrementó un 1.150%. Estas cifras reflejan un grave deterioro de las cuentas públicas y una pérdida de capacidad de pago que comienza a afectar la prestación de servicios esenciales.
“Queremos saber con claridad cuál es la situación económica real del Municipio, qué montos se deben, a quiénes y desde cuándo. La transparencia es fundamental para recuperar la confianza y evitar que esta crisis se profundice”, señalaron desde el bloque opositor.
La minuta solicita al Ejecutivo que detalle los montos totales adeudados, el listado de proveedores con pagos pendientes, la antigüedad de las deudas, los motivos del atraso y las medidas previstas para regularizar la situación. Además, se pide que se priorice el pago a proveedores locales y a aquellos vinculados a servicios esenciales, como salud, obras públicas y asistencia social.
En las últimas semanas, varios comerciantes y contratistas han manifestado públicamente su preocupación ante la falta de pago por bienes y servicios ya entregados, lo que genera un efecto en cadena sobre la economía local. Algunos proveedores advierten que la falta de cobro los coloca al borde del cierre o la reducción de personal, agravando una situación económica ya de por sí compleja en la región.
La oposición advierte que la demora en los pagos “deteriora la confianza institucional” y podría derivar en acciones judiciales contra el Municipio, además de comprometer el normal funcionamiento de las dependencias públicas.
Mientras tanto, desde el oficialismo no se emitieron declaraciones públicas sobre el pedido de informes, aunque fuentes cercanas al Ejecutivo reconocen que “la situación financiera es delicada” y que se están evaluando alternativas para afrontar los compromisos asumidos. Según argumentan, la judicialización de la tasa por Seguridad e Higiene por parte de grandes empresas radicadas en el distrito, generaron condiciones de zozobra en las cuentas municipales.
Por otro lado, los concejales de Juntos–UCR insistieron en la necesidad de “poner la situación en blanco sobre negro”, garantizar la transparencia de las cuentas y adoptar medidas urgentes para regularizar los pagos. Mientras tanto, los proveedores esperan respuestas y un plan de acción que permita recomponer la confianza y evitar que la deuda municipal siga creciendo.
