Un estudio realizado por diferentes organizaciones defensoras de derechos humanos reveló que solamente el 4% de las personas del colectivo encuestadas accede a una jubilación, y que el 93% sobrevive con ayuda de grupos de apoyo. La dificultad para terminar los estudios y conseguir un empleo formal tiene un impacto directo. El resultado corresponde a una encuesta realizada durante el primer semestre de 2024 en la Casa Caracol para vejeces LGBTIQ+, en Tucumán, pero representa una problemática común.
De la Redacción de EL NORTE
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Cuando se habla de jubilaciones y del impacto del fin de las moratorias, los análisis se centran en la realidad de hombres y mujeres cisgénero –que se identifican con el género asignado al nacer– y son escasas las estadísticas que se ocupan de otras realidades. El documento, elaborado por Familias Diversas Tucumán, La Grupa Trans, Crisálida Biblioteca y Les Warmi, es uno de los que ofrecen datos más recientes sobre las vejeces LGBT y el acceso que tienen a pensiones, alimentación, salud y diferentes servicios que hacen a la calidad de vida.
Entre otras cosas, el estudio señala que solamente el 4% de las personas encuestadas cuentan con una jubilación. Las demás no pudieron acceder a un empleo formal registrado, por lo que tampoco tienen los aportes necesarios para jubilarse. “Los trabajos que les generan ingresos no son constantes y la paga es poca. Saben que, donde trabajen, se les pagará menos que a otras personas”, afirman.
De esta situación se deriva que el 93% sobrevive con ayuda de “grupos de apoyo, familias elegidas, sociedad civil, vecinos que aportan alimentos”, aunque se destaca también que esa asistencia no es regular ni sostenida.
Necesidad de ayuda externa
El documento afirma también que “sólo el 6,7% no necesitó ayuda externa para poder alimentarse” y que la mayoría tuvo que restringir la compra de alimentos y productos de primera necesidad. “Las personas mayores LGBT expresaron sentimientos de desolación frente al panorama general y dijeron sentirse ‘una carga’, ya que sus grupos de apoyo, familias elegidas o amistades hacían grandes esfuerzos para sobrellevar este contexto de crisis”.
Por otra parte, reporta que el 84% de las personas tienen una comida completa una vez al día. En la mayoría de los casos, el horario de esa comida es al mediodía, “que es cuando pueden ir a la casa de alguien conocido, de sus apoyos o a alguna ONG o grupo como merenderos o comedores”. Aun así, “se cocina lo justo y muchas veces se quedan con hambre”.
Otro dato que surge del estudio que se conoció recientemente es que aumentó, en esta población, el consumo de productos ultraprocesados. “Las personas mayores LGBT consultadas debieron reducir la compra de lácteos, verduras, frutas y carnes por el incremento desmedido de precios y la depreciación del poder adquisitivo”, lo que llevó también a “tener una dieta basada únicamente en harinas”.
Dificultades de acceso al empleo
La situación podría empeorar no solamente con el fin de las moratorias, sino también con las crecientes dificultades del acceso al empleo de las personas de este colectivo. Desde Contratá Trans señalan que, a la par de la reducción del empleo estatal (en donde, se estima, fueron más de 150 las personas travesti-trans y no binarias despedidas durante 2024), también asistimos a un desfinanciamiento de las políticas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) al interior de las empresas. “De esta forma, se reducen las oportunidades de empleo formal para mujeres, personas trans y otros grupos históricamente vulnerados. A su vez, la eliminación de estos programas limita la creación de espacios seguros hacia el interior de estas empresas”, y también afecta la productividad: “Las empresas diversas tienen un 39% más de probabilidades de superar a sus competidores y obtener mejores resultados”.
La Ley 27.636, que establece un cupo laboral del 1% en el sector público –y que nunca llegó a cumplirse–, contempla, en palabras de la coordinadora del programa Contratá Trans, dos aspectos fundamentales: por un lado, el hecho de no considerar antecedentes policiales en las contrataciones, “ya que muchas personas trans mayores tienen causas judiciales derivadas de los edictos policiales que criminalizaron su existencia hasta el año 2000”. Por otro lado, “garantizar la terminalidad educativa, permitiendo que quienes no hayan finalizado sus estudios puedan hacerlo y capacitarse para acceder a mejores oportunidades laborales”.
