Según la investigación, la organización cometía secuestros “con un grado de sofisticación que supera el estándar medio”. Elegían a sus víctimas por su gran poder adquisitivo. Alquilaban de manera temporaria los sitios de cautiverio. Un mecánico, un animador de eventos infantiles y un parrillero, entre los imputados. En uno de los casos, cobraron más de medio millón de dólares.
De la redacción de EL NORTE
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La Fiscalía Federal de San Nicolás y la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO) pidieron elevar a juicio oral la causa en la que seis personas que están acusadas de conformar una asociación ilícita a la que se le atribuyen tres secuestros extorsivos con empresarios o familiares como víctimas, cometidos entre 2021 y 2023 en Rosario o la bonaerense de Villa Ramallo. La organización tenía como metodología usar como lugar de cautiverio propiedades rentadas en alquileres temporarios y entregarle al pagador una mochila con instrucciones con los que debían continuar las negociaciones.
Si bien el requerimiento de elevación a juicio fue presentado ante el titular del Juzgado Federal Nº2 de San Nicolás, el juez federal Carlos Villafuerte Ruzo, el fiscal federal de Rosario Javier Arzubi Calvo también formó parte del equipo de investigación del MPF que llevó adelante la instrucción que culminó a fines del año pasado con los allanamientos y las detenciones de los presuntos integrantes de la banda.
Los imputados -todos con prisión preventiva-, son el comerciante Claudio Daniel Coto (62), el mecánico Néstor Adrián Santabaya (60), el animador de eventos infantiles (con esa ocupación se identificó en la causa) Emiliano Mario Andrés Acuña (37), el cerrajero Sebastián Ezequiel Pugliese (46), su pareja Silvia Beatriz López (43) y el remisero y propietario de una parrilla Nicolás Adrián Santabaya (31), hijo además del segundo de los acusados mencionados.
En primer término, los fiscales federales solicitaron que los seis sean juzgados por el delito de asociación ilícita, al considerar que conformaban “una comunidad criminal dedicada a la ejecución de delitos indeterminados contra la propiedad y las personas, de manera organizada, mediante acuerdo previo y con permanencia en el tiempo”. A Coto y a Santabaya padre, les atribuyeron ser jefes u organizadores de dicha organización.
Santabaya hijo solo quedó imputado por asociación ilícita y por la tenencia ilegal de arma de guerra de una escopeta tipo Ithaca secuestrada en uno de los allanamientos. A los otros cinco acusados les imputaron tres hechos de secuestro -dos consumados y uno en grado de tentativa-, agravados por la participación de tres o más personas, por haberse cobrado el rescate exigido -en solo uno de los casos- y por ser una de las víctimas menor de 18 años -en dos de los hechos-.
Además, en los dos secuestros consumados en 2023 se le agrega el concurso ideal con el delito de robo agravado por haberse cometido en lugar poblado y en banda (por las pertenencias que les sacaron a sus víctimas). También les imputaron un hecho de extorsión en grado de tentativa y, solo a Coto, la tenencia ilegítima de un Documento Nacional de Identidad ajeno hallado en su billetera.
De Ramallo a San Nicolás
El primero de los hechos por los que Di Lello y Marquevich requirieron la elevación a juicio ocurrió el 24 de enero de 2023 en la ciudad bonaerense de Villa Ramallo y tuvo como víctima a uno de los hijos de un empresario petrolero y también excorredor de Turismo Carretera.
La víctima fue secuestrada cuando circulaba en una camioneta Volkswagen Amarok por un camino de tierra cercano a la ciudad bonaerense de Villa Ramallo, en un falso operativo policial que incluyó dos vehículos -uno con balizas-, y hombres con uniformes de la Policía Federal.
Según la investigación, el hombre fue trasladado hasta un domicilio de San Nicolás, donde lo encerraron en una habitación recostado en una cama, vendado y con precintos en sus piernas. Los captores se comunicaron a través de mensajes de texto con el hermano del cautivo y le hicieron saber la ubicación de la camioneta, donde habían dejado un bolso con teléfonos celulares y una nota donde daban instrucciones y pedían un millón de dólares de rescate.
