Diputados impulsan subcomisión por denuncias en PAMI Tierra del Fuego
NewsITe
Una fuerte controversia política y judicial se instaló en Tierra del Fuego a partir de una serie de denuncias por presuntas irregularidades en las prestaciones médicas financiadas por el PAMI en la provincia. El caso ya llegó al Congreso de la Nación, donde el diputado fueguino Jorge Neri Araujo Hernández presentó un proyecto para crear una Subcomisión Especial Investigadora en la Cámara de Diputados.
La iniciativa, ingresada bajo el expediente Nº 3463-D-2026, cuenta con el respaldo de más de una docena de legisladores de la oposición y pone bajo la lupa la gestión local del organismo, encabezada por Alberto Belmar. El funcionario es tío del diputado libertario oficialista Santiago Pauli, vínculo que reavivó cuestionamientos por presunto nepotismo en la designación.
Según exponen los denunciantes, la crisis prestacional se habría iniciado a comienzos de 2025 y se manifiesta tanto en la calidad del servicio como en el circuito de facturación. Uno de los puntos centrales a investigar es la trazabilidad de prácticas médicas que habrían sido facturadas al PAMI sin haberse concretado efectivamente, lo que implicaría un posible perjuicio económico para el Estado y para los afiliados.
Las sospechas se agravan por el perfil de Belmar, de 60 años, reconocido como referente evangélico en la zona pero sin antecedentes en la gestión de la salud pública. Incluso, se recuerda que en 2020 se dedicaba a la venta de pizzas caseras a través de redes sociales, dato que los críticos utilizan para cuestionar su idoneidad para conducir la obra social de jubilados en una provincia con alta demanda de cobertura sanitaria.
Denuncias, renuncias y posible derivación judicial
En el plano médico, uno de los episodios que terminó de encender las alarmas fue la renuncia del prestador Dr. Camacho en la ciudad de Río Grande. El profesional decidió retirarse del sistema y, al mismo tiempo, formular una presentación ante la Justicia Federal en la que advirtió anomalías en el circuito de atención y en el manejo de las prestaciones.
El proyecto de resolución plantea que la subcomisión tenga amplias facultades para requerir expedientes administrativos, ordenar auditorías contables y convocar a funcionarios y exfuncionarios del PAMI, así como a auditores y prestadores, con el objetivo de determinar eventuales responsabilidades administrativas y operativas.
- Revisión de la auditoría y control de prestaciones médicas en Tierra del Fuego.
- Análisis de la facturación y del destino de los fondos públicos del PAMI.
- Convocatoria a funcionarios, exautoridades y prestadores involucrados.
- Recomendaciones legislativas para fortalecer los mecanismos de control.
“Cuando durante más de un año y medio se acumulan denuncias, expedientes e investigaciones sin respuestas claras, el Congreso tiene la obligación de actuar. Frente a hechos de esta gravedad, el silencio no es una opción”, sostuvo Araujo al defender la creación de la subcomisión.
De avanzar en la Cámara baja, la comisión especial podría convertirse en un ámbito clave para esclarecer el alcance de las presuntas irregularidades y para definir si correspondió o no la designación de las actuales autoridades del PAMI fueguino. Mientras tanto, los jubilados y pensionados de la provincia siguen a la espera de que se garantice la continuidad y calidad de las prestaciones de salud.
