Investigación sobre la compra del departamento debajo de Cristina Kirchner
NewsITe
La Justicia federal analiza un pedido de allanamiento sobre el departamento ubicado en el primer piso de San José 1111, en la Ciudad de Buenos Aires, propiedad de la sindicalista María Soledad Calle, dirigente cercana a La Cámpora. El inmueble está ubicado justo debajo del departamento de la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, lo que le otorga un fuerte componente político a una causa que, en principio, se centra en presuntas irregularidades en el manejo de fondos de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).
La solicitud fue presentada ante el juez federal Julián Ercolini por la defensa de tres sindicalistas que impulsaron la intervención del gremio metalúrgico. El planteo busca que se investigue si el dinero utilizado para la compra del departamento está vinculado a una posible defraudación en la UOM, a través de un contrato millonario con la empresa Unión de Seccionales Metalúrgicas (USEM), de la que Calle es vicepresidenta.
El escrito, firmado por el abogado Yamil Castro Bianchi —representante de los gremialistas Ángel Derosso y Gerardo Piva, opositores al exsecretario general Abel Furlán— reclama profundizar la pesquisa sobre el origen de los fondos que permitieron la adquisición del inmueble. En la presentación se plantea como hipótesis que parte del dinero presuntamente desviado del sindicato habría sido destinado a incorporar bienes al patrimonio personal de Calle.
El contrato con USEM y el manejo de los aportes de la UOM
La causa judicial tiene como eje un contrato firmado en febrero de 2023 entre la UOM y USEM, mediante el cual esta firma pasó a administrar una porción de los aportes de los trabajadores metalúrgicos. Desde entonces, el 0,5% del total de las contribuciones sindicales quedó en manos de la empresa, lo que habría representado ingresos cercanos a los 100 millones de pesos mensuales.
Lo que generó sospechas entre los denunciantes fue que, al mismo tiempo que la firma tomaba control de esos fondos, Calle figuraba simultáneamente como empleada de la UOM y como autoridad de USEM, además de representar al sindicato ante organismos internacionales. Para los querellantes, esa doble condición abre interrogantes sobre eventuales conflictos de interés y sobre el destino final del dinero.
En respuesta a la denuncia, el juez Ercolini requirió documentación a distintos organismos oficiales y ya cuenta en el expediente con libros contables de USEM y registros bancarios correspondientes a los últimos dos años, con el objetivo de trazar el recorrido de los fondos y determinar si hubo desvíos.
Patrimonio en la mira y defensa de la sindicalista
Otro de los puntos bajo análisis es el crecimiento patrimonial de Calle tras el acuerdo con USEM. De acuerdo con documentación oficial incorporada al expediente, en agosto de 2025 la dirigente adquirió el 50% de un BMW M135 XDrive valuado en unos 70 mil dólares y, además, compró el primer piso del edificio de San José 1111, el inmueble cuya requisa ahora piden los querellantes.
El propio abogado Castro Bianchi aportó la documentación de la operación inmobiliaria. El informe de dominio consigna que la compra del departamento se realizó por 189 mil dólares, cifra que los denunciantes relacionan con los millonarios ingresos generados por el contrato entre la UOM y USEM.
Calle, por su parte, se desligó públicamente de las acusaciones. En declaraciones al diario La Nación, aseguró: “No compré nada. Es una disputa sindical y de poder. No tengo ninguno de los roles que se me asignan, no tengo ningún cargo en la UOM y no soy empleada de USEM. Me eligieron como blanco y me están haciendo pedazos la vida”. Sin embargo, en la causa se habrían acreditado tanto la compra del inmueble como su condición de empleada del gremio y su rol directivo en USEM.
La investigación apunta a determinar si fondos provenientes de la UOM fueron utilizados para adquirir bienes personales y si existió una maniobra de administración fraudulenta en perjuicio de los afiliados metalúrgicos.
En esta etapa, será clave la decisión del juez sobre el pedido de allanamiento al departamento vecino al de Cristina Kirchner y el análisis de la documentación contable y bancaria ya incorporada. A partir de esos elementos, la Justicia definirá si avanza con nuevas medidas y eventuales imputaciones en una causa que combina denuncias por corrupción sindical, disputas de poder internas y un inevitable impacto político.
