El Peronismo Federal exige respuestas por el buque VS PROMISE
NewsITe
Diputados del bloque Peronismo Federal presentaron en la Cámara baja un proyecto de resolución para que el Poder Ejecutivo detalle todas las circunstancias que rodearon el ingreso, amarre y operación del buque petrolero VS PROMISE en el Puerto de Ushuaia, en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
La iniciativa, firmada entre otros por Guillermo Michel y Kelly Olmos, pone el foco en que se trata de una embarcación de bandera británica, registrada en la Isla de Man, que habría operado en instalaciones hidrocarburíferas de Río Cullen antes de amarrar en el muelle comercial de Ushuaia. El pedido cobra especial relevancia en el contexto de la histórica disputa de soberanía con el Reino Unido por las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.
El proyecto solicita información pormenorizada sobre la fecha y hora de ingreso del buque a aguas jurisdiccionales argentinas, su itinerario completo, los puertos de procedencia y destino, el Estado de bandera y registro, el agente marítimo interviniente y el detalle de todas las actividades realizadas durante su permanencia en territorio nacional. También reclama que se precise si el VS PROMISE operó en la monoboya de Río Cullen u otras instalaciones vinculadas con la extracción, carga, almacenamiento o transporte de hidrocarburos.
Los legisladores piden, además, que se identifique qué organismos autorizaron el ingreso, navegación y operación portuaria del buque, así como el acceso al Puerto de Ushuaia y su amarre. En ese sentido, requieren copias y detalles de los actos administrativos, expedientes, autoridades responsables y fundamentos jurídicos, técnicos, operativos, comerciales, ambientales, políticos y estratégicos que sustentaron la decisión.
Rol de Cancillería y organismos de control
El pedido de informes alcanza a múltiples dependencias: la Cancillería, el Ministerio de Economía, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), la Prefectura Naval Argentina, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, autoridades ambientales y organismos con competencia en materia de hidrocarburos. Los diputados buscan conocer también la intervención de la Administración General de Puertos S.A.U. en liquidación y las comunicaciones mantenidas con el Gobierno fueguino.
Un capítulo central del proyecto apunta a determinar si el canciller Pablo Quirno fue informado o consultado previamente sobre el ingreso y amarre del VS PROMISE y si participó la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como las áreas de la Cancillería con competencia en la Cuestión Malvinas, Atlántico Sur y Antártida. Los legisladores preguntan si se evaluaron las implicancias políticas, diplomáticas, jurídicas y estratégicas de la operación, considerando la relevancia geopolítica del puerto de Ushuaia.
En los fundamentos, recuerdan que mediante la Resolución 4/2026 la ANPyN dispuso la intervención administrativa del Puerto de Ushuaia por doce meses, asumiendo su gestión operativa, técnica y administrativa. El propio Gobierno nacional justificó esa medida por presuntas irregularidades, problemas de infraestructura y de seguridad, y la necesidad de garantizar una administración responsable de una terminal considerada clave para la proyección argentina sobre el Atlántico Sur y la Antártida.
Soberanía, hidrocarburos y posibles vínculos con Malvinas
El texto de la iniciativa reclama también que se informe si se verificaron los antecedentes del buque, su propietario registral, armador, operador técnico, agente marítimo, fletador, contratante y beneficiario final. Se busca establecer si alguno de ellos tiene vínculos societarios, comerciales u operativos con empresas que desarrollen actividades no autorizadas por la Argentina en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur o en los espacios marítimos circundantes.
En esa línea, los diputados preguntan si se evaluó la eventual aplicación de la Ley 26.659 y sus modificatorias —que regula la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina— y el cumplimiento del Decreto 256/2010, normas que fijan restricciones a empresas y embarcaciones que operen en la zona en disputa.
Otro tramo del proyecto se concentra en los controles realizados por Prefectura, Aduana, ANPyN, autoridades ambientales y organismos con competencia hidrocarburífera, así como en el nivel de participación e información que tuvo el Gobierno de Tierra del Fuego. Los legisladores piden precisar si la provincia fue consultada previamente, qué comunicaciones se mantuvieron y qué respuesta recibió el reclamo formal presentado por el Ejecutivo fueguino.
Para los autores del proyecto, la administración nacional de un puerto estratégico como Ushuaia requiere transparencia, coordinación con las autoridades provinciales y una evaluación integral de las consecuencias de cada operación, especialmente cuando intervienen embarcaciones ligadas a jurisdicciones británicas.
Finalmente, el Peronismo Federal propone que el Poder Ejecutivo establezca protocolos específicos de consulta, control y evaluación estratégica para el ingreso a puertos del Atlántico Sur de buques registrados en territorios dependientes de la Corona británica o vinculados a actividades no autorizadas en zonas bajo disputa de soberanía. El objetivo, remarcan, es resguardar la soberanía argentina, la seguridad operativa y el interés nacional en un escenario geopolítico particularmente sensible.
