Piden elevar a juicio la causa por el incendio del depósito en La Plata
NewsITe
La Plata vuelve a estar en el centro de la escena judicial: el fiscal Fernando Padovan solicitó la elevación a juicio de la causa contra Roxana Aloise, propietaria del depósito de electrodomésticos que se incendió y ardió durante horas el 16 de julio pasado. La mujer está acusada de estrago culposo agravado y desobediencia, en concurso real, a partir de una serie de graves omisiones en materia de seguridad y habilitaciones.
De acuerdo con el dictamen fiscal, el inmueble funcionaba sin habilitación municipal vigente y no contaba con sistema de alarma contra incendios ni con extintores adecuados para la actividad que allí se desarrollaba. Para Padovan, estas irregularidades configuran una conducta “imprudente y negligente” por parte de la dueña del lugar, que habría inobservado reglamentos y ordenanzas obligatorias para este tipo de emprendimientos comerciales.
El depósito tenía planta baja destinada a oficinas y cuatro pisos superiores utilizados para el almacenamiento de electrodomésticos. Según se reconstruyó en la causa, años atrás en ese edificio funcionó una estación de servicio, por lo que aún conservaba cinco tanques de combustible inertizados. Ese dato, remarcan los investigadores, incrementaba el riesgo potencial ante cualquier foco ígneo.
La hipótesis principal de la fiscalía es que el siniestro se originó por un cortocircuito en uno de los balastros de iluminación ubicados en la planta baja. El fuego se habría propagado rápidamente a los demás niveles, provocando el colapso de la estructura de la planta superior sobre el segundo piso. Como consecuencia, heladeras, lavarropas y otros artefactos cayeron desde lo alto hacia la vereda y la calle 48, mientras una densa columna de humo negro y tóxico se elevaba durante varias horas.
Riesgo para vecinos y antecedentes de clausuras
El incendio no solo destruyó por completo el depósito, sino que también causó serios daños estructurales en departamentos del edificio lindero y puso en riesgo a terceros, entre ellos vecinos y transeúntes. Para el fiscal, esos efectos refuerzan la gravedad de la conducta atribuida a Aloise, quien habría explotado comercialmente la firma Al Tecno sin respetar las normas básicas de seguridad.
- Funcionamiento sin habilitación municipal al momento del incendio.
- Ausencia de sistemas de alarma y de extinción acordes al tipo de mercadería.
- Presencia de antiguos tanques de combustible, aunque inertizados.
- Daños materiales en propiedades linderas y riesgo para la población.
En el expediente también se detallan antecedentes de desobediencia a medidas de control. La firma habría sido clausurada en al menos dos oportunidades –en junio y julio de 2025, según surge del sumario–, pero las órdenes municipales no habrían sido respetadas. Empleados del lugar declararon que la responsable los obligó a continuar trabajando pese a las disposiciones de cierre preventivo.
Para el fiscal, la combinación de falta de habilitación, ausencia de medidas de seguridad y desobediencia a las clausuras conforma un cuadro de “grave imprudencia” que justifica la realización de un juicio oral para determinar responsabilidades penales.
Ahora será la Justicia de Garantías la que deberá resolver si hace lugar al pedido de elevación a juicio. De confirmarse, Aloise enfrentará un proceso oral y público en el que se analizarán las pericias técnicas, los testimonios de vecinos y empleados, y la actuación de los organismos de control municipales antes y después del siniestro.
