El Gobierno de De la Espriella ordenó sacar más de 30 piezas
NewsITe
El Museo Nacional de Colombia se transformó en el nuevo epicentro de la llamada “batalla cultural” que impulsa el presidente de derecha Abelardo de la Espriella. El Gobierno ordenó retirar más de 30 piezas de sus exhibiciones permanentes, entre ellas obras, afiches y documentos vinculados con los derechos de las minorías sexuales, el feminismo, la violencia política y el proceso de paz con las FARC.
La medida se ejecutó el 15 de octubre y afectó, principalmente, las salas “Hacer sociedad”, “Memoria y Nación” y “Fuerza, fe y sustancia”. En estos espacios quedaron paredes vacías y marcas visibles de los objetos desmontados, alterando el relato museográfico sobre la historia reciente del país. De acuerdo con el diario colombiano El Espectador, fueron retiradas fotografías, afiches de campañas políticas, documentos históricos y piezas simbólicas del proceso de paz.
Entre los elementos que ya no están en exposición se encuentran afiches de las campañas presidenciales de Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro, ambos asesinados en 1990, así como el conocido “Balígrafo”, una lapicera confeccionada con un casquillo de bala utilizada en la firma del Acuerdo de Paz de 2016 con las FARC. También fueron retirados materiales sobre luchas feministas, registros de movilizaciones LGBTIQ+ y el tarjetón de la Séptima Papeleta, clave en el impulso de la reforma constitucional de 1991.
La cruzada contra el “wokismo” y el rol de la cultura
La intervención se produjo en paralelo con el lanzamiento presidencial de una “contrarrevolución cultural” contra lo que De la Espriella define como “wokismo”. El mandatario sostiene que no permitirá que antiguos integrantes de organizaciones guerrilleras sean presentados como héroes nacionales y anticipó una revisión exhaustiva de los contenidos exhibidos en instituciones culturales públicas.
En esa línea se expresó la ministra de Cultura, Paola Holguín, quien defendió la decisión al afirmar que el museo no debe convertirse en una herramienta de “adoctrinamiento político” ni promover lecturas “sesgadas” de la historia. El Gobierno adelantó que avanzará en una revisión de los criterios curatoriales y museográficos de los espacios que dependen de la cartera cultural.
Reacciones y protestas frente al Museo Nacional
La medida desató un fuerte rechazo de especialistas, trabajadores culturales y organizaciones sociales, que alertan sobre el impacto de una intervención política directa en el patrimonio histórico y en la construcción de memoria colectiva. El último sábado, más de 500 personas se concentraron frente a la sede del museo en Bogotá para exigir la restitución inmediata de las piezas retiradas y reclamar garantías de autonomía para la institución.
Entre los manifestantes se hicieron oír voces de historiadores, artistas y referentes de derechos humanos, que señalaron que la exclusión de materiales vinculados con el conflicto armado interno, el movimiento feminista y la diversidad sexual implica borrar capítulos centrales de la historia reciente de Colombia. También advirtieron que los museos cumplen un rol clave en la elaboración social del pasado y que alterar unilateralmente sus contenidos habilita reescrituras oficiales de la memoria.
Paralelos con la “batalla cultural” en la Argentina
La ofensiva del gobierno colombiano guarda similitudes con la estrategia del presidente argentino Javier Milei, que también colocó la disputa por la memoria histórica y el papel del Estado en el terreno cultural como uno de los ejes de su proyecto político. En la Argentina, esa confrontación se plasmó en recortes presupuestarios, reestructuración de organismos culturales y de derechos humanos, y cuestionamientos a las narrativas sobre la última dictadura militar.
Entre las decisiones más relevantes en el plano local se cuentan los cambios en la estructura del Museo Sitio de Memoria ESMA y del Archivo Nacional de la Memoria, además de restricciones en los mecanismos de financiamiento del cine nacional y otras políticas públicas de apoyo a la producción artística. En ambos casos, tanto en Colombia como en la Argentina, los gobiernos de derecha plantean que buscan disputar una presunta “hegemonía cultural progresista”.
La discusión de fondo excede las fronteras: hasta dónde puede intervenir el poder político en instituciones que tienen la tarea de conservar, investigar y transmitir la memoria colectiva de una sociedad.
Mientras en Bogotá continúan las protestas y crece el debate sobre el rol del Museo Nacional, el caso se suma a una tendencia regional en la que los gobiernos utilizan la cultura y la memoria como terreno de disputa ideológica. El desenlace de esta controversia será clave para definir los límites entre la autonomía de las instituciones culturales y la capacidad de los Estados de moldear el relato histórico oficial.
