La adjudicación de un campamento para el proyecto cuprífero Vicuña abrió una fuerte discusión entre empresas nacionales y un consorcio liderado por firmas chinas. Industriales argentinos cuestionan el impacto sobre el empleo local y advierten que la decisión dejará fuera a decenas de proveedores del país.
La adjudicación de un campamento modular para uno de los proyectos mineros más ambiciosos de la historia argentina desató una fuerte controversia en el sector industrial. Un consorcio integrado por la compañía estatal PowerChina, la firma Beijing Chengdong y la empresa santafesina RAFA S.A. obtuvo el contrato para instalar en San Juan una ciudad modular destinada a alojar a miles de trabajadores vinculados al desarrollo cuprífero Vicuña.
La iniciativa contempla la importación desde China de módulos prefabricados que funcionarán como viviendas, oficinas y espacios de servicios para el personal que participará de las distintas etapas del emprendimiento. Según informó Infobae, el complejo comenzará con una capacidad de 2.500 camas, aunque el esquema de trabajo rotativo permitirá alojar entre 3.500 y 5.000 personas.
Con el avance de las obras, la demanda de mano de obra podría alcanzar los 12.000 trabajadores, por lo que el campamento deberá ampliarse hasta unas 6.000 plazas. Los módulos llegarán completamente equipados y serán ensamblados en la cordillera sanjuanina mediante un sistema de construcción rápida.
La adjudicación generó cuestionamientos entre representantes de la industria nacional, quienes sostienen que la decisión reducirá significativamente la participación de empresas argentinas en la cadena de valor del proyecto.
Reclamos por el impacto en el empleo y los proveedores nacionales
Las críticas provienen principalmente de la Cámara Argentina de la Construcción Modular y de distintos sectores vinculados a la industria metalúrgica y de la construcción. Los empresarios aseguran que fabricar los módulos en el país habría generado una cantidad considerablemente mayor de puestos de trabajo.
Juan Pablo Rudoni, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción Modular, señaló que la producción local podría haber creado alrededor de 400 empleos directos. En contraste, la alternativa importada demandará aproximadamente 50 trabajadores para tareas de logística y montaje.
Los cuestionamientos también apuntan al efecto sobre los proveedores nacionales. Desde el sector estiman que unas cincuenta empresas argentinas podrían haber participado en la fabricación de componentes, estructuras metálicas, cerramientos y equipamiento si la obra se hubiera realizado localmente.
Los empresarios remarcan que Argentina cuenta con capacidad instalada para afrontar proyectos de gran escala. Como ejemplo, recuerdan la construcción de campamentos para la industria energética y la rápida instalación de hospitales modulares durante la pandemia.
Según detalló Infobae, las compañías locales consideran que el ahorro obtenido mediante la contratación del consorcio chino resulta marginal frente al volumen total de inversión previsto para el proyecto minero.
La diferencia de costos y el papel del RIGI
El consorcio liderado por PowerChina presentó una oferta cercana a los 52 millones de dólares para desarrollar el campamento Batidero. La empresa argentina Modular Homes había ofertado alrededor de 70 millones de dólares.
La diferencia de 18 millones de dólares fue determinante para la adjudicación. Sin embargo, los referentes industriales sostienen que esa cifra representa una porción mínima dentro de los aproximadamente 18.000 millones de dólares que demandará el desarrollo integral del proyecto Vicuña hasta el año 2040.
Otro de los puntos cuestionados es el impacto del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Desde la industria local afirman que las empresas extranjeras acceden a beneficios fiscales y aduaneros que generan condiciones de competencia desiguales frente a los fabricantes argentinos.
Rudoni sostuvo que esas ventajas podrían reducir hasta un 30% los costos finales de las compañías beneficiadas. En ese contexto, argumentó que una empresa nacional con los mismos incentivos habría podido presentar una propuesta más competitiva.
Además de la cuestión económica, los industriales expresaron dudas sobre la conveniencia de importar módulos fabricados en otro continente para ser utilizados en condiciones extremas de altura, amplitud térmica y actividad sísmica.
Un debate abierto sobre el desarrollo industrial argentino
El proyecto Vicuña es impulsado por las compañías Lundin Mining y BHP y busca posicionar a Argentina entre los principales productores mundiales de cobre. La iniciativa prevé una producción anual cercana a las 400.000 toneladas durante varias décadas.
La magnitud de la inversión convierte al emprendimiento en uno de los desarrollos mineros más importantes de la historia del país. Sin embargo, la decisión de importar infraestructura clave abrió una discusión sobre el alcance real del derrame económico que generan las grandes inversiones.
Las cámaras empresarias sostienen que la incorporación de proveedores nacionales debería tener un peso mayor en los procesos de contratación, especialmente en proyectos estratégicos que reciben beneficios fiscales especiales.
Por el contrario, los impulsores del modelo destacan la rapidez de instalación, la capacidad de expansión y la reducción de costos que ofrecen los sistemas modulares importados.
La controversia continúa abierta y refleja una discusión más amplia sobre cómo compatibilizar la llegada de inversiones extranjeras con la generación de empleo, producción y desarrollo industrial dentro de Argentina.
