Elevación a juicio por la causa armada contra el acreedor Hauque
NewsITe
La Fiscalía Federal solicitó la elevación a juicio del expediente en el que se acusa al financista Elías Piccirillo de haber ideado y financiado el armado de una causa contra su acreedor, Francisco Hauque, y la pareja de este, Anahí Aquino Laprida. El caso se originó a partir de una deuda millonaria y derivó en un operativo policial que terminó con la detención de ambas víctimas bajo cargos presuntamente fraguados.
De acuerdo con el requerimiento de elevación, presentado por el fiscal federal Franco Picardi, Piccirillo habría diseñado un plan para lograr la detención de Hauque y Aquino Laprida con el objetivo de presionarlos y evitar que trascendiera públicamente una deuda cercana a los 6.000 millones de pesos. La maniobra se habría ejecutado mediante la colocación previa de un arma de fuego y más de un kilo de cocaína en el vehículo de la víctima.
La acusación alcanza también a Carlos Sebastián Smith, Iván Carlos Helguero, Facundo Adrián Ybarra, Erika Luciana Arias, Víctor Adrián Alvarenga Duarte, Héctor Javier Saavedra, Eliana Guadalupe Britos y Leonardo Ariel Tedone. Según la investigación, el 16 de enero de 2025 Piccirillo le habría entregado 30.000 dólares a Smith para conseguir una brigada policial dispuesta a concretar el operativo. Smith, a su vez, habría convocado al entonces comisario de la Policía de la Ciudad Iván Helguero, quien organizó el procedimiento con otros seis efectivos.
El operativo se llevó a cabo en la madrugada del 18 de enero de 2025, cuando el Audi Q8 en el que se trasladaban Hauque y Aquino Laprida fue interceptado sobre la avenida Alvear al 1491, bajo la excusa de una supuesta situación de violencia de género. Durante la requisa, los policías declararon haber encontrado una pistola calibre 9 milímetros con pedido de secuestro por robo y dos bloques de cocaína que totalizaban 1,258 kilos. Para la fiscalía, se trató de una escena montada: las pruebas habrían sido introducidas previamente en el vehículo.
Los delitos imputados y el rol de cada acusado
En su requerimiento, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que Piccirillo, Smith y Helguero deben ser juzgados como coautores de privación ilegítima de la libertad con fines coactivos, agravada por la intervención de tres o más personas y por el uso de estupefacientes. Además, les atribuye tenencia simple de estupefacientes y encubrimiento agravado. En el expediente también se investiga la portación ilegítima de un arma de fuego de guerra.
La pesquisa determinó que, tras el operativo, Piccirillo habría entregado otros 20.000 dólares a Smith, quien a su vez habría pagado 20.000 dólares a Helguero y una suma adicional de 5.000 dólares al día siguiente. En febrero de 2025, el financista le habría girado otros 1.000 dólares a Smith, siempre según la acusación fiscal. Estas transferencias económicas refuerzan, a criterio de la fiscalía, la hipótesis de un esquema organizado de sobornos.
- Piccirillo y Smith están imputados por cohecho activo.
- Helguero enfrenta cargos por cohecho pasivo, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falso testimonio agravado.
- Los policías Ybarra, Tedone, Arias, Alvarenga Duarte, Saavedra y Britos fueron acusados por privación ilegal de la libertad cometida por funcionario público, abuso de funciones e incumplimiento de deberes.
- Ybarra y Tedone, además, fueron señalados por falsedad ideológica de documento público agravada y falso testimonio agravado.
Hauque y Aquino Laprida permanecieron detenidos hasta el 29 de enero de 2025, cuando recuperaron la libertad luego de que surgieran fuertes indicios de irregularidades en el procedimiento. Para la fiscalía, la investigación ya se encuentra agotada respecto de los nueve imputados principales y los elementos reunidos permiten sostener la acusación con el grado de certeza requerido para avanzar hacia un debate oral y público. Los procesamientos dictados en su contra quedaron firmes.
En paralelo, el Ministerio Público Fiscal pidió profundizar la investigación para determinar la eventual participación de Ezequiel Querejeta, Martín Migueles y otras personas aún no identificadas, lo que podría derivar en nuevas imputaciones en el futuro.
Con la elevación a juicio solicitada, será ahora el juez competente quien deberá resolver si el caso pasa a la instancia de debate oral, donde se ventilarán en profundidad las responsabilidades de cada uno de los acusados y las circunstancias que rodearon el presunto armado de la causa contra el acreedor.
