Debate abierto por la reforma de la Ley de Glaciares
NewsITe
El reciente proyecto de modificación de la Ley de Glaciares, que ya obtuvo media sanción en el Senado, abrió un intenso debate político, ambiental y económico en todo el país. La iniciativa, impulsada por el Gobierno nacional a pedido de gobernadores aliados, redefine el alcance de las zonas protegidas y amplía la participación de las provincias en la toma de decisiones sobre la protección del ambiente periglacial.
El objetivo central del proyecto es permitir tareas de exploración y explotación económica en áreas que, bajo la normativa vigente, se encuentran vedadas para la actividad minera e industrial. De este modo, se busca facilitar el desembarco de millonarias inversiones, especialmente en las provincias del norte y de Cuyo, en línea con los incentivos previstos en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), incluido en la Ley Bases sancionada en 2024.
Entre los principales promotores políticos se encuentran los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil; de San Juan, Marcelo Orrego; de Salta, Gustavo Sáenz; y de Mendoza, Alfredo Cornejo, distrito con uno de los desarrollos mineros más consolidados del país. La reforma fue aprobada en la Cámara alta por 40 votos a favor y 31 en contra, reflejando una fuerte polarización legislativa.
Qué cambia de la Ley 26.639
La Ley de Glaciares original, la 26.639, sancionada en 2010, fijó presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial y creó el Inventario Nacional de Glaciares, con el objetivo de identificar y registrar todas las masas de hielo y geoformas periglaciares del territorio argentino. Estos glaciares alimentan 39 cuencas hidrográficas y se distribuyen a lo largo de unos 3.500 kilómetros de la cordillera de los Andes.
El proyecto en debate apunta a modificar los criterios de protección vigentes. Uno de los puntos más sensibles es la eliminación de la prohibición automática de actividades extractivas en áreas periglaciales. En su lugar, se habilitaría el desarrollo de proyectos económicos siempre que superen evaluaciones de impacto ambiental y no se acredite que el área cumple una función hídrica relevante.
Actualmente, la protección se determina a partir de estudios técnicos que deben demostrar si una zona aporta agua en cantidad y calidad significativas. Si no se comprueba científicamente esa función, las áreas podrían quedar disponibles para la explotación minera o industrial. Críticos de la reforma advierten que este cambio podría reducir el estándar de protección ambiental y aumentar la presión sobre ecosistemas frágiles en un contexto de crisis hídrica y cambio climático.
Más poder para las provincias y críticas al inventario
Otro aspecto clave de la propuesta es la transferencia de mayores facultades a las provincias, que pasarían a tener un rol protagónico para definir qué sectores proteger y cuáles habilitar para la actividad económica. Así, se busca reducir la injerencia del Gobierno nacional en la determinación del mapa de áreas resguardadas.
- Los gobernadores sostienen que el Inventario Nacional de Glaciares está desactualizado y no refleja con precisión la realidad actual de los cuerpos de hielo.
- Defensores de la norma vigente señalan que el inventario enfrentó serias dificultades de financiamiento, pero remarcan que constituye una herramienta clave para la gestión del agua.
- Organizaciones ambientales alertan que flexibilizar la protección sobre ambiente periglacial puede comprometer reservas estratégicas de agua dulce.
El corazón de la discusión gira en torno al equilibrio entre la necesidad de atraer inversiones y la obligación de preservar las fuentes de agua en un país altamente vulnerable al cambio climático.
De avanzar en Diputados, la reforma marcaría un giro en la política ambiental argentina al priorizar la autonomía provincial y el impulso a la minería en zonas de alta sensibilidad hídrica. Mientras tanto, el debate promete profundizarse con la participación de especialistas, organizaciones sociales, cámaras empresarias y gobiernos locales, en un escenario donde el cuidado del agua y el modelo de desarrollo vuelven a estar en el centro de la agenda pública.
