Avanza la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete
NewsITe
El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó al juez de la causa que se levante el secreto fiscal y bancario del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y de su esposa, Julieta Bettina Angeletti, en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. La medida apunta a profundizar el análisis de la evolución patrimonial del funcionario y de su entorno más cercano.
El pedido incluye el acceso a información detallada sobre cuentas bancarias, plazos fijos, créditos, préstamos, consumos con tarjetas de crédito y débito, así como posibles vínculos con billeteras virtuales. El objetivo es contrastar esos datos con las declaraciones juradas presentadas ante los organismos de control y determinar si existieron inconsistencias o movimientos difíciles de justificar.
La investigación cobró impulso a partir de la compra de un departamento ubicado en el barrio porteño de Caballito, sobre la calle Miró, operación que quedó bajo la lupa de la Justicia. Según los datos que constan en el expediente, Adorni habría adquirido la propiedad con un adelanto de 30.000 dólares y un saldo de 200.000 dólares financiados en un año, sin intereses, modalidad que ahora se intenta esclarecer en detalle.
Nuevas citaciones y foco en las operaciones inmobiliarias
En paralelo al pedido de levantamiento del secreto fiscal y bancario, Pollicita dispuso la citación de cinco nuevos testigos para que brinden declaración testimonial en los tribunales de Comodoro Py. Entre ellos figura Pablo Martín Feijoo, amigo del jefe de Gabinete e hijo de una de las jubiladas que fue propietaria del departamento de Caballito antes de ser vendido al actual funcionario nacional.
El nombre de Feijoo surgió tras un allanamiento realizado por la Policía Federal Argentina en la Inmobiliaria Rucci, la firma que intervino en la comercialización de la vivienda. El testigo deberá presentarse a declarar el 22 de abril, en una audiencia clave para reconstruir el origen y las condiciones de la operación.
- La martillera pública Natalia Rucci y su esposo, Marcelo Trimarchi, dueños de la inmobiliaria, fueron citados para el 20 de abril.
- El encargado del edificio de la calle Miró deberá comparecer el 22 de abril.
- Para el 27 de abril fue convocado Juan Ernesto Cosentino, quien le vendió al matrimonio Adorni una casa en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.
Qué busca establecer la Justicia
Con estas medidas, la Justicia intenta reconstruir paso a paso cómo se concretaron las transacciones inmobiliarias vinculadas a Adorni y determinar si las condiciones de pago, los montos y los plazos se corresponden con la capacidad económica del funcionario y con lo declarado ante los organismos competentes.
El foco está puesto en posibles desproporciones entre los ingresos formales y la adquisición de bienes, así como en la eventual participación de terceros que pudieran haber facilitado o encubierto movimientos patrimoniales irregulares. El levantamiento del secreto fiscal y bancario es considerado una herramienta central para avanzar en esa línea de investigación.
Fuentes judiciales señalan que, tras la recepción de la nueva prueba documental y las declaraciones testimoniales, el fiscal evaluará si existen elementos suficientes para formular una imputación más concreta o si corresponde ampliar el alcance de la pesquisa.
Mientras tanto, el expediente se mantiene en una etapa de recolección de pruebas. La causa, que sigue con atención tanto en el ámbito político como en el judicial, podría tener derivaciones significativas para el jefe de Gabinete, según lo que surja del análisis de su patrimonio y de las operaciones inmobiliarias bajo la lupa.
