Juicio oral para una banda que operaba desde la cárcel de Bouwer
NewsITe
La Fiscalía de Instrucción de la Vigésima Séptima Nominación de Córdoba solicitó la elevación a juicio de una causa que investiga una serie de estafas cometidas durante la pandemia de Covid-19. En el expediente se encuentran imputadas 32 personas, acusadas de integrar una organización delictiva que se hacía pasar por personal de organismos del Estado nacional para engañar a sus víctimas.
De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron en pleno contexto de restricciones sanitarias, cuando miles de personas tramitaban beneficios como la Reparación Histórica o el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Aprovechando la confusión y la necesidad económica, los acusados habrían montado un esquema de llamadas telefónicas desde el interior del establecimiento carcelario de Bouwer, en Córdoba.
Según detalló el Ministerio Público Fiscal de Córdoba, los internos se presentaban ante sus interlocutores como empleados de la ANSES u otros organismos del Estado. La promesa era siempre la misma: la supuesta acreditación de una suma de dinero por programas oficiales de asistencia, con el argumento de que la víctima había sido beneficiada o tenía un trámite pendiente de cobro.
La maniobra se completaba cuando los acusados convencían a las personas de acercarse a un cajero automático para «finalizar el trámite». Una vez allí, las víctimas seguían instrucciones precisas que, lejos de habilitar el cobro de un beneficio, derivaban en operaciones bancarias que no alcanzaban a comprender: transferencias a terceros o la gestión de préstamos a su propio nombre.
Cómo operaba la organización delictiva
Los investigadores establecieron que el dinero obtenido de esa forma era rápidamente desviado a cuentas bancarias facilitadas por cómplices fuera del penal. Estos colaboradores cumplían el rol de receptores de los fondos y permitían darle apariencia de legalidad a las operaciones, dificultando el rastreo inmediato del dinero.
Las víctimas, en su mayoría, residían en distintas localidades de la provincia de Río Negro, aunque no se descarta que existan damnificados en otras jurisdicciones. La modalidad de estafa mediante el uso de cajeros automáticos y supuestos trámites de ANSES se convirtió en una de las más frecuentes durante los meses más duros de la pandemia, cuando crecieron las gestiones virtuales y telefónicas con el Estado.
- 32 personas están imputadas por estafa y asociación ilícita.
- 13 de los acusados permanecen privados de su libertad.
- A cuatro imputadas se les concedió prisión domiciliaria por razones familiares.
- Dos de los detenidos ya cumplían condenas por otras causas.
La Fiscalía sostiene que se trató de una organización estable, con un reparto de roles y una estructura destinada a cometer delitos de manera reiterada. La figura de la asociación ilícita apunta precisamente a sancionar a quienes se agrupan con ese fin, más allá de cada estafa individual.
Para los investigadores, la banda aprovechó la vulnerabilidad económica y la confianza en los organismos del Estado en pleno escenario de emergencia sanitaria.
Con el pedido de elevación a juicio, será ahora un tribunal quien determine la responsabilidad penal de los 32 imputados, en un caso que vuelve a poner en foco las estafas virtuales y telefónicas que proliferaron durante la pandemia y que aún hoy siguen siendo una de las modalidades delictivas más extendidas en el país.
