Piden ampliar indagatoria en la causa ANDIS por sobornos

Fiscales buscan profundizar la pesquisa por presunta corrupción en la ANDIS

Sede de la Agencia Nacional de Discapacidad en el centro de la causa judicial

NewsITe

Los fiscales federales Franco Picardi y Sergio Rodríguez solicitaron ampliar las declaraciones indagatorias al exdirector ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Orlando Spagnuolo, y a otros imputados, en el marco de la causa que investiga presuntas maniobras de corrupción en la compra de medicamentos de alto costo.

El requerimiento alcanza también al exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud, Daniel María Garbellini; al lobbista Pablo Atchabahian; al empresario Miguel Ángel Calvete; y al presidente de la firma Génesis S.A., Andrés Horacio Arnaudo, entre otros involucrados en el expediente.

– Publicidad –

De acuerdo con el dictamen fiscal, los investigadores atribuyen a Spagnuolo nuevos pagos de sobornos presuntamente efectuados por Calvete, que se suman a los montos en efectivo detectados en etapas anteriores de la causa. Entre las pruebas recientemente valoradas se encuentran comunicaciones, documentos y registros de operaciones que, según la hipótesis acusatoria, dan cuenta de un entramado de favorecimientos y sobreprecios en perjuicio del Estado nacional.

Los fiscales sostienen que Calvete habría gestionado para Spagnuolo un viaje a Israel entre el 14 y el 25 de noviembre de 2024, incluyendo pasajes aéreos, hospedaje y servicios de asistencia al viajero. Según surge del expediente, una secretaria del empresario incluso se habría encargado de elegir el asiento en el avión y habría señalado que la operación estaba destinada a “pagar favores políticos”.

Esquema de compras bajo sospecha en la Agencia de Discapacidad

La causa se apoya en el análisis de mensajes, audios y diversa documentación, a partir de los cuales la fiscalía afirma que se montó un esquema de direccionamiento de compras y aplicación de sobreprecios en la ANDIS, organismo dependiente del Poder Ejecutivo nacional encargado de articular políticas de discapacidad.

Según la hipótesis acusatoria, intermediarios y empresarios habrían capturado la dinámica de compras de medicamentos de alto costo entre mayo de 2024 y agosto de 2025, a través de acuerdos ilegales con funcionarios del organismo. Ese mecanismo habría permitido beneficiar a determinadas empresas proveedoras, en detrimento de la libre competencia y de los recursos públicos destinados a la atención de personas con discapacidad.

En paralelo al pedido de ampliación de indagatorias, Picardi y Rodríguez reclamaron que se cite a declaración a directivos de la empresa Suizo Argentina, una de las firmas involucradas en la provisión de medicamentos. El objetivo es clarificar cuál fue su rol en las operaciones bajo sospecha y determinar si existió participación activa en la fijación de precios o en eventuales acuerdos colusorios.

La respuesta de las empresas y los próximos pasos judiciales

Desde Suizo Argentina, voceros de la compañía negaron las imputaciones formuladas en su contra y rechazaron la existencia de sobreprecios. La firma cuestionó además la incorporación de determinadas pruebas al expediente y planteó que los mensajes y audios utilizados por la fiscalía conforman una “construcción falaz” que no reflejaría la verdadera dinámica de contratación.

Con el nuevo pedido de la fiscalía, el juez de la causa deberá resolver si hace lugar a la ampliación de las indagatorias y a la citación de nuevos imputados. De confirmarse, los acusados deberán volver a presentarse en los tribunales federales para responder por los nuevos hechos atribuidos y ofrecer sus descargos.

El expediente por presunta corrupción en la ANDIS se inscribe en una serie de investigaciones sobre la gestión de recursos destinados a políticas sociales sensibles, como la provisión de medicamentos de alto costo para personas con discapacidad.

En los próximos meses se espera que avancen medidas de prueba clave, como peritajes sobre el valor real de los medicamentos adquiridos, análisis patrimoniales de los imputados y cruces de información financiera. De su resultado dependerá si la causa se encamina hacia el dictado de procesamientos o si, por el contrario, se descartan parte de las acusaciones.

- Publicidad -
- Publicidad -
- Publicidad -