CIPCE pidió a la UIF analizar el patrimonio del jefe de Gabinete
NewsITe
El Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) presentó un pedido formal ante la Unidad de Información Financiera (UIF) para que se abra un expediente de inteligencia financiera sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa, Bettina Angeletti. La solicitud se formuló tras la publicación de la declaración jurada patrimonial de 2025 del funcionario del gobierno de Javier Milei.
Según pudo saber la agencia Noticias Argentinas, el escrito fue dirigido al titular de la UIF, Matías Gabriel Álvarez, e incluye el requerimiento de que se apliquen “todas las medidas previstas en las facultades legales y reglamentarias” a fin de monitorear de manera intensiva la evolución patrimonial del matrimonio, considerado Persona Políticamente Expuesta (PEP).
El CIPCE plantea que existen fondos y bienes cuyo origen no estaría debidamente acreditado y que, de confirmarse irregularidades, podrían derivar en una denuncia penal por presunto lavado de activos. El pedido apunta a determinar la trazabilidad del dinero, la consistencia económica del patrimonio declarado y la correspondencia entre ingresos y adquisiciones realizadas en los últimos años.
Operaciones inmobiliarias y uso de efectivo en la mira
Entre los elementos que motivan la presentación, el organismo destaca la compra de una casa en un barrio privado en noviembre de 2024 y la adquisición de un departamento en la Ciudad de Buenos Aires en noviembre de 2025, cuando Adorni ya ocupaba un cargo público. A ello se suman, según el CIPCE, importantes tenencias de dinero en efectivo, viajes en aviones privados junto a contratistas del Estado y operaciones crediticias realizadas fuera del sistema bancario con personas cuya capacidad económica sería dudosa.
El centro de estudios también hizo referencia a declaraciones del propio Adorni en el canal LN+, donde admitió haber omitido “por error” en sus declaraciones juradas de 2023 y 2024 que parte de los ahorros familiares estaban “en negro”. “Ahorramos en negro como todos los argentinos”, afirmó entonces, al referirse a un monto de unos 500.000 dólares.
Exigencias de transparencia y estándares internacionales
Para la organización especializada en delitos económicos, ese reconocimiento abre interrogantes sobre el cumplimiento de los estándares de transparencia exigibles a los funcionarios públicos y sobre el origen de los fondos involucrados. En su presentación, el CIPCE recordó que las Personas Políticamente Expuestas están alcanzadas por deberes reforzados de debida diligencia, precisamente por su mayor exposición a riesgos de corrupción.
- El CIPCE sostuvo que la adhesión al régimen simplificado de Ganancias previsto en la denominada ley de “Inocencia Fiscal” no limita ni suspende las obligaciones de prevención de lavado de activos.
- Además, remarcó que la UIF mantiene plenas facultades para analizar operaciones patrimoniales inconsistentes, aun cuando los contribuyentes se hayan acogido a un blanqueo o regularización fiscal.
El organismo incorporó al pedido testimonios brindados en la Justicia federal que indicarían que al menos una de las operaciones inmobiliarias no habría sido escriturada por su valor real. De confirmarse ese punto, tales maniobras podrían encuadrarse en figuras asociadas al lavado de activos, como la simulación de contratos o subdeclaración de precios.
Seguimiento del GAFI y rol de la UIF
En su nota, firmada por el director ejecutivo del CIPCE, Pedro Biscay, la entidad enmarcó el caso en el contexto internacional y recordó que la Argentina se encuentra bajo seguimiento reforzado del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Ese organismo exige avances concretos en la prevención, detección e investigación del lavado de dinero, especialmente cuando se vincula a hechos de corrupción y a altos funcionarios.
El CIPCE consideró que una actuación “diligente y oportuna” de la UIF en casos que involucran a funcionarios de alto rango constituye una señal clave de cumplimiento de los estándares internacionales en materia antilavado.
Por ello, reclamó que se realicen controles integrales de consistencia patrimonial sobre Adorni y su entorno, con cruces de información con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el sistema financiero y otros organismos del Estado. El pedido se suma al clima de fuerte escrutinio público sobre el patrimonio y la transparencia de los funcionarios nacionales, en un contexto de reformas económicas y demandas crecientes de rendición de cuentas.
