Prisión domiciliaria para el principal acusado por los incendios en Cafayate
NewsITe
La decisión judicial de otorgar prisión domiciliaria al principal sospechoso de haber iniciado los incendios que arrasaron más de 200 hectáreas en Cafayate, Salta, generó un fuerte malestar en la comunidad y reabrió el debate sobre las respuestas del sistema penal frente a los delitos ambientales.
El acusado, un hombre de 32 años, fue imputado por el delito de incendio doloso luego de que la fiscalía lograra ubicarlo en la zona donde se originaron los focos ígneos. De acuerdo con la investigación, su teléfono celular lo situó en la finca El Monte, en inmediaciones del aeródromo Gilberto Lavaque, precisamente en el momento en que comenzaron los incendios que afectaron áreas rurales y zonas de monte nativo.
Los investigadores también determinaron que el sospechoso conocía con detalle el lugar, ya que concurría con frecuencia al sector para extraer leña. Esa circunstancia, sumada a los registros de geolocalización y a declaraciones testimoniales, fue considerada como parte de la evidencia reunida por el Ministerio Público Fiscal.
Pese a esos elementos, la Justicia resolvió dictar 30 días de prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario, medida que el acusado cumplirá en su vivienda de Cafayate, a unos 195 kilómetros al sur de la ciudad de Salta. La resolución fue cuestionada por sectores de la comunidad y por referentes vinculados a la defensa del ambiente, que la consideran poco acorde con la magnitud del daño provocado.
El pedido de la fiscalía y los antecedentes del imputado
Durante la audiencia de imputación, la fiscalía de Cafayate había solicitado que el sospechoso continuara detenido en una unidad carcelaria. El planteo se basó en la existencia de posibles riesgos procesales —como entorpecimiento de la investigación o falta de sujeción al proceso— y en que aún resta el análisis de distintas pruebas periciales y tecnológicas vinculadas al origen del fuego.
Entre los argumentos también se mencionó que el imputado registra una condena de ejecución condicional dictada en octubre de 2025, lo que, a criterio de la acusación, agrava su situación procesal. En paralelo, la investigación sigue adelante con la toma de nuevos testimonios, peritajes sobre el terreno afectado y otras diligencias destinadas a determinar con precisión cómo se desató el siniestro y si hubo más personas involucradas.
La defensa, en cambio, negó la participación del acusado en los hechos y rechazó la hipótesis presentada por la fiscalía. Sostuvo que los indicios tecnológicos deben ser interpretados con cautela y reclamó que se respete la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia firme.
Daño ambiental y reclamo social en Cafayate
Los incendios que afectaron a Cafayate se registraron en un contexto de alta preocupación por los focos ígneos en el noroeste argentino, donde la sequía y las altas temperaturas incrementan la vulnerabilidad del ambiente. En este caso, las llamas arrasaron con más de 200 hectáreas, entre campos productivos, pastizales y sectores de monte, con impacto directo en la fauna y en la actividad turística de la zona.
- Más de 200 hectáreas afectadas por el fuego en Cafayate.
- Un hombre de 32 años imputado por incendio doloso.
- Prisión preventiva de 30 días, pero bajo arresto domiciliario.
- Investigación en curso con peritajes y nuevos testimonios.
La intendenta de Cafayate, Rita Guevara, había presentado a comienzos de junio una denuncia formal ante la sospecha de que se trataba de un hecho intencional. Ese escrito dio origen al expediente que hoy se tramita en la Justicia provincial y que busca determinar responsabilidades penales por el daño causado.
La decisión de otorgar prisión domiciliaria al imputado, pese a la gravedad del episodio, encendió críticas entre vecinos y organizaciones que reclaman sanciones más severas para quienes provoquen incendios forestales.
Mientras se aguardan nuevos avances en la causa, el caso se convirtió en un símbolo de la tensión entre las garantías del proceso penal y la necesidad de brindar una respuesta firme frente a hechos que comprometen seriamente el ambiente y la seguridad de las comunidades.
