Juicio oral por presunto encubrimiento y abusos tras el crimen
NewsITe
La causa por el crimen de Valentino Blas Correas sumó en las últimas horas un nuevo capítulo judicial. El fiscal Franco Mondino, de la Fiscalía de Instrucción en lo Penal Económico de 2° Nominación de Córdoba, solicitó la elevación a juicio oral de 11 funcionarios y exfuncionarios provinciales por su presunta responsabilidad en maniobras posteriores al asesinato del joven, ocurrido en agosto de 2020 durante un control policial.
El pedido alcanza a exautoridades del Ministerio de Seguridad y a altos mandos policiales, entre ellos el ex ministro de Seguridad de Córdoba, Alfonso Fernando Mosquera; el ex subsecretario de Coordinación y Planificación Estratégica de esa cartera, Lucas Sebastián Mezzano; y el ex comisario mayor Gonzalo Leonardo Cumplido, quien se desempeñaba como subdirector general de Seguridad de la Policía en la zona sur de la Capital.
Según la investigación, el nuevo tramo del expediente se abrió tras la sentencia de la Cámara Octava del Crimen de Córdoba, que juzgó el homicidio de Blas Correas y condenó a los policías que dispararon. Ahora se busca esclarecer la actuación de los responsables políticos y jerárquicos que habrían intervenido en el encubrimiento y en irregularidades cometidas después del hecho, incluyendo un supuesto “plantado” de un arma de fuego y ofrecimientos de dádivas.
Abuso de autoridad y violencia en el operativo
En uno de los hechos que llegarán a juicio, siete policías —Norberto González, Emmanuel Alejandro Fachisthers, Natalia Soledad Márquez, Melisa Janet Escalante, Ezequiel Daniel Eduardo Henot, Leonardo Alejandro Martínez y Rodrigo Emanuel Toloza— serán juzgados como presuntos autores del delito de abuso de autoridad. Para la fiscalía, quedó demostrado con grado de probabilidad que, durante el control vehicular de la madrugada del 6 de agosto de 2020, omitieron resguardar la vida de Blas y obstaculizaron su llegada al Hospital de Urgencias.
Además, la oficial principal Natalia Soledad Márquez deberá responder también por lesiones leves calificadas. Se le atribuye haber golpeado con dos patadas en el tobillo derecho a Camila María Toci, una de las jóvenes que viajaba junto al adolescente asesinado, mientras realizaba un supuesto palpado preventivo.
Encubrimiento y “plantado” de un arma
Otro de los hechos imputados recae sobre el entonces comisario mayor Gonzalo Leonardo Cumplido. Mondino lo acusa del delito de encubrimiento por omisión de denuncia agravada, al considerar probado que el jefe policial fue advertido sobre la colocación de un arma de fuego en la escena del crimen con el fin de desviar la investigación y justificar el accionar de los efectivos involucrados en el tiroteo.
De acuerdo con la pesquisa, Cumplido habría conocido estas maniobras y, pese a ello, no realizó las denuncias correspondientes, lo que para el Ministerio Público Fiscal configura una grave falta funcional y un aporte directo al encubrimiento del crimen, calificado públicamente como un caso de “gatillo fácil”.
Dádivas y beneficios a un jefe policial
El cuarto hecho que irá a juicio involucra al exministro Mosquera y a su excolaborador Mezzano. El fiscal los acusó de presentación u ofrecimiento de dádivas, mientras que a Cumplido lo señaló por la presunta admisión de esos beneficios. La maniobra, según la acusación, consistió en la entrega de un automóvil Toyota Corolla, con seguro pago y tickets de combustible, a favor del jefe policial.
Para la fiscalía, la entrega del vehículo se habría concretado en el marco de las derivaciones institucionales del homicidio de Blas Correas, y habría tenido por finalidad sostener o favorecer la posición de Cumplido en la estructura policial tras el caso.
Abuso de autoridad en el manejo de las cámaras
El quinto episodio que Mondino envió a juicio tiene como imputado al director de la Dirección Centro de Comunicaciones y Videovigilancia de la Policía, Víctor Rubén Di Stéfano. Se lo acusa de abuso de autoridad por haber autorizado el ingreso de personal jerárquico a la sala de videocámaras para que visualizaran imágenes del operativo, antes de que fueran debidamente resguardadas como prueba en la causa.
La investigación se centra ahora en la presunta red de encubrimiento y en el uso abusivo de funciones estatales tras el asesinato de Valentino Blas Correas.
En paralelo, el fiscal dispuso el archivo de tres líneas de investigación: una vinculada a la supervisión de la formación policial de uno de los efectivos condenados; otra ligada al trato y contención psicológica de las víctimas y familiares; y una tercera que ya había sido analizada por otra fiscalía respecto de la titular del Tribunal de Conducta Policial. Continúa, no obstante, abierta la pesquisa por presunta violación de medios de prueba contra otros siete policías, lo que anticipa que el entramado judicial del caso Blas Correas aún está lejos de cerrarse.