El hermano -como víctima pasiva-, comenzó a recibir llamados y las negociaciones se extendieron hasta que al día siguiente acordaron un pago de 580.000 dólares. Lo obligaron a hacer un recorrido de varias postas que culminó en una estación de servicio de la localidad bonaerense de Wilde, en el partido de Avellaneda, donde por la noche un motociclista pasó a retirar el bolso con el dinero.
Los delincuentes se comunicaron a las 2 de la madrugada del 26 de enero de 2023, para avisar que habían liberado a la víctima en el puente de la ruta nacional N°9 de ingreso a la localidad santafesina de Theobald, a unos 60 kilómetros de Rosario. Al declarar, el cautivo contó que cuando le anunciaron que iban a liberarlo, sus secuestradores le dijeron que habían perdido las llaves de las esposas que tenía colocadas, razón por la que se las cortaron con una amoladora, lo que provocó una quemadura en uno de sus antebrazos.
En Barrio Parque Avambaé
El segundo y tercero de los secuestros imputados -uno en tentativa porque la captura resultó fallida y el otro consumado-, ocurrieron con cinco días de diferencia, en el mismo sitio y tuvieron como blancos elegidos a la pareja y el hijo de 13 años de otro empresario rosarino, pero del rubro farmacéutico.
El 5 de octubre de 2023, a las 6.43, la mujer y su hijo se dirigieron a la cochera del edificio de Rosario donde residen para subirse a su auto y dirigirse al colegio del adolescente. Los representantes del MPF describieron en el requerimiento que, en ese marco, los imputados “intentaron ingresar al área de cocheras para sustraer, retener y ocultar a las víctimas y exigir un rescate a cambio de su liberación, pero la maniobra se vio frustrada porque el techo del utilitario quedó atascado con el portón del edificio, motivo por el cual tuvieron que retirarse del lugar”.
El 10 de octubre siguiente, un minuto más tarde que en el hecho anterior, una camioneta Renault Trafic blanca logró ingresar a las cocheras del mismo edificio y cuando la mujer y el adolescente bajaron, fueron capturados por tres sujetos con los rostros cubiertos que los obligaron a subir al rodado.
Según la investigación, los captores llegaron con las víctimas a una finca del Barrio Parque Avambaé de San Nicolás, donde las hicieron permanecer durante todo el cautiverio sobre colchones en el piso de una habitación, mientras eran vigiladas por dos hombres.
El empresario recibió una llamada y tres mensajes de WhatsApp en los que le advertían que su pareja y su hijo estaban secuestrados y que, a cambio de su liberación, exigían tres millones de dólares. Luego, le indicaron que pasara a retirar por un restaurante rosarino un bolso con celulares. A las 16.47, la víctima pasiva recibió otro mensaje de WhatsApp que decía: “Te gusta más la plata que tu hijo, no entendiste, te dije que no digas nada y llamaste a la policía”.
Sin que se pagara rescate, la mujer y el adolescente de 13 años fueron liberados ilesos alrededor de las 20 del mismo día, sobre la ruta nacional 188, en una zona rural de la localidad de Campo Salles, partido bonaerense de San Nicolás.
Para la fiscalía, la Trafic blanca empleada en este hecho es la misma que fue utilizada ploteada como ambulancia el 21 de octubre de 2023 en un robo de 530 millones de pesos a una financiera del microcentro porteño, y que apareció incendiada en el partido bonaerense de Lanús. Por esa causa, la Justicia Nacional detuvo al imputado Santabaya padre antes de que se hicieran los allanamientos por los secuestros de Villa Ramallo y Rosario.
Un cuarto secuestro
Por las similitudes con los casos de 2023 y por otros indicios, Di Lello y Marquevich le atribuyen a esta misma organización el secuestro extorsivo de un financista rosarino ocurrido dos años antes, el 20 de julio de 2021. Los fiscales aclaran que por ese episodio “no se ha dictado un auto de procesamiento” y que, por ese motivo, “no ha sido incorporado a la base fáctica por la cual se requiere la elevación a juicio”, pero sí lo describen “para delimitar el espacio temporal de actuación de la asociación ilícita conformada por los imputados”.
