La Fiscalía impulsa llevar a juicio el caso Emmily Rodrigues
El Ministerio Público Fiscal solicitó la elevación a juicio oral de la causa que investiga la muerte de Emmily Rodrigues Santos Gomes, la joven brasileña de 26 años que falleció tras caer desde el sexto piso de un edificio del barrio porteño de Retiro, en marzo de 2023. El expediente vuelve así a ganar centralidad pública a partir del impulso de la acusación contra el empresario Francisco Sáenz Valiente.
La investigación está a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°10, actualmente subrogada por Alberto Gentilli, en trabajo conjunto con la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM), que encabeza Mariela Labozzetta. Ambos representantes del Ministerio Público consideran que Sáenz Valiente debe responder ante un tribunal por los delitos de suministro gratuito de estupefacientes, facilitación de un lugar para su consumo y abandono de persona agravado por el resultado muerte.
Si bien la Cámara Nacional de Apelaciones había resuelto procesar al imputado por homicidio culposo, los fiscales entienden que la figura penal que mejor se adecua a lo ocurrido es la de abandono de persona. Ese cambio de calificación se apoya en la reconstrucción de los hechos ocurridos durante la madrugada del 30 de marzo de 2023 en el departamento de la calle Libertad.
La reconstrucción de la noche trágica en Retiro
De acuerdo con el expediente al que accedió la Agencia Noticias Argentina, Emmily Rodrigues llegó al domicilio de Sáenz Valiente pasadas las tres de la mañana para participar de una reunión privada. En ese encuentro se habría consumido alcohol y distintas drogas, entre ellas cocaína y la sustancia sintética conocida como “tuci”.
En sus declaraciones indagatorias, el empresario describió que la joven atravesó un cuadro de profunda alteración, con gritos, frases inconexas en portugués y manifestaciones de contenido religioso. Sostuvo que la vio “como poseída” y con una “mirada rara” antes de que, pocos minutos después, cayera por una ventana que da al pulmón interno del edificio. La autopsia determinó que la muerte se produjo por politraumatismos y hemorragias internas como consecuencia del impacto.
Para la fiscalía, el rol de Sáenz Valiente fue determinante. No solo lo señalan como proveedor de las sustancias, sino también como la persona que, pese a advertir el grave deterioro físico y mental de la joven, no interrumpió la situación ni gestionó asistencia médica. Según el requerimiento de elevación, Emmily se encontraba en un estado tal que no podía procurarse ayuda por sus propios medios.
Argumentos de la acusación y pruebas clave
En su presentación, Labozzetta y Gentilli remarcaron que la etapa de instrucción es preparatoria y que la calificación legal puede variar hasta el momento de la acusación final. Sin embargo, sostienen que el abandono de persona agravado por el resultado muerte refleja con mayor precisión la conducta atribuida al imputado, en un contexto de consumo de sustancias en un ámbito controlado por él.
- Mensajes previos en los que el empresario ofrecía drogas a sus invitadas.
- La puesta a disposición del departamento como espacio para el consumo.
- La ausencia de un llamado inmediato a los servicios de emergencia.
- El estado de vulnerabilidad en que se encontraba la víctima al momento de los hechos.
Para la acusación, esos elementos permiten inferir que “la invitación a su casa tenía implícita la situación de consumo y la provisión de la droga”. En ese marco, le reprochan al empresario no haber adoptado ninguna medida eficaz para resguardar la vida y la integridad de Emmily cuando su estado se volvió crítico.
“La calificación legal en la que se subsumen las conductas investigadas puede experimentar modificaciones hasta el momento de la acusación”, señalaron los fiscales al justificar el cambio hacia abandono de persona agravado.
Con el pedido de elevación a juicio ya presentado, será ahora el juzgado interviniente el que deberá resolver si habilita el debate oral. De avanzar, el proceso permitirá escuchar en audiencia pública a testigos, peritos y al propio imputado, y definir las eventuales responsabilidades penales por una muerte que sacudió al barrio de Retiro y reavivó el debate sobre las fiestas privadas con consumo de drogas en la Ciudad de Buenos Aires.
