El fiscal Franco Picardi, que investiga la causa de la presunta mesa judicial de Cambiemos, solicitó información para vincularla con la supuesta presión para forzar la renuncia de Alejandra Gils Carbó a la procuración
El fiscal federal Franco Picardi requirió el listado completo de los ingresos de Fabián “Pepín” Rodríguez Simón a la quinta presidencial de Olivos y la Casa Rosada, entre 2016 y 2017, y los llamados telefónicos que haya registrado a su nombre desde diciembre de 2015 a 2019. El pedido quedó en manos de la jueza federal María Eugenia Capuchetti a cargo de la causa de la presunta “mesa judicial” montada por exfuncionarios del gobierno de Mauricio Macri para presionar a la exprocuradora General de la Nación Alejandra Gils Carbó para que presente su renuncia.
En particular, pidió que se informen “todos aquellos ingresos y salidas a ambas sedes de gobierno” y de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), que incluyan “registros de fechas, horarios, autorizaciones de ingreso, motivos, a quién/es visitó, tiempo de permanencia, acompañantes, etc.” en el período indicado.
También instó a que se informen “todos aquellos abonados telefónicos que haya registrado Fabián Rodríguez Simón a su nombre”, durante los cuatro años de la gestión de Cambiemos. Asimismo, solicitó que “una vez establecidas todas las líneas de teléfono indicadas, se deberá obtener el registro digital de llamadas y mensajes de textos entrantes y salientes con activación de celdas, en el período comprendido a los 10 días anteriores y posteriores de los eventos o hitos” que detalla el escrito judicial.
Picardi viene de sufrir un revés con otra medida de prueba solicitada en el marco de la causa de la mesa judicial: un peritaje -o “ciberpatrullaje”- sobre los posteos y opiniones críticas de Mauricio Macri y otros referentes de Cambiemos contra magistrados, a los largo de los cuatro años de su mandato. El peritaje fue realizado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado en la Investigación Criminal (Dajudeco), que depende de la Corte, pero fue objetado ante el máximo tribunal por el exministro de Justicia Germán Garavano y Elisa Carrió. La jueza Capuchetti entendió que se violó la libertad de expresión.
En esta ocasión, el fiscal Picardi requirió que “se realice un entrecruzamiento tendiente a establecer los números telefónicos que establecieron comunicación, con mayor frecuencia, con Rodríguez Simón. Respecto de estos, deberá establecerse la titularidad de las líneas resultantes.
También, será necesario que se precisen aquellos registros de números encriptados con los que se pudo haber establecido contacto”. Por último, indicó que “deberán establecerse las geolocalizaciones más frecuentes de ambos, correspondientes a los períodos precedentemente enunciados”.
“Se trata, a mi criterio, de una disposición necesaria para profundizar adecuadamente el conocimiento de los hechos que integran el caso”, justificó el fiscal. En esta línea, consideró que Alejandra Gils Carbó dio cuenta de las presiones posiblemente realizadas en miras a su renuncia, pese a que no las denunció formalmente. Además, Picardi señaló que Rodríguez Simón “habría dirigido amenazas expresas a esta última, por intermedio del [fiscal] Dr. Gabriel De Vedia, en el marco de un encuentro aparentemente institucional”.
Por lo tanto, explicó que el “estudio de comunicaciones” que propugna “se impone como necesario para conocer en mayor profundidad el contexto de presiones descripto, las posibles relaciones o vínculos presentes entre los hitos y hechos señalados, y la relevancia de las intervenciones descriptas”.
