Diputados debate una polémica reforma con fuerte rechazo ambiental
La Cámara de Diputados se prepara para realizar este miércoles 25 y jueves 26 de marzo dos audiencias públicas sobre la reforma de la Ley de Glaciares, en medio de una fuerte controversia por las restricciones impuestas a la participación ciudadana. De los cerca de 100 mil inscriptos, solo 400 oradores tendrán la posibilidad de exponer en forma presencial o virtual, según el esquema definido por el oficialismo de La Libertad Avanza (LLA).
Las audiencias se desarrollarán en dos jornadas: una presencial en el Congreso y otra virtual a través de la plataforma Zoom. Solo podrán asistir los 66 diputados que integran las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales, más dos asesores por legislador. El resto de los participantes deberá enviar sus posturas por escrito o mediante un video de hasta cinco minutos.
La decisión del oficialismo motivó reclamos de bloques opositores del peronismo, la izquierda y el interbloque Provincias Unidas, así como de organizaciones ambientalistas que denuncian una vulneración de los estándares de participación pública. Pese a los pedidos de ampliar los días y la cantidad de oradores, LLA ratificó el cronograma fijado para el 25 y 26 de marzo.
Cómo será el mecanismo de participación
De acuerdo con una resolución firmada por los presidentes de las comisiones, José Peluc (Recursos Naturales) y Nicolás Mayoraz (Asuntos Constitucionales), solo podrán exponer de manera oral —presencial o por Zoom— los primeros inscriptos de cada uno de los 24 distritos del país. La intención declarada es asegurar una participación federal mínima, con al menos un cupo por jurisdicción.
El esquema prevé que cerca de 200 personas se presenten en el Congreso el miércoles y otras 200 intervengan de forma virtual el jueves. El resto de los casi 100 mil inscriptos deberá conformarse con remitir documentos escritos o videos, que serán incorporados como antecedentes al expediente legislativo pero sin exposición oral en la audiencia.
En el sitio web de la Cámara de Diputados se aclara que todas las presentaciones, ya sean presenciales, virtuales, por video o por escrito, pasarán a integrar el expediente del proyecto de reforma de la Ley 26.639, que regula la protección de glaciares y del ambiente periglacial.
El reclamo de Greenpeace ante la Justicia
Frente a este escenario, la organización ambientalista Greenpeace presentó una medida cautelar ante la Justicia para que se garantice la participación oral de la totalidad de los inscriptos. La causa quedó radicada en el juzgado a cargo de Enrique V. Lavié Pico.
La ONG solicita que se ordene al Congreso “garantizar la participación oral de la totalidad de los inscriptos en la audiencia pública” convocada para debatir la reforma aprobada previamente por el Senado. Para ello, propone readecuar el cronograma, ampliar los días previstos y sumar jornadas adicionales, de modo de permitir la intervención efectiva de todas las personas anotadas.
Greenpeace también reclama que el Parlamento se abstenga de implementar mecanismos que, a su entender, “sustituyen o restringen la participación oral”, como reemplazar las exposiciones por presentaciones audiovisuales o el envío de videos a plataformas digitales. En línea con estándares internacionales, la organización enfatiza que la participación pública debe ser amplia, informada y no meramente formal.
Qué cambia con la reforma de la Ley de Glaciares
El proyecto en debate apunta a modificar la Ley 26.639, que hoy establece presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial. El corazón de la reforma pasa por redefinir el alcance de las zonas protegidas y habilitar, bajo ciertas condiciones, actividades económicas en áreas que actualmente están vedadas a la explotación.
Entre los puntos centrales, se propone eliminar la prohibición automática de actividades extractivas en territorio periglacial. En su lugar, se plantea permitir proyectos de exploración y explotación, siempre que superen evaluaciones de impacto ambiental realizadas por las autoridades competentes.
- Redefinición de qué se considera ambiente periglacial y qué áreas quedan efectivamente protegidas.
- Autorización de actividades extractivas, sujetas a evaluación de impacto ambiental.
- Mayor transferencia de facultades a las provincias para decidir qué zonas se preservan.
La iniciativa es respaldada por un grupo de gobernadores que impulsan la flexibilización del régimen actual para facilitar inversiones millonarias en proyectos de megaminería y explotación de hidrocarburos en zonas cordilleranas. Argumentan que el marco vigente frena el desarrollo económico de regiones con fuertes potenciales productivos.
Organizaciones ambientalistas y sectores de la oposición advierten que la reforma puede comprometer reservas estratégicas de agua dulce y degradar ecosistemas frágiles de montaña.
Los bloques de la denominada “oposición dura” y diversas ONG ambientales sostienen que, si se aprueba la reforma, quedarían sin efecto prohibiciones clave destinadas a evitar que actividades industriales afecten la estabilidad y la calidad de los glaciares y del ambiente periglacial. En las audiencias de esta semana se medirán fuerzas entre quienes reclaman mayores márgenes para la actividad económica y quienes exigen mantener —o incluso reforzar— la protección de una de las principales reservas de agua del país.