Ese día, alrededor de las 10.30, la víctima de 74 años fue secuestrada cuando caminaba bordeando el río Paraná en la ciudad de Rosario, por dos hombres que le exhibieron una supuesta notificación judicial con su nombre y lo subieron a la parte trasera de un auto.
Tras una hora de viaje, lo dejaron cautivo en una casa donde había un tercer secuestrador. Con su celular llamaron el gerente de su empresa bursátil y le dijeron que buscara en una cochera una mochila donde había celulares y una carta donde le exigían 1.500.000 dólares para liberar a la víctima.
Tras las negociaciones, se pactó un pago de 80.000 dólares y 1.200.000 pesos. El pago se hizo en un puente peatonal cercano a un supermercado mayorista de la ciudad de Rosario, por donde pasó un motociclista a buscar una mochila con el dinero. Por la noche, la víctima fue liberada en un camino de tierra y con la ayuda de un automovilista llegó a localidad santafesina de Empalme Villa Constitución.
Una banda sofisticada
“Ha quedado evidenciado que la mayor fuente de ingresos de esta asociación ilícita es la comisión de secuestros extorsivos, los que fueron ejecutados con un grado de sofisticación que supera el estándar medio y de por sí complejo de este tipo de delitos”, señalaron Di Lello y Marquevich en el requerimiento.
Los fiscales remarcaron que “en los hechos de secuestro extorsivo que conforman el objeto procesal de la causa, se advierte un similar y, por momentos, idéntico patrón de actuación”. Al enumerar esas similitudes en “un mismo modus operandi”, remarcaron: las sustracciones de las víctimas ocurrieron en una análoga franja horaria y lugar territorial (por la mañana en días de semana y en las ciudades de Rosario, provincia de Santa Fe, y Ramallo, provincia de Buenos Aires).
Las personas secuestradas (víctimas activas) eran previamente seleccionadas y contaban con un elevado perfil patrimonial. Los autores realizaban tareas de inteligencia previa en torno a las víctimas y sus allegados. Traslados de las víctimas activas hacia inmuebles donde permanecían retenidas y ocultadas hasta el momento de su liberación. Los sitios de cautiverio eran propiedades ubicadas en la ciudad de San Nicolás que alquilaban temporariamente a través de plataformas digitales como “Mercado Libre” o “Airbnb”.
Los roles
Para la Sede Fiscal Descentralizada de San Nicolás y la UFECO, Coto era el jefe y el “artífice de esta comunidad criminal, encargado principalmente de escoger los objetivos, alquilar los inmuebles que oficiarían como lugar de cautiverio, así como también de realizar las comunicaciones de índole extorsivas al entorno familiar de las víctimas.
Según la pesquisa, las propiedades alquiladas para el cautiverio eran negociadas por un hombre que se hacía llamar “Juan Carlos Sacullo”, misma identidad del DNI que se le secuestró a Coto en su billetera. Además, los fiscales creen que era el encargado de hacer los llamados en los secuestros ya que la Sección Acústica Forense de la Policía Federal cotejó un audio que el supuesto “Sacullo” le envió al dueño de una de esas propiedades alquiladas, con algunas de las voces extorsivas y se concluyó que “presentan alta evidencia de similitud”.
En la cúpula de la organización criminal, los fiscales federales también sitúan a Néstor Santabaya, como el “encargado de organizar la logística y la dinámica del grupo, acondicionar los vehículos que serían utilizados para sustraer a las víctimas y luego trasladarlas hasta los inmuebles de cautiverio”.
Según los fiscales, como “brazo ejecutor” Santabaya padre contaba con Acuña, Pugliese y López, encargados de realizar “tareas de inteligencia previas en torno a las víctimas”, y que los dos primeros eran “los responsables de sustraer, retener y ocultar a las víctimas hasta su liberación”.
En cuanto a Nicolás Santabaya, para los fiscales, cuanto menos cumplía con un rol logístico puesto que era quien tenía poder de disposición del galpón situado en la localidad bonaerense de Wilde utilizado para guardar elementos obtenidos a partir de las actividades delictivas y los vehículos que utilizaban para perpetrar los delitos.